Los papeles del delator de Zaplana señalan a cotizadas del Ibex que pagaron mordidas

Los documentos que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción obtuvieron de Marcos Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero', sobre la trama de cobro de comisiones y blanqueo de capitales que se atribuye al exministro Eduardo Zaplana, contenían un esquema detallado del sistema para la adjudicación de contratos, la obtención de fondos y su salida al extranjero. Pero también incorporaba datos sobre las empresas que supuestamente participaban en los pagos de comisiones y mordidas a cambio de la obtención de las concesiones.

Benavent, que acudió el martes al juzgado para ratificar su intervención en esta causa, explicó a los investigadores que recibió los papeles de un imán de la mezquita de Valencia de origen sirio que los había encontrado como consecuencia de unas obras de reforma en el falso techo de una vivienda en la que residía en la ciudad y que había sido propiedad de Zaplana. La recepción del teórico esquema corrupto se produjo en el año 2015 y está en el origen de la investigación que desembocó en la operación Erial, practicada por agentes de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción con autorización del Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia. Según señalan fuentes de la investigación, esos documentos no solamente eran una guía detallada de la ruta del dinero, sino también identificaban contratistas que decidieron entrar al trapo y pagar las mordidas correspondientes. En esa lista, según las mismas fuentes, figuraría la familia Cotino a través de Sedesa, la compañía con la que participaron en el macroconcurso del Plan Eólico Valenciano convocado por la Generalitat de Zaplana entre 2001 y 2002. Pero, del mismo modo, algunos adjudicatarios que lograron parte del negocio de los parques eólicos o las concesiones del servicio de ITV entre los que figurarían importantes empresas, algunas de ellas cotizadas del Ibex.

Por el momento, las pesquisas judiciales no han ido más alla del entorno de Zaplana y los Cotino. Los investigadores, que han estado dos días registrando domicilios y oficinas de Zaplana y el resto de detenidos antes de ponerlos a disposición judicial, tratan de reunir pruebas para acreditar que el exministro de Trabajo con José María Aznar montó un sistema de recaudación de comisiones a cambio de favorecer contratos públicos en la Comunidad Valenciana, que desvió fondos al extranjero a través de Uruguay, Luxemburgo o Panamá y que ha tratado de repatriarlos de forma irregular en los útimos años, con un posible delito de blanqueo, con plazos de prescripción altos, lo que permitiría mantener viva la causa e indagar también otros delitos de cohecho, prevaricación o malversación. El expresidente autonómico del PP se habría servido de una red societaria de otros dos detenidos, el matrimonio amigo Joaquín Barceló y Felisa López, para reintroducir los fondos procedentes de paraísos fiscales en negocios inmobiliarios, tal como relató El Confidencial.

Los documentos reflejarían el esquema de adjudicaciones, cobro de comisiones y ruta del dinero en sociedades, pero también quién pagó

Los dos macroconcursos que están bajo la lupa de la UCO y la Fiscalía (se llevaron todos los expedientes de la Consellleria de Economía el pasado martes) atrajeron a un buen puñado de compañías. Ante la demanda existente, la Administración de Zaplana propició la creación de consorcios para pujar por los distintos lotes, en los que empresarios locales y grandes eléctricas o empresas de servicios combinaron participaciones accionariales.

El primer Plan Eólico Valenciano se saldó con la adjudicación de 15 zonas en las que poder construir parques de molinos de viento. Cinco grupos se repartieron el negocio. Proyectos Eólicos Valencianos, donde participaban Endesa, Bancaja y Sedesa (Cotino), se quedó derechos sobre tres áreas de la Comunidad Valenciana. No era un mal negocio, pues los Cotino vendieron seis años después su participación a la eléctrica hoy presidida por Borja Prado con una plusvalía de 39 millones.

Otro de lo grandes ganadores en el proceso de adjudicaciones fue Acciona. La compañía participó en dos de los consorcios. Uno de ellos fue Renomar, donde compartía accionariado al 50% con Med Win Energy, sociedad participada por el Banco de Valencia, Fernando Roig (Pamesa) y Francisco Fenollar, dueño de Fellar, una empresa industrial dedicada al mantenimiento de molinos eólicos. Una persona que pasó a ocupar un puesto de relevancia en Renomar tras la adjudicación de cinco áreas fue José Manuel Uncio, que había sido director del Instituto Valenciano de Finanzas con Eduardo Zaplana.

Acciona también metió cabeza en Guadalaviar Consorcio Eléctrico (cinco lotes), un grupo liderado por la también cotizada Elecnor que obtuvo algo más de 600 megavatios (MW) y donde también tuvo una participación inicial la antigua Caja Mediterráneo (CAM). Elecnor, a través de su filial Elecdey, también tuvo doble recompensa como integrante del consorcio Eólica de Levante, donde compartía accionariado con Colortex, grupo textil de Ontinyent en pleno proceso de diversificación de negocios en aquellos años. Los dueños de Colortex también se quedaron la concesión de suelo de la Generalitat para poner en marcha Terra Natura, el parque de naturaleza y animales ubicado junto a Terra Mítica, el parque temático promovido por Zaplana en Benidorm.

El último de los adjudicatarios, con un solo lote, fue Nuevas Energías Valencianas, el único concesionario con socios extranjeros (las alemanas Nevag y Umweltkontor Renovable Energy).

Iberdrola llegó de la mano de Camps

Por su parte, Iberdrola, que un principio formaba parte del consorcio de Renomar, no obtuvo derechos para construir y explotar parques eólicos hasta 2009, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, licitó una ampliación del Plan Eólico. La cotizada de Ignacio Sánchez Galán se llevó el grueso de los nuevos lotes, casi 300 MW que nunca llegó a desarrollar por el hachazo a las primas eólicas que impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras la llegada de la crisis.

El concurso de las ITV también atrajo el interés de diversas empresas. La familia Cotino logró meter la cabeza en uno de los lotes adjudicados en 1997 para un periodo de 25 años. Lo hizo a través de Levantina de Obras y Servicios y pagó cerca de seis millones de euros por el canon de explotación. Empresas como Aguas de Valencia, Gesfesa (ligada al expresidente de la patronal valenciana Federico Ferrando), Atisae o Pavasal también se vieron beneficiadas por las concesiones de ITV. Muchas de ellas optaron con el tiempo por vender sus derechos a terceros y obtuvieron jugosas plusvalías.