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adjudicación de obras del circuito

Abren otra causa contra Camps por las obras de construcción del circuito de Fórmula 1

El Juzgado número 17 de Valencia ha abierto una causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del circuito de Fórmula 1 de Valencia por parte de la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat valenciana. A instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos y la Fiscalía Anticorrupción, la jueza titular ha citado este miércoles al expresidente autonómico Francisco Camps para que declare como investigado.

El procedimiento abierto tiene que ver con las pesquisas iniciadas por los fiscales y la Guardia Civil en la primavera del año pasado, cuando registraron la sede del departamento de obras públicas de la Generalitat y se incautaron de documentación relacionada con los contratos de construcción del trazado del Gran Premio, especialmente asistencias técnicas y apoyo a la dirección de obras. Entre las empresas que obtuvieron adjudicaciones por redacción del proyecto del circuito figuran las ingenierías Typsa y Ayesa, que ganaron en UTE una licitación importe de 2,5 millones de euros, en el año 2007. El circuito tuvo un coste de casi 90 millones de euros, más de 15 millones por encima de los presupuestos iniciales.

La investigación, que ha sido declarada secreta, también alcanza a viajes del entonces conseller de Infraestructuras, Mario Flores, a Dubai y Bahrein. Estuvo acompañado del número dos del departamento Victoriano Sánchez Barcaiztegui. En aquel registro, Delitos Económicos se llevó "toda la documentación e información relativa a los expedientes adjudicados por el anterior Gobierno autonómico del PP en el año 2007 por el entonces Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos (GTP) de la Generalitat para la contratación de la asistencia técnica y del apoyo a la dirección de obra". Hace dos días, los agentes se personaron también en la casa de Flores para entregarle la notificación de su citación como investigado, aunque no llegaron arrestarlo.

Serra, exvicesecretario del PP valenciano, en el juicio sobre la financiación ilegal. Ricardo Costa, detrás.

Camps tiene que personarse este miércoles en la Ciudad de la Justicia, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado El Confidencial en fuentes judiciales. Será la segunda causa en la que el exjefe del Consell sale salpicado por asuntos relacionados con la la puesta en marcha de la Fórmula 1 de Valencia. También está imputado en la pieza que investiga cómo se configuró la estructura societaria y creación de Valmor, la sociedad que en teoría gestionaba el Gran Premio pero que en realidad recibía asistencia financiera a través del presupuesto público.

"Jamás me dijo Costa que había pagos en B"

La Justicia sigue teniendo la lupa puesta sobre el Partido Popular valenciano durante los años en que Camps gobernaba con mayoría absoluta en Valencia. Este miércoles se han reanudado en la Audiencia Nacional las sesiones del juicio por la trama de financiación ilegal de los populares durante las campañas autonómica y municipales de 2007 en la Comunidad Valenciana y las generales de 2008. Le tocaba el turno al que fue número tres regional el partido, David Serra. Si el pasado 24 de enero, su superior director Ricardo Costa confesó la existencia de pagos en dinero negro y a través de facturación falsa con empresarios a las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez, hoy Serra optó por desmarcarse completamente de esa estrategia."Jamás me dijo a mí el señor costa que había pagos en B", afirmaba. "Yo jamás he pagado en efectivo", insistía a pregunta de la fiscal de Anticorrupción, Myriam Segura.

"Los encargos al señor Pérez los hacía el señor Costa (…) Yo gestionaba lo que me correspondía, la movilización y la gestión de recursos humanos".

Serra, que fue vicesecretario del PP valenciano, ha tenido que justificar una entrega en dinero "Caja Barcelona" a Orange Market que figura en la documentación interna de la empresa. "Desconozco por qué está mi nombre en esa anotación. Desconozco cuál es el motivo", afirmó tras señalar que era candidato autonómico y no tenía responsabilidad en la contratación y gestión de los actos electorales. "Los encargos al señor Pérez los hacía el señor Costa (…) Yo gestionaba lo que me correspondía, la movilización y la gestión de recursos humanos", detallaba afirmando que no tenía facultades para contratar ni encargar presupuestos.

El acusado, al que la acusación pide siete años de cárcel por delitos electorales y de falsedad documental, ha pasado su peor momento en su declaración cuando la fiscal y el juez José María Vázquez Honrubia le han preguntado por las conversaciones grabadas en las que Serra habla con el empresario Enrique Ortiz y Álvaro Pérez para agilizar el pago de deudas a Orange Market mediante la elaboración de facturas. El exdirigente del PP ha justificado esa mediación en la relación amistad que tenía con Ortiz, que tanto Pérez como Costa le pidieron ayuda, pero que no sabía que se trataba de facturas por trabajos no realizados. "Jamás me dijo que esas prestaciones no eran ciertas. Siempre me dio a entender que esa deuda era real, no era ficticia", insistió en referencia al empresario que ha confesado pagos a Orange Market por trabajos irreales con facturas falsas. He tenido mala pata".

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