Así fue el registro de ANC y Òmnium: 35.341 correos y dos 'pendrives'

Las comunicaciones internas de los imputados en la causa por el 'procés' que dirige el Tribunal Supremo contra 28 dirigentes independentistas se han convertido en el centro del avance de la investigación. En el marco de este procedimiento, el juez Pablo Llarena ordenó el 11 de enero a la Guardia Civil que incautara en las sedes de las dos asociaciones soberanistas, ANC y Òmnium Cultural, los 'e-mails' intercambiados por sus dirigentes en las fechas más sensibles de la estrategia para la ruptura unilateral. Según las actas consignadas por los agentes encargados de las entradas, los investigadores obtuvieron de los ordenadores intervenidos 35.341 correos de Jordi Cuixart y un número similar en el caso de Jordi Sànchez, Los 'e-mails' se grabaron en dos 'pendrives' para su estudio y envío al alto tribunal que los reclama.

Las actas explican que el objetivo de los miembros del instituto armado eran dos direcciones distintas de correo electrónico en cada uno de los casos. Descargaron, en presencia de los abogados de los dos acusados, el contenido de los mensajes de presidencia@assemblea.cat, jordisp@assemblea.cat y presidencia@omnium.cat y jordi.cuixart@omnium.cat. Es decir, se centraron tanto en la correspondencia oficial como en la de carácter personal. Tanto Cuixart como Sànchez se encuentran en prisión desde que la jueza Carmen Lamela ordenó su encarcelamiento el 16 de octubre. Como ya adelantó El Confidencial, el magistrado prevé este lunes denegar la salida de Soto del Real de Sànchez, como ya hizo el pasado viernes en el caso del 'exconseller' de Interior Joaquim Forn.

También consignan los instructores de la diligencia que descartaron los correos enviados y recibidos fuera de las fechas autorizadas. Según indicó el juez en su auto autorizando la operación, que se mantuvo en secreto hasta su desarrollo, el periodo que interesa al magistrado va del 28 de abril de 2016 al 27 de octubre de 2017. En la sede de la ANC, varios periodistas aguardaban la llegada de los agentes, lo que obligó a precipitar las entradas, detallan las actas.​

El objetivo del juez va más allá de las comunicaciones de las dos asociaciones y sus presidentes. También envió agentes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Comunicación de la Generalitat (CTTI). Quería incautar, en concreto, los 'e-mails' de 32 líderes independentistas, desde Carles Puigdemont hasta la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.

La intención de los registros es acreditar y respaldar los delitos de los que se acusa a 'los Jordis'. La lista que le interesa al Supremo incluye al 'expresident' y al 'vicepresident' cesado, Oriol Junqueras, y a la mayoría de imputados en el procedimiento, entre ellos Marta Rovira y Artur Mas. Según explicó Llarena en un auto, "la relevancia penal de las conductas delictivas que se investigan, que han supuesto la ruptura de la cohesión social y política que sustenta la Constitución", es la que "justifica el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica mantenida por los investigados, por ser el principal instrumento subsistente que posibilita objetivamente confirmar o refutar los indicios de los que se dispone".

El objeto de los registros es acreditar y respaldar los delitos de los que se acusa a 'los Jordis'

Llarena reclamó el análisis de los correos de todos los exconsejeros del antiguo Govern, así como de los seis exmiembros de la Mesa imputados, los líderes de ANC y Òmnium, la presidenta de la AMI, además de líderes de partidos independentistas como Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP). También del expresidente catalán Artur Mas. También los del exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, el exsecretario de Economía Pere Aragonès, el exdirector de la oficina del expresidente Artur Mas Joan Vidal y los directores de las oficinas para el autogobierno Víctor Cullell y Josep Maria Reniu.

Trabas en el CTTI

Días después de ordenar las entradas, el juez se vio obligado a dictar una nueva providencia tras comprobar que el CTTI, que alberga las comunicaciones de todos por seguridad, no aportó toda la información que le había solicitado. El centro "no entregó los mensajes correspondientes a la totalidad de las direcciones que estaban asignadas a las personas que se mencionan en el auto", destacaba.

De este modo, el instructor ordena a la Guardia Civil que ponga a disposición del CTTI de manera "inmediata" esta instrucción para que "facilite toda la información que le fue requerida" el 11 de enero y que además indique los motivos que le han llevado a "no dar cumplimiento inicial" a lo solicitado. En su providencia, Llarena vuelve a poner de manifiesto "la relevancia penal de las conductas delictivas que se investigan, que han supuesto la ruptura de la cohesión social y política que sustenta la Constitución", lo cual "justifica el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica mantenida por los investigados, por ser el principal instrumento subsistente que posibilita objetivamente confirmar o refutar los indicios de los que se dispone".