Rajoy ante el bloqueo catalán deja claro a los secesionistas que no habrá otras elecciones

El Gobierno no quiere ni oír hablar de unas nuevas elecciones en Cataluña. Cuando los partidos independentistas dan pasos que indican que ese es el escenario que más desean, el presidente Mariano Rajoy dejó este domingo en Córdoba muy claro que en la agenda del Ejecutivo ni está ni se va a contemplar esa posibilidad. Todas las llamadas del presidente se dirigieron a cerrar el paso a otras catalanas y exigir a los secesionistas que muevan ficha y descarten a Carles Puigdemont.

La sensación de caminar hacia un peligroso callejón sin salida, que tendría un alto coste político, cunde también entre dirigentes del PP y del Ejecutivo. "Confío en que resuelvan pronto, si son capaces de entender la situación que ellos mismos han generado", señaló Rajoy, pidiendo que propongan a una persona que "vea las cosas de otra manera, y sobre todo que diga: soy un gobernante y por eso voy a cumplir la ley, porque es mi obligación y eso es lo propio de países democráticos, civilizados y avanzados como es España".

En un acto organizado por el PP en Córdoba con familiares de víctimas para defender la prisión permanente revisable, Rajoy dejó claro que ni han aceptado ni van a aceptar "un chantaje" en Cataluña. "La ley obliga a todos pero sobre todo a los gobernantes, que son los que tienen la mayor obligación con el conjunto de los ciudadanos", incidió el presidente.

Fuentes del Gobierno explicaron que confían en que el informe de los letrados del Parlament catalán avance en una solución que desbloquee una investidura alternativa a la de Carles Puigdemont y se mostraron convencidos de que hasta ahora los letrados han actuado conforme a la ley y sin apoyar las posiciones independentistas.

Rajoy insistió en que no se moverán de sus posiciones en defensa de la ley. "Había algunos que creían que el Gobierno no iba a tomar las decisiones que luego ha tomado, se confundieron", avisó, "no se puede jugar con la unidad de España, ni con la soberanía nacional, ni con el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea país".

"La Constitución tiene instrumentos para defenderse de aquellos que van contra su esencia", sostuvo el presidente del Gobierno. Desde el Ejecutivo sí admitieron que hay dudas sobre la posibilidad de que, conforme al 155, el Gobierno de la nación tenga capacidad para realizar una segunda convocatoria electoralen Cataluña. Ese escenario, insisten, está descartado. Mientras, los secesionistas emiten señales que invitan a pensar que van ya camino de otros comicios en Cataluña y que prefieren llamar de nuevo a las urnas antes de propiciar que Puigdemont dé un paso a un lado.

En este contexto, desde el PP y el Gobierno el mensaje es nítido. No solo reforzó el mensaje Rajoy en su intervención ante los militantes andaluces sino que todas las voces consultadas del partido y el Gobierno insistieron en que Puidgdemont nunca será investido presidente de la Generalitat ni habrá nueva cita electoral. El miedo a que este nuevo pulso se prorrogue 'sine die' existe en las filas del PP.

Tras frenar el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, el pleno de investidura el pasado martes son muchos los interrogantes abiertos. Si los secesionistas no mueven ficha y descartan a Puigdemont, las alternativas son escasas. Si con el 155 en la mano no cabe que el Estado convoque nuevas elecciones, la situación encalla. La ley catalana da un plazo de dos meses para que se pueda formar gobierno desde que se presente una primera investidura pero esto aún no ha ocurrido por lo que los plazos no habrían empezado a contar.

En ese escenario entra el informe que el Consejo de Estado redactó en 2003 para dar una salida a la Asamblea de Madrid tras el conocido como "el tamayazo". Autorizó a una nueva convocatoria electoral sin que se hubiera votado una investidura previa y sin que el entonces candidato del PSOE, Rafael Simancas, se postulara oficialmente como presidente tras perder los votos de dos diputado que se hicieron tránsfugas.

El dictamen del Consejo de Estado reconoció entonces que ante el bloqueo era preferible una interpretación que se saltara la literalidad de la norma y consideraba la situación de bloqueo generada similar a una investidura fallida. Fuentes del Gobierno aseguraron que eso sería perfectamente aplicable a Cataluña aunque prefirieron que sean los letrados del Parlament, que deben emitir un informe esta semana, quienes despejen el camino.