El magistrado del Tribunal SupremoPablo Llarena ha confirmado este lunes que el exvicepresidente catalánOriol Junqueras, al 'exconseller' de InteriorJoaquim Forn y al exlíder de la ANCJordi Sànchez, todos ellos en prisión preventiva, no tienen autorización para acudir este martes a la sesión de investidura del Parlamento de Cataluña. En un auto, asegura que dejarles salir de la cárcel para acudir al Parlament puede provocar que asuman de nuevo "el liderazgo" de manifestaciones que pueden volverse violentas. La frase textual empleada es por la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia".
También les recuerda que su actuación social y política "resulta inconciliable" con el permiso que reclaman e insiste en que existe aún riesgo de reiteración delictiva y por ello no pueden obtener los permisos reclamados. El magistrado resuelve en reforma una apelación presentada por sus defensas contra su decisión inicial de prohibir su traslado a una cárcel catalana y la asistencia a la cámara baja.
En su auto, recuerda que todos ellos tiene opción de delegar el voto en esta sesión parlamentaria siempre que esto "sea de interés para el interno y sin perjuicio de las facultades decisorias que sobre ese aspecto corresponden a la Mesa del Parlamento de Cataluña". En opinión de Llarena, no existe indefensión para los presos a los que vuelve a recordar la gravedad de los delitos que se les imputa.
Respecto a sus decisiones, tanto esta como otras anteriores, el juez destaca que "no suponen la criminalización del proyecto político independentista" y recuerda que lo que persigue "no son ni los proyectos políticos, ni mucho menos las ideas que los animan, sino la ejecución de un proceso delictivo concertado desde las instituciones autonómicas catalanas, con la colaboración de entidades civiles".
El proceso, según resume Llarena en su auto, consistió en la aprobación de diferentes normas y la aplicación de políticas, presupuestos y actuaciones orientadas a la segregación unilateral de Catalunya del resto del Estado, prescindiendo del ordenamiento jurídico y de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de todo ello.
Además, apunta el magistrado, en este proceso se incluyó la celebración de un referéndum que fue declarado ilegal "y cuya materialización precisó una movilización ciudadana, impulsada por los autores del delito, que desembocó en varios episodios previsibles y altamente probables de violencia y tumulto". Añade que la declaración unilateral de independencia "llegó a realizarse formalmente, así como la iniciación de un inmediato periodo parlamentario constituyente, para la elaboración de la norma básica de una nueva república".