Colau no cederá locales pero llega a un ‘pacto secreto’ con Puigdemont para facilitar votar

Sí pero no. Blanco, pero negro. La alcaldesa de Barcelona, fiel a su estilo, vuelve a añadir más incertidumbre política a su posicionamiento ante el referéndum del 1 de octubre. Un informe firmado por el secretario del consistorio, Jordi Cases, concluye que no puede ceder locales municipales como colegios electorales y que puede incurrir en responsabilidades incluso penales si lo hace. Pero la alcaldesa, experta en nadar y guardar la ropa, ha vuelto a sembrar la incertidumbre. Fuentes del Ayuntamiento señalan a El Confidencial que, en virtud de ese informe, no se cederán oficialmente locales.

Esa afirmación fue ratificada luego por el segundo teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, que anunció que “el Ayuntamiento no facilitará medios ni locales para el 1-O, como indica el informe del secretario, por respeto a leyes y resoluciones judiciales”. El PSC tampoco participará en ninguna movilización “ni dará apoyo a un referéndum que está dfuera de la ley”.

[Consulte aquí el documento elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona]

Fuentes del consistorio, no obstante, también admiten que Colau llegó a un acuerdo con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para facilitar que se pueda votar. “No podemos explicar nada más, sólo confirmar que ya hay un acuerdo con Puigdemont”, subrayan fuentes del Ayuntamiento. ¿Y cómo se puede conjugar que no se cedan locales y se llegue a un acuerdo para facilitar el voto? Secreto mayúsculo. Nadie en el consistorio barcelonés quiere, oficialmente, explicar tal contradicción, al parecer porque hay órdenes políticas de aplicar el oscurantismo sobre esta cuestión. Un secretismo que sólo parece tener como objetivo la salvaguarda de la imagen personal de la alcaldesa. Cosas de la política.

Algunas fuentes, no obstante, apuntan a que Colau se comprometió a movilizar a los suyos en las calles para visualizar la protesta contra el Gobierno central. “Se trataría de hacer ver que la protesta no es por la independencia, sino por la falta de democracia en España”, aducen las fuentes consultadas. Por esa misma regla de tres, la formación de Colau omitiría calificar de ilegal la consulta y pasaría por aceptar que el Gobierno catalán se salte las leyes españolas. ¿Qué saca la alcaldesa con todo eso? “Primero, intentar quedar bien con todos. No se posiciona a favor de la independencia ni en contra, pero marca perfil propio.

Y luego, marcar territorio. Sabe que entre su electorado hay gente tanto a favor como en contra de la independencia. En Nou Barris, por ejemplo, que debía ser uno de sus feudos, subió mucho el voto a Ciudadanos. Y debe intentar captar ese voto si quiere repetir mandato. De ahí que no se meta en el debate de la independencia: porque perdería el voto obrero que tiene. Por último, hay una cuestión personal: ha de convertirse en la lideresa por excelencia. Su meta no es eternizarse en el Ayuntamiento de Barcelona. Ni siquiera tiene como objetivo aspirar a ser presidenta de la Generalitat, sino que, por lo que parece, está pensando en metas más altas. Y tiene que cultivar ese jardín. De ahí su calculada ambigüedad”, explican fuentes municipales a El Confidencial.

Así las cosas, Colau emitió un tuit en el que lacónicamente comunicaba: “Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona, el 1 de octubre se podrá participar sin poner en riesgo institución ni servidores públicos”. Y Puigdemont la contestaba: “¡Buena noticia!”.

Pero oficialmente, el consistorio barcelonés se mantendrá al margen de la organización del evento del 1 de octubre. El informe del secretario concluye que “la puesta a disposición de la Generalitat de Cataluña de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación –solicitada en el escrito recibido el 7 de septiembre de 2017- supondría un incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 87.1 de la LOTC a todos los poderes públicos, de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como de su mandato –exprés, claro y taxativo- contenido en los proveimientos citados”.

El secretario también recuerda que “la alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones quedan vinculados por el mandato del TC, de abstenerse de realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría una eventual puesta a disposición de los locales para la votación”. Y zanja advirtiendo a Colau de que “el incumplimiento de esta obligación puede comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidad de todo orden, sea del propio Tribunal al amparo de su Ley reguladora, o de carácter administrativo, disciplinario, contable e incluso penal”.

En uno de los párrafos del informe (de 15 páginas), Cases recuerda que las potestades del TC le permiten determinar quién ha de ejecutar las medidas adoptadas, solicitar el auxilio de cualquier administración y poder público, declarar la nulidad de resoluciones que contravengan su jurisdicción y “proceder a la ejecución forzosa de sus resoluciones mediante la imposición de multas coercitivas, la suspensión de funciones de autoridades y empleados públicos, la ejecución sustitutiva y la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pueda corresponder”.

En sus consideraciones jurídicas, el secretario señala que la petición de Puigdemont invoca expresamente el artículo 29.2 de la ley del referéndum, pero esa norma ha sido suspendida por el TC. “No estamos, pues, en presencia de ninguna confrontación de legalidades (estatal versus autonómica) ni de ninguna antinomia –a resolver según los criterios generalmente admitidos en derecho-, porque las disposiciones de continua referencia han dejado de estar en vigor en virtud de la suspensión acordada y, en consecuencia, no pueden producir efectos jurídicos de ninguna clase”. O sea, que las leyes y normas invocadas por la Generalitat es como si no existiesen.