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el juez ha hallado indicios pero no lo especifica

El Chicle gana tiempo con la esperanza de que la autopsia no revele abuso sexual

El presunto asesino de Diana Quer, que se niega nuevamente a declarar ante el juez, trata de eludir la prisión permanente revisable

José Enrique Abuín Gey, alias 'el Chicle', trasladado por agentes de la Guardia Civil antes de comparecer ante el juez este 1 de enero. (EFE)

Si, como supone la Guardia Civil, el Chicle no solo asesinó a Diana Quer sino que también abusó sexualmente de ella, únicamente la autopsia que se le realiza a la malograda joven madrileña lo podrá demostrar. El juez ha hallado indicios de delito sexual que no especifica, pero será el trabajo que realiza el forense Fernando Serrulla, del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), el que tenga la última palabra. Y mientras Serrulla termina su trabajo, Enrique Abuín Gey, 'el Chicle', trata de ganar tiempo. Este jueves volvió a negarse a declarar ante el juez que instruye su caso, en el Juzgado número 1 de Ribeira. Los investigadores están convencidos de que su estrategia pasa por apurar los plazos para evitar la condena por un delito contra la libertad sexual, que en el caso de que la autopsia no lo revele, difícilmente podría serle atribuido de no mediar una confesión.

La demostración de un delito sexual es fundamental para el Chicle, ya que de ella puede depender que se le aplique la prisión permanente revisable, siempre que no sea derogada en la presente legislatura. La pena por la muerte intencionada de Diana Quer puede oscilar entre los 10 y los 25 años. Según los especialistas en derecho penal, para que se le aplicase la polémica permanente revisable tiene que probarse que hubo agresión sexual previa y que la muerte de Diana responde a un delito de asesinato. El abogado defensor del Chicle, José Ramón Sierra, ha asegurado que declarará ante el juez en cuanto los forenses emitan su informe.

El juez ratificó este jueves la medida de prisión provisional incomunicada y sin fianza para el Chicle dictada el lunes por el Juzgado número 3, en funciones de guardia, con la imputación de los presuntos delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual. El mismo juez, pero al frente ocasionalmente de otro juzgado, el del 2, confirmó igualmente la misma medida de prisión incomunicada por lo ocurrido el 25 de diciembre en Boiro, cuando un hombre, presuntamente el propio Chicle, intentó el secuestro de otra joven, una acción frustrada que desencadenó la detención del principal sospechoso de la muerte de Diana. En esta causa, que se tramita aparte, se le investiga por los presuntos delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones y contra la libertad sexual. Tampoco sobre este caso se prestó Abuín a declarar. El juez acordó que la incomunicación finalice este viernes.

El juez que estaba de guardia cuando el principal detenido confesó el lugar donde se encontraba el cuerpo de Diana no le atribuyó inicialmente un delito contra la libertad sexual, y le investigó únicamente por los presuntos ilícitos de detención ilegal y homicidio doloso. Lo hizo “sin perjuicio de que el avance de la investigación pueda permitir otras calificaciones más graves”, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y en efecto, la situación procesal cambió cuando el caso se trasladó al Juzgado número 1, el mismo que llevó toda la investigación desde la desaparición de la joven hasta el pasado abril, cuando se sobreseyeron provisionalmente las actuaciones por falta de pruebas. En un auto del pasado martes, el juez Félix Isaac Alonso determinó la existencia de indicios de la comisión de homicidio o asesinato y contra la libertad sexual.

El Chicle llegó a las dependencias judiciales en un furgón de la Guardia Civil a las 10:37 de este jueves. Lo hizo en chándal, con zapatillas de deporte y cubriéndose el rostro con una capucha, y en medio de los gritos de “asesino” de varias decenas de vecinos que esperaban su llegada. Su defensa insiste en que la muerte de Diana ocurrió accidentalmente mediante un atropello involuntario. Es una versión difícilmente sostenible que, con toda probabilidad, la autopsia demostrará falsa. Pero mientras esta no esté disponible, y especialmente mientras no se revele que hubo agresión sexual, el acusado no está dispuesto a apearse de ella.

Sí se prestó a declarar ante el juez la mujer del Chicle, Rosario R. F., que permaneció en dependencias judiciales más de dos horas, y que las abandonó sin que se modificase su situación procesal: en libertad, pero investigada, al sostener el auto judicial que no se puede descartar que participara en los hechos presuntamente delictivos. La esposa de Abuín, que también fue increpada por los vecinos a las puertas del juzgado, respondió ante el juez a todas las preguntas planteadas, según informó a los medios el abogado Ricardo Pérez Lama, quien lleva la acusación particular que ejercen de forma conjunta los padres de la fallecida. El abogado de oficio que defiende a Rosario, Manuel Meiriño, confirmó que la actitud de la mujer ha sido “colaborativa” y que pidió disculpas en su nombre a la familia de Diana.

La decisión del juez de incluir a Rosario como investigada contrasta con las conclusiones a las que llegó inicialmente la Guardia Civil, que en la rueda de prensa del pasado martes en que se ofrecieron detalles sobre el caso se mostró convencida de que había sido engañada por su marido. Los agentes expusieron su teoría de que el Chicle enredó a Rosario, su hermana y el marido de esta para que le facilitasen la coartada de que pasó la noche de la desaparición de Diana con su mujer. Lo hicieron, señalaron, no porque supieran que era culpable, sino para evitar que lo pareciera, dados los antecedentes penales del detenido. Previamente, cuando el Chicle era ya el principal sospechoso pero aún no había sido detenido, lo agentes consideraban a Rosario posible coautora o encubridora, pero el caso de Boiro, en el que actuó solo, les hizo descartar esa posibilidad.

Esa teoría de la inocencia de Rosario no convence al juez, que en el auto de reapertura del caso señala que no se puede descartar su colaboración en los hechos delictivos que se le imputan a Enrique Abuín. El juez ordenó así la toma de declaración en condición de investigada de Rosario y la incorporación a la causa de sus antecedentes penales, en un auto en el que también acordó que declarasen ante él en calidad de testigos los cuñados del Chicle, una comparecencia que de momento no se ha producido.

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