la última palabra la tiene la audiencia provincial
Los 'espías' se quedan solos: PP, Fiscalía y comunidad no quieren más pruebas
Todas las acusaciones, salvo el PSOE, rechazan las nuevas diligencias solicitadas por tres de los imputados en el caso de espionaje. Los tres comparecen este viernes en la Asamblea
Antonio Coronado Martínez, José Oreja Sánchez (guardias civiles en excedencia) y José Manuel Pinto Serrano (extrabajador de la Consejería de Interior) se han quedado solos. Ni la Fiscalía, ni el PP, ni la Comunidad de Madrid (controlada por el PP) apoyan las pruebas que han solicitado los tres para intentar dar un giro a la instrucción del ya conocido como 'caso de los espías', los presuntos seguimientos que en 2008 varios funcionarios y asesores adscritos a Interior hicieron a Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) y Alfredo Prada (era consejero de Justicia e Interior). La Audiencia Provincial de Madrid también ha rechazado la recusación de la jueza que lleva el caso, solicitada por Coronado, Oreja y Pinto. Los tres comparecen este viernes en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid a petición propia para "ayudar a esclarecer la verdad", ya que se sienten "el eslabón más débil de la cadena".
Los tres están imputados por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid, que lleva ya siete años investigando el caso. Los seguimientos a Prada y Cobo, que no apoyaron el asalto de Esperanza Aguirre a la dirección del PP, han dejado de momento seis imputados. Aparte de Coronado, Oreja y Pinto, también lo están José Luis Caro Vinagre (otro guardia civil, amigo personal de Francisco Granados) y los dos jefes de todos ellos: Sergio Gamón Serrano (exdirector general de Seguridad que antes fue escolta de Aguirre) y Miguel Castaño Grande, policía nacional y exsubdirector de Seguridad.
Los tres imputados piden que se impute también a Francisco Granados e Ignacio González y sumar a la causa varias grabaciones comprometedoras
Está previsto que la Audiencia Provincial decida esta semana si admite o no el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los tres imputados, que ya vieron como la titular del juzgado número 5, Carmen Valcarce, les rechazaba 17 nuevas pruebas. La Fiscalía se opone a que se realicen, "al no haberse acreditado la necesidad, pertinencia y relevancia de dichas diligencias". A la negativa se han sumado tres de acusaciones personadas en el caso: el PP, la Comunidad de Madrid (controlada por el PP) e incluso el letrado del ayuntamiento de la capital (gobernado por Ahora Madrid). Solo el PSOE (también personado) apoya la realización de algunas de las pruebas.
La Audiencia Provincial ya obligó a reabrir el caso tres veces, después de que la magistrada Carmen Valcarce lo archivara otras tantas. La instrucción está terminada, a la espera de que se estimen o no estas nuevas diligencias. Si se rechazan, y como ya se ha dictado auto de transformación "ante el tribunal de jurado", las acusaciones tendrán que hacer sus respectivas calificaciones. El espionaje político no está tipificado por el Código Penal, por lo que a los seis imputados les acusan de malversación de caudales públicos al entender que se utilizó presupuesto público (sus sueldos, la gasolina de sus vehículos y los teléfonos móviles) en actividades ilícitas.
Orden de investigar a Cifuentes
Al principio, Coronado y Oreja (acusados de participar en los seguimientos), y Pinto (acusado de escribir los partes de seguimiento) negaron los hechos por miedo a represalias, pero al ver que la instrucción avanzaba lentamente, que se les denegaban pruebas, y que la responsabilidad de lo sucedido se iba a quedar solo en ellos, cambiaron su declaración. Aseguran que en los siete años que dura ya el caso, les han hecho seguimientos, les han robado y les han extorsionado -"hemos sufrido un largo elenco de injusticias simplemente por defender nuestra inocencia", dicen-.
Ya han testificado en sede judicial que denunciaron los seguimientos a Francisco Granados (consejero del que dependían orgánicamente), que se negaron a hacerlos por considerarlos ilegales, que solo fueron a donde les mandaron y que su superior, Sergio Gamón, les indicó que todo era orden de Ignacio González, la mano derecha de Esperanza Aguirre esos años. En enero de 2013 aseguraron ante la jueza que recibieron órdenes de manera verbal, que no cumplieron, de ampliar la nómina de personas investigadas. En la lista estaban Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Cifuentes y los entonces alcaldes de Getafe y Fuenlabrada (los socialistas Pedro Castro y Manuel Robles).
Entre las pruebas solicitadas, están la imputación de González por ordenar los seguimientos y de Granados por conocerlos y no hacer nada por denunciarlos (delito de omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución). También han pedido la declaración de varios testigos y que se aporten a la causa varias grabaciones que consideran "claves" para entender el caso. La primera la publicó el diario 'El Mundo' en febrero de 2015. En ella se puede oír a Granados aconsejando a los tres imputados qué es lo que tenían que decir ante el juez. La segunda también la publicó 'El Mundo' en el mismo mes. En ella se oye a un alto cargo de la Comunidad de Madrid ofreciendo al abogado de uno de imputados (en nónima del Gobierno regional) doblarle el sueldo a su cliente a cambio de su silencio.