Es una de las huelgas más largas de un servicio público en la historia de la autonomía de Galicia. Cinco semanas ha cumplido ya el paro indefinido de los trabajadores de la Justicia, un período en el que se han suspendido miles de juicios y decenas de miles de trámites administrativos, desde notificaciones de sentencias hasta bodas o partidas de nacimiento. Con los juzgados y los registros civiles prácticamente paralizados, los representantes sindicales y la Xunta no se ven las caras desde el pasado 9 de marzo, y llegan a la reunión de este día 19 con las posturas alejadas en lo económico, con una oferta de incremento salarial de 105 euros mensuales frente a la petición de los trabajadores de 190.
El próximo miércoles se cumplirán seis semanas de una huelga que arrancó el 7 de febrero y que inicialmente apenas tuvo repercusión, ni en el servicio ni mediática, pero que comienza a hacerse insoportable para los afectados, especialmente entre los ciudadanos a la espera de algún trámite administrativo y en el colectivo de abogados. En ese tiempo se han suspendido más de 15.000 juicios, algunos con fecha ya para 2021, y se han dejado de realizar más de 40.000 trámites, como partidas de nacimiento, certificados de defunción, peticiones de pensiones de viudedad y orfandad, fes de vida y declaraciones de acusados o testigos. Son cifras de los sindicatos, que estiman el seguimiento de la huelga en alrededor del 80% del personal, en tanto que la Xunta lo reduce al 36% y estima en la mitad el número de juicios suspendidos.
La huelga está provocando efectos tan llamativos como la existencia de unos 2.000 fallecidos que siguen vivos oficialmente para la Administración, ya que no se han podido expedir sus certificados de defunción. Ello implica que no se pueda dar de baja su pensión de jubilación, tramitar la de viudedad o formalizar la herencia. En el caso de los nacimientos, las familias tienen desde 2014 la posibilidad de tramitar las inscripciones en los hospitales durante las primeras 72 horas del bebé, pero los que no lo han hecho se encuentra con que no pueden cobrar las prestaciones por maternidad ni asignar pediatras a los recién nacidos, entre otras gestiones.
Los trabajadores en huelga han perdido entre 700 y 800 euros tan solo durante el mes de febrero
La situación ha provocado la intervención del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, que apremió a Xunta y sindicatos a sellar un acuerdo. Cadenas advirtió que son muchos los juicios aplazados y que la situación en los juzgados gallegos es de "casi paralización de la actividad jurisdiccional", que se suma a la "saturación" preexistente. El presidente del TSXG llamó al entendimiento casi con desesperación. "Que negocien, que se sienten a negociar, a pactar", exigió.
Solo el enorme desgaste económico de un paro tan prolongado puede ablandar las posturas de los trabajadores en huelga, que perdieron entre 700 y 800 euros solo en febrero, y que hasta ahora se han sentido ofendidos por las ofertas que les llegan desde la Consellería de Xustiza. Su titular, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta y considerado por muchos sucesor natural de Alberto Núñez Feijóo, llamó este viernes a su responsabilidad para que acepten la última propuesta. "Supone un esfuerzo muy importante para las arcas públicas y le pedimos a la representación sindical que sea consciente de ese esfuerzo", afirmó.
Ecos de la huelga contra Bermejo
La huelga recuerda a la que en abril y mayo de 2008, siendo ministro Mariano Fernández Bermejo, mantuvieron las siete comunidades que entonces no tenían transferidas las competencias en Justicia, que afectó a 9.500 trabajadores de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, además de Ceuta y Melilla y los órganos centrales con sede en Madrid, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Como en aquella ocasión, las principales diferencias son de tipo retributivo, lo que ha provocado una intervención de Feijóo muy crítica con la postura de los trabajadores. "Hay miles de familias que están pidiendo la actualización de su pensión al IPC y hay un conjunto de sindicatos a los que les parece que un incremento del 13% de sus retribuciones es insuficiente", censuró.
Lejos de apaciguar la reunión de este lunes, las afirmaciones de Feijóo han encendido los ánimos entre los huelguistas. En realidad, las reclamaciones de los empleados de la Justicia incluyen distintos tipos de cuestiones, como la "discriminación" en las bajas por incapacidad temporal, el pago de la cobertura de puestos de responsabilidad superior, la consolidación del empleo y las amortizaciones de plazas. El de las incapacidades ha quedado resuelto tras la negociación en Madrid que elimina los descuentos en este tipo de bajas para todos los empleados públicos. En los apartados restantes, el Gobierno gallego sostiene que hay acuerdo y los sindicatos defienden que quedan flecos pendientes.
Entre los trabajadores hay división entre los partidarios de negociar y los que no aceptan ninguna subida inferior a 190 euros mensuales
En la cuestión económica, entre los trabajadores hay división entre los partidarios de negociar y los que no aceptan ninguna subida inferior a 190 euros mensuales. La Xunta ha ido mejorando su propuesta hasta en seis ocasiones, hasta llegar a los 105 euros que actualmente ofrece, y con la que se rompieron las negociaciones del 9 de marzo. Con esa cantidad, entiende Xustiza que cumple con el mandato parlamentario y los funcionarios de la Justicia de Galicia quedarían por encima de la media en la tabla salarial de comunidades, tanto si se contabilizan las 17 autonomías, como defiende el Gobierno gallego, o si se hace con las 12 con competencias trasferidas más el territorio ministerial.
Incluso en el caso de que este lunes la Xunta y los sindicatos alcancen un acuerdo, los efectos de la huelga se dejarán sentir durante meses. Tanto tiempo como el que necesiten los registros civiles para ponerse al día. En los juzgados, abogados y procuradores han seguido presentando sus escritos a través del sistema telemático Lexnet, pero cuando se reanude la actividad, serán miles los asuntos acumulados que tendrán que ser resueltos y las sentencias dictadas en este tiempo que se notifiquen. Una auténtica pesadilla para los abogados, que tendrán que multiplicarse para presentar sus escritos en plazo.