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Fruto de la mesa de diálogo

El Gobierno dará la vuelta a la ley audiovisual para atar su alianza con ERC y PNV

La modificación ha de incluir tres puntos: cuotas para doblar contenidos de las plataformas al catalán, ayudas a la producción en catalán y una tasa que se destine a la financiación de TV3

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, dialogando con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. (EFE)

El Gobierno se abre a darle la vuelta a la nueva ley audiovisual para mantener sus alianzas con ERC y el PNV en el Congreso, tan necesarias en este momento de negociación de los Presupuestos Generales del Estado. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la sacó adelante con escaso criterio sobre la industria audiovisual y menos sensibilidad por las lenguas cooficiales. En Cataluña, la aprobación ha levantado una tormenta política. El soberanismo vincula la salida política, de manera indirecta, a la mesa de diálogo. Y desde el PSC y el Govern se trabaja para negociar, sí, pero también para desactivar la carga política que pueda tener el acuerdo.

"No se puede avanzar en ninguna mesa de negociación si no se preserva el catalán", declaró el 'conseller' de Economía, Jaume Giró, al ser preguntado al respecto en Catalunya Ràdio. Y calificó de “fundamental” la necesidad de llegar a un acuerdo. La idea encaja con lo que ya avanzó Pere Aragonès cuando defendió la mesa de diálogo tras recibir a Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat: “Harán falta concreciones”. La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual no será fruto del foro en el que se sientan el Gobierno y el Govern, pero a ambas partes le conviene que sea presentada como una especie de preámbulo del mismo.

Calviño afrontó la ley en función de sus propias prioridades: evitar una multa de la UE y conseguir una inyección de fondos para RTVE de manera que supusiese un alivio presupuestario.

En Cataluña, donde el debate sobre el futuro del catalán lleva meses muy agitado, la inminente aprobación de esta ley —se iba a llevar al Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre— se ha tomado como una prueba más de la insensibilidad del Gobierno central hacia las lenguas cooficiales. Se establecen cuotas de doblaje al castellano y se determina que el 1,5% de los ingresos que en España tengan Netflix y el resto de plataformas de contenidos se destinen a financiar RTVE.

Desde la Generalitat, el planteamiento es que la ley ha de incluir tres puntos: cuotas para doblar contenidos de las plataformas al catalán, en especial los infantiles; ayudas a la producción en catalán, y que Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que incluye TV3, pueda beneficiarse de la tasa que nutrirá a TVE.

El independentismo está intentando utilizar la cuestión para reagrupar sus filas y superar las divisiones que le atenazan desde 2017. Hasta Òmnium Cultural ha dicho que estudia organizar una manifestación contra la ley audiovisual.

Campo de minas

En el laboratorio de ideas del PSC ya se está trabajando para desactivar el campo de minas en el que se ha convertido la modificación de la ley audiovisual. Los socialistas catalanes, según apuntan fuentes de esta formación, quieren un enfoque más territorial. Las bazas son plurilingüismo y apoyo a las televisiones locales. Por tanto, que no se trate tanto de un problema para salvar el catalán, sino de equiparación de todas las lenguas oficiales reconocidas por la Constitución. Lo mismo pasa con TV3 y el resto de televisiones autonómicas. Aquí el papel del ministro de Cultura y, por cierto, miembro de la mesa de diálogo, Miquel Iceta, será fundamental para reorientar la actual redacción de la norma.

Miquel Iceta se implicará en el enfoque plurilingüístico de la nueva ley

En otras palabras, todas las partes implicadas están abiertas a una modificación de la ley, pero cada una quiere explicarlo a su manera. Hay acuerdo en negociar el nuevo texto y predisposición a hacerlo, pero para la Generalitat significará otra cosa.

Salvar el catalán

El independentismo está equiparando el cambio de la ley con la salvación del catalán y eso evita hacer algún tipo de autocrítica. La Generalitat no vio la importancia de las redes sociales y que internet funcionaba por volumen. Grandes 'influencers' como Dulceida son catalanes, pero generan sus contenidos en castellano. 'Youtubers' como Vegetta777 o El Rubius se han instalado en Andorra, donde el catalán es oficial, pero lo han hecho por los bajos impuestos. Entre los jóvenes, el uso del catalán está bajando, en especial en las áreas urbanas. Y TV3 lleva casi 10 años centrada en generar horas y horas de contenidos vinculados al 'procés'. Mientras en 2017 se estrenaba 'La casa de papel' en el festival de Toronto, TV3 estaba centrada en reportajes sobre el 1-O. Ahora, Madrid está en una apuesta por la producción de ficción, en la que Cataluña ha perdido cuatro años. Mediapro, con dueños tan independentistas como Tatxo Benet, se ha convertido en una fuente de contenidos para Movistar. Desde Cataluña todo se ve como una conspiración del centralismo, pero no se reconocen errores propios. Para el independentismo, cambiar la ley es el equivalente a expiar sus propios pecados. Y, de paso, echar la culpa a Madrid, como siempre.

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