Traición y balas de fogueo en la Filesa del PP: plan de Costa y 'los Gürtel' para salvarse

Hay una frase en la declaración de Ricardo Costa de este miércoles, en la que confiesa la financiación ilegal de su partido en 2007 y 2008, que resume la esencia de su estrategia en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional: “Me quedo tan preocupado que mantengo en la sexta planta una reunión con el gerente nacional, en aquel momento, Luis Bárcenas. Le traslado la petición del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en este caso de Víctor Campos, inducida, o que él me plantea que se lo ha dicho el presidente [Francisco Camps], y Bárcenas me dijo: 'Eso es una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional y sería un Filesa dos”.

Costa se está refiriendo a la orden que supuestamente le había transmitido uno de los vicepresidentes de Francisco Camps para gestionar el pago de importantes cantidades de dinero a la trama Gürtel por actos electorales en 2007, mediante la elaboración de facturas falsas y entregas de dinero negro por parte de empresarios contratistas de la Generalitat. Como dice Costa que le dijo Bárcenas, este es exactamente el mismo sistema, o muy parecido, que emplearon cargos del PSOE en Cataluña para cubrir gastos electorales socialistas entre 1980 y 1990. La sentencia, que no llegó hasta 1997, acreditó la existencia de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) creadas para facturar a empresarios que habían obtenido contratos públicos.

En aquella ocasión, se probaron delitos que no aparecerán en el juicio de la pieza de Gürtel que estos días dirige el magistrado de lo penal José María Vázquez Honrubia, como el de malversación de caudales públicos o tráfico de influencias. El acuerdo de conformidad cerrado por los empresarios Gabriel Batalla, Enrique Ortiz, Enrique Gimeno o Rafael Martínez con la Fiscalía Anticorrupción ha abierto la veda para las confesiones de gran parte del resto de acusados por la causa de financiación ilegal del PP valenciano, pero a la vez ha cegado la vía para investigar si las aportaciones de más de 1,2 millones de euros a las empresas de Francisco Correa tuvieron como contrapartida la obtención de contratos públicos.

A la vista de una más que probable sentencia condenatoria fundamentada en las abundantes pruebas documentales existentes y en la aceptación, por parte de los pagadores de la fiesta, de la existencia de entregas de dinero negro y facturación falsa, una parte importante de los acusados se ha lanzado a una carrera de confesiones que ha puesto patas arriba de nuevo al Partido Popular, en general, y al valenciano, en particular. Correa primero, señalando a Álvaro Pérez y Ricardo Costa, y estos dos elevando el tiro a Camps, Juan Cotino, Vicente Rambla (también acusado) o Víctor Campos, la plana mayor del Gobierno autonómico popular en aquellos años, tiene como objetivo ablandar la posición de la fiscal anticorrupción Myriam Segura. Al margen de las otras piezas de Gürtel aún por juzgar, la fiscal reclama hasta 24 años de cárcel para Correa y sus subordinados, ahora en prisión por el amaño de concursos públicos para el montaje del expositor de la Generalitat valenciana en Fitur. Para Costa y David Serra quiere una pena de siete años y nueve meses por tres delitos electorales y falsedad documental, y ha eximido a Rambla del delito electoral de las municipales de 2007.

Si Costa avisó a Bárcenas de lo que ocurría en Valencia, ¿por qué Génova no hizo nada por evitarlo y Rajoy sigue defendiendo a Camps? Es la última X

Los primeros en 'tirar de la manta' fueron Correa, Crespo y Pérez, porque se juegan pasar muchos más años en prisión con una nueva condena sin atenuantes. Por eso han admitido todos los hechos y han puesto encima de la mesa la cabeza de Costa, David Serra y Rambla, especialmente la de los dos primeros, muy comprometidos por las grabaciones y las pruebas documentales. Colocar a Francisco Camps como ordenante y organizador de toda la trama es la pieza de caza mayor con la que intentan terminar de convencer a Anticorrupción de su voluntad colaboradora para obtener las rebajas de penas. Segura ya ha señalado que no decidirá si modifica su postura hasta ver cómo evoluciona el juicio. Cada vez tiene más atado una fallo condenatorio contra el grueso de los acusados, que han caído como fichas de dominó gracias a su pacto inicial con los empresarios, que pagarán una multa como sustitutoria de su pena de prisión menor.

Por qué la confesión 'tardía' de Costa

Las revelaciones de Ricardo Costa, admitiendo la existencia de una trama para financiar de forma ilegal las campañas electorales en entredicho y elevando también el tiro hacia todo la cúpula del Gobierno de Camps, aun a costa de traicionar a compañeros de banquillo como Rambla, van en la misma línea. Salvo con una excepción: que el que fue secretario general del PP valenciano se ha cuidado mucho de admitir el delito de falsedad continuada de documento mercantil, el que comporta mayor pena. Pese a reconocer la existencia de una trama para financiar campañas con dinero negro y pagos a través de contratistas, durante su declaración de ayer negó haber participado en la elaboración de facturas irregulares, un delito que, en todo caso, sería responsabilidad de los empresarios y los responsables de Orange Market. "Todas las facturas que hicimos se correspondían con actos realizados", señaló en varias ocasiones, incluyendo en esto a su compañero David Serra.

¿Qué pretende Ricardo Costa con su 'lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir' (paráfrasis de la célebre frase de don Juan Carlos ? Que se tenga en cuenta su 'confesión tardía' para que la Fiscalía atenúe las penas por los tres delitos electorales y confiar en salir absuelto del de falsedad documental, interpretan desde algunas de las defensas de otros acusados. "Como mucho, serían tres meses por cada delito electoral, nueve meses en total, con la confesión tardía. Es una buena estrategia", señalan las mismas fuentes. De lograr un fallo así, al no tener antecedentes, no iría a la cárcel.

Anticorrupción tiene complicado cazar a Camps porque el TSJ lo sacó de la causa y hoy los delitos estarían prescritos. Sí sigue imputado en Valmor

La clave es si Anticorrupción se dará por satisfecha con todo esto. La Fiscalía tiene muy complicado iniciar una causa contra Francisco Camps o su vicepresidente Víctor Campos. El 'expresident' valenciano fue excluido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de la causa de Gürtel hace varios años. Lo suyo quedó circunscrito al asunto de los cuatro trajes, del que salió absuelto por decisión de un tribunal popular. Los delitos electorales y de falsedad de los que ahora le acusan su subordinado y los cabecillas de la Gürtel estarían prescritos a estas alturas del partido.

Cotino y el tercer testamento del Bigotes

Camps está siendo investigado en la causa de Valmor y los contratos de la Fórmula 1, y ha sido citado a declarar por el juez. El PP valenciano tiene otra causa aún en fase de instrucción por financiación ilegal y blanqueo de capitales por el llamado caso Taula, donde se escudriñan campañas municipales en Valencia ciudad más recientes, como la de 2011. Podría ser un vericueto por el que investigar a Camps incorporando las declaraciones del juicio de la Audiencia Nacional. Pero la sombra de la prescripción seguiría estando muy presente. El 'todos contra Camps', un cadáver político en la actualidad, tiene más de balas de fogueo judicial que de entrega de nuevas piezas a jueces y fiscales. Camps y Cotino tienen que comparecer como testigos en este juicio, seguramente en marzo. El 'exconseller' y expresidente de las Cortes Valencianas sí podría ver comprometida su posición en la causa de los contratos amañados de la Gürtel con Televisión Valenciana en la visita del Papa a Valencia. "Ese será mi tercer testamento", advirtió Pérez la semana pasada.

Lo mismo podría decirse de la referencia de Costa a Luis Bárcenas. De forma sibilina, Costa deslizó en su declaración que comunicó en 2007 al gerente nacional y máximo responsable de las finanzas del Partido Popular lo que estaba ocurriendo en Valencia. "Me dijo que eso es una práctica prohibida en el Partido Popular y sería un Filesa dos". Pero, si esto es así, ¿por qué se siguieron ejecutando pagos en negro y con facturación falsa a empresarios en el PP regional? ¿Por qué no intervino Génova para frenarlo? ¿Por qué Mariano Rajoy ha seguido defendiendo a Francisco Camps?

Luis Bárcenas ha sido citado también como testigo por la Fiscalía Anticorrupción. Es probable que estas incógnitas surjan en su interrogatorio. Esa es, quizá, la última gran X que queda por despejar.