La estrategia del juez para evitar el boicot de los independentistas al sumario del 1-O

Las estrategias independentistas son muchas y muy variadas. En la investigación sobre el referéndum del 1 de octubre que lleva el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, las maniobras dilatorias han estado, durante los últimos meses, a la orden del día. Tanto es así que el titular del juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer, resolvió convocar a las partes en fin de semana. Con ello, rompe la estrategia secesionista de alargar indefinidamente la instrucción del sumario. Esta estrategia ya fue llevada a cabo —con éxito— en algunos sumarios, como el del caso Casinos, hasta provocar la prescripción de los delitos.

El tema es que hay una treintena de partes personadas en este sumario, por lo que cuando el juez citaba a los imputados, siempre se pedía el aplazamiento de la vista para otro día, alegando que los letrados defensores tenían otros juicios, otras comparecencias o estaban fuera. “Es una maniobra dilatoria muy fácil de aplicar y, además, sin consecuencias, porque resulta extremadamente fácil acreditar que hay otro acto jurídico en una hora cercana a la comparecencia. El juez ya estaba harto de que se le planteasen problemas por ello y decidió citar a las partes en fin de semana, cuando no se puede alegar que hay otros juicios”, señalan a El Confidencial fuentes judiciales.

La pasada semana, el titular del juzgado citó a Quim Franquesa y Vicente Nos, propietario de la compañía Bloockroot SADCV. Estos dos técnicos fueron citados el 16 de agosto (una fecha ya de por sí inusual) a una reunión en el Palacio de Pedralbes, en la que estaban presentes el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, el consejero de Justicia, Carles Mundó, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el asesor republicano y exdirigente Xavier Vendrell. La intención de los políticos era que los convocados pusieran en marcha un sistema de voto electrónico con el fin de celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La pasada semana, el juez citó a los dos técnicos en el juzgado para que le explicasen de primera mano (de hecho, ya disponía de declaraciones suyas, que están contenidas en un amplio informe de la Guardia Civil) el contenido y las circunstancias de las reuniones con miembros del Govern. La comparecencia de los dos técnicos en el juzgado, sin embargo, también fue inusual: fueron citados el domingo 4 de febrero, a primera vista un día no operativo para la actividad de los juzgados. Pero el juez tenía motivos para dictaminar que fuese ese día.

Nuevos convocados

Esta semana, continúa la jugada: el día 11 por la tarde, están citados a declarar varios funcionarios y altos cargos de la Generalitat: Jordi Cabafriga, Lluís Domingo Anaya, Valentín Arroyo, José María Reig y Jesús Vargas. Todos ellos tuvieron alguna implicación en los preparativos del polémico referéndum. Cabrafiga era jefe de gabinete de la Consejería de Gobernación y actualmente forma parte del círculo de confianza de Carles Puigdemont. Su cometido fue el control de la web referendum.cat, y en el sumario existen evidencias de su implicación en los preparativos de la consulta declarada ilegal por el Constitucional. En un momento determinado, a primeros de septiembre, Cabrafiga pidió a otro de los implicados, un informático de la consejería que le ayudaba, que a partir de ese instante le enviase las comunicaciones por SMS a un "teléfono limpio" que le habían facilitado para evitar que le pudiesen ‘espiar’.

Arroyo era director de estrategia e innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), el organismo que controla todas las telecomunicaciones de la Generalitat. De los otros citados, Anaya era el responsable del área TIC de Gobernación, mientras que Reig y Vargas son trabajadores del CTTI. Se da la circunstancia de que Cabrafiga y Arroyo estaban citados, en un principio, para el 9 de febrero, pero por cuestiones de agenda se tuvo que cancelar esa comparecencia, por lo que el magistrado acordó citarlos de nuevo el 11 de febrero, domingo.

La estrategia del juez Ramírez ya tuvo su contestación por parte de los abogados de los imputados la pasada semana: ante la citación en domingo, argumentaron que con esa medida no podían conciliar vida profesional y familiar, pero en el juzgado se rechazaron estas excusas y no se aceptaron más alegaciones por parte de los abogados defensores. De momento, pues, la estrategia de alargar indefinidamente la instrucción del sumario se ha visto desbaratada, a falta de que aparezcan nuevas argumentaciones que permitan que el sumario no progrese.