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UN CASO QUE COMENZÓ CON LA DESAPARICIÓN DE SEIS ARMAS

Conmoción en la comisaría de Ourense: robo de armas, drogas y un falso suicidio

Ourense no es el tipo de ciudad en el que pasan estas cosas, pero estas cosas nunca pasan donde se espera que ocurran. Nadie podía imaginar lo que bullía en el interior de la comisaría de As Lagoas; era difícil suponerle mayor relevancia a casos supuestamente menores de los que de vez en cuando llegaban noticia, como los relacionados con la desaparición de unas pistolas. Ni siquiera el aparente suicidio el 9 de abril de 2016 del policía Celso Blanco, una cara conocida porque era el encargado de facilitar información a los medios de comunicación, alteró demasiado el sosiego. Los que la frecuentan, en cambio, sabían que en esa sede policial hacía tiempo que nada encajaba en la normalidad. La reciente detención de dos policías como presuntos responsables de la muerte de Blanco ha venido a confirmar sus sospechas.

Ahora, la teoría es que Blanco no se suicidó, sino que lo mataron. Y que lo habrían hecho por una razón clásica de la novela negra: porque sabía demasiado. Sus presuntos asesinos son dos gemelos de 44 años, en los que ahora también recaen las sospechas del enrarecido ambiente que en realidad presidía la comisaría, con su trama, su robo de armas, irregularidades relacionadas con la lucha contra la droga y, ahora, también con el asesinato. Eso es lo que sostiene como posible la juez de Instrucción número 3 de Ourense, Eva Armesto, a la que nunca acabó de convencer el exceso de pruebas que apuntaban al suicidio, un tanto artificial. Tiró del hilo y, tras casi dos años de investigaciones, el 19 de enero ordenó la detención de los gemelos.

Los detenidos son R. D. L. y B. D. L., dos inspectores de la Policía Nacional que trabajaron en la comisaría de Ourense durante casi 20 años, a quienes la juez y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial implican en el robo de armas, en la elaboración de anónimos que apuntaron con falsedades a una mafia policial y en la muerte de Celso Blanco. La juez los investiga por los presuntos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias.

R. D. L. fue del jefe del grupo de estupefacientes de la comisaría de Ourense antes de encontrar destino hace unos meses en la academia de Policía de Zamora, donde ejercía como instructor de tiro. Su hermano, jubilado hace un año por problemas psicológicos por los que se le concedió la incapacidad permanente, era el jefe del supuesto suicida en la oficina de prensa. Su detención viene a dejar en segundo plano, o más bien a superponerse, a la operación Zamburiña. De eso iban hasta ahora los problemas en la comisaría orensana: de la desaparición de armas y de una serie de anónimos sin pruebas que inculpaban a otros agentes en el supuesto pago con armas a confidentes. Sobre estos últimos recaían las sospechas, al menos oficialmente, mientras tenían manos libres quienes, según la juez, eran los auténticos responsables de las irregularidades.

El origen de la operación Zamburiña se sitúa noviembre de 2015, después de una investigación realizada durante un año largo por Asuntos Internos a raíz de un anónimo que alertaba de la desaparición de seis armas de un búnker de la comisaría y de toda una trama de corrupción. La operación, instruida por el juzgado de Instrucción 1 y muy criticada desde la propia policía orensana, acabaría implicando a 15 investigados por tráfico de estupefacientes y supuso la imputación de cuatro agentes del grupo de drogas con excelente reputación en la lucha antidroga en la ciudad. Uno de ellos era A. F. R., al frente del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana, antes de pasar a la unidad antidroga. Fuentes policiales sitúan ahí el inicio de los celos profesionales que motivaron una venganza interna y que acabarían poniendo la comisaría patas arriba.

Fuentes próximas al caso incluso sitúan a Celso Blanco, inicialmente, en el entorno de los gemelos, con los que entonces mantenía buena relación. Pero la situación se fue desmadrando, y así fue como llegó el supuesto suicidio del responsable de prensa de la comisaría, un hombre alegre y de buen trato personal cuya muerte permitía dar por cerrado el caso del robo de las seis pistolas. En una serie de correos electrónicos a sus compañeros poco antes de su muerte, escritos en un tono que invitaba a pensar en una despedida, Blanco se atribuía la responsabilidad del robo y de los mensajes anónimos, enviados a Asuntos Internos y a cuatro medios de comunicación.

Cuando sus compañeros lo encontraron en medio de un charco de sangre en su despacho, en la quinta planta de As Lagoas, Blanco empuñaba en su mano izquierda una pistola de nueve milímetros. En la oficina había además un revólver y otra pistola, que los agentes que acuden a socorrerle encuentran sobre la mesa y en un cajón de su escritorio. Todas esas armas formaban parte, en efecto, de las que habían desaparecido del armería de la comisaría. Las pruebas contra el fallecido y la tesis del suicidio parecían por lo tanto algo más que sospechas.

El destino multiplicó las sospechas

Quiso el azar que este nuevo caso cayera en un juzgado distinto del de la Zamburiña, el de Instrucción número 3, y como a su titular no le encajaba aquel afán inculpatorio del fallecido ni el exceso de pruebas, comenzaron sus sospechas. Así que Eva Armesto se puso a investigar, y al poco de hacerlo, un mensaje anónimo en la bandeja de entrada de su correo electrónico la puso sobre una pista diferencia. El correo, enviado por una fuente secreta de la propia comisaría, advertía que Blanco había sido presionado por un superior para enviar los mensajes de disculpa y ponía en duda la tesis del suicidio.

Resultó que el casquillo de la bala que acabó con la vida de Blanco no apareció, que la trayectoria del disparo no era la que se supone en un caso de suicidio y que la pistola que le causó la muerte tenía alguna huella que no era la suya. Los informes de balística y las pesquisas realizadas por la jueza a raíz del misterioso email acabaron por demostrar que uno de los anónimos de los que se autoinculpó el malogrado policía había sido remitido por uno de los gemelos, fueron confirmando las sospechas de la juez.

El 19 de enero pasado, la titular del número 3 ordenaba la detención de los dos hermanos, actualmente en libertad bajo una fianza de 60.000 euros cada uno, con la obligación de comparecer ante el juzgado de Instrucción más próximo a su domicilio todos los días, entregar sus pasaportes y la prohibición de abandonar el territorio nacional. La policía registró su casa en Toén (Ourense) y, entre otros vehículos, un Volvo de su propiedad en el que se encontraron restos de sangre en el maletero y en un mono de trabajo. Según uno de los gemelos, se trata de sangre de un cerdo sacrificado por la familia. La juez ha encargado que se verifique, y que a los hermanos se les someta a una prueba de ADN para cotejar sus datos con la sangre que apareció en la mano de Celso Blanco.

Los gemelos y su defensa están ahora a la espera de lo que determinen esos informes. Pero para buena parte de sus excompañeros, aquellos que sabían que la apariencia de normalidad de la comisaría era irreal, el caso está resuelto.

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