Rajoy apuesta por que Puigdemont llegue al 1-O para salvar su alianza con el PNV

Ni oferta ni represión para Cataluña. Ni palo ni zanahoria, ni una combinación de ambos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aboga por que Carles Puigdemont llegue al 1-O como presidente de la Generalitat. La clave política es más española que catalana: mantener al PNV como aliado estratégico para volver a sacar adelante de nuevo los Presupuestos, en esta ocasión los de 2018. En caso contrario, y con el actual equilibrio de fuerzas en el Congreso, Rajoy se podría ver obligado a convocar elecciones anticipadas. Lo último que quieren en Moncloa es una campaña de las generales en clave catalana, según confirman fuentes de los populares tanto en Madrid como en Barcelona. Todo esto no lo cambia la manifestación de la Diada.

La razón es que los dos ministros fuertes del Gobierno están del todo alineados: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ambos son partidarios de proteger el apoyo del PNV y de aplicar un pulso largo con la Generalitat y los independentistas, de manera que sean los tiempos judiciales y los de la Fiscalía los que vayan marcando la oposición al soberanismo en Cataluña. Ni siquiera se desplegarán los poderes ejecutivos del Tribunal Constitucional, tal y como apuntan fuentes conocedoras de los entresijos del alto tribunal. Ni una salida de tono. Como en el chiste: “Al indiferente, la legislación vigente”.

Fuentes políticas del Congreso explican que el PNV ha advertido al Gobierno de que no cuente con ellos si suspende la autonomía de Cataluña. Además, hay sectores del PNV que aspiran a una reforma del Estatuto vasco que colocaría a Euskadi en una situación equivalente a la de Quebec en Canadá, es decir, que podrían independizarse con un referéndum en el que se obtuviese una mayoría reforzada. Con este entorno, el PP quiere mantener a los conservadores vascos como aliados, antes de que se les abra otro frente en Euskadi.

Tanto Carles Puigdemont tras la manifestación —“hasta el último minuto, estaremos dispuesto a negociar”— como el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, antes de la misma —“Si el 29 de septiembre Rajoy hace una oferta para plantear un referéndum el próximo año, seré el primero que lo celebrará”— han apuntado que el independentismo espera una oferta política. Pero en el Gobierno español nadie está por hacer una propuesta política. El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo era el más partidario de una salida pactada y ha dejado el Ejecutivo. Y otro partidario de un acuerdo, el titular de la cartera de Economía, Luis de Guindos, ya está preparando las maletas para marchar a Fráncfort a ocupar la vicepresidencia del BCE.

Rajoy ya de por sí tiende al quietismo en lo político. Además, ahora cuenta con diversas razones para seguir así. La primera: la senda unilateral escogida por los independentistas no ofrece margen para hacer oferta alguna. La segunda: no hay interlocutores de confianza para presentarla, puesto que en Madrid se da por quemados a Carles Puigdemont y a su vicepresidente, Oriol Junqueras. Y la tercera: ceder le hace perder votos al PP entre su electorado natural en un momento en que el C’s de Albert Rivera está dispuesto a arrebatarle la bandera de ser la única alternativa para frenar a los independentistas catalanes.

Tampoco mano dura

Pero si bien en Cataluña no pueden esperar zanahorias, tampoco habrá palos. Es decir, no se aplicará el artículo 155 o se forzará una suspensión exprés de Puigdemont, su Gobierno y de Carme Forcadell y la Mesa del Parlament que preside. Las inhabilitaciones llegarán dentro de un año, igual que les pasó a Artur Mas y a sus 'consellers'. Ni cara a la UE ni a su pacto con el PNV se consideran oportunas las posturas de fuerza que están pidiendo los medios de comunicación de Madrid.

El Gobierno español pondrá todos sus recursos en impedir la logística y la celebración del referéndum. Es decir, un esfuerzo preventivo, sobre todo. Incluso a costa de la foto de fuerzas del orden llevándose urnas. Siempre que se tenga cobertura legal cara a Europa, a Rajoy y su Gobierno ese mal trago les parece en este momento no solo un coste menor, sino lo único que pueden hacer.

El peor escenario para el Gobierno español es que Puigdemont declare la independencia el próximo 4 de octubre, pero se espera que eso no ocurra

En clave política, el PP ve en este quietismo un riesgo calculado. Si el 4 de octubre, tras la consulta del 1-O, Carles Puigdemont declara la independencia de Cataluña, el peor escenario posible, difícilmente los diputados del PDeCAT y ERC podrían mantenerse en el Congreso. Si se van, son 17 diputados menos. La mayoría quedaría entonces en la Cámara Baja en 167 diputados, solo uno más de lo que sumarían PP y C’s. Un campo mucho más despejado para Rajoy.

Las bazas de Rajoy

Las bazas de Rajoy son que estas movilizaciones impresionantes, como la de ayer en la capital catalana, son puntuales y esperan que la ANC no pueda extenderlas en el tiempo de forma prolongada y continuada. Por tanto, se espera que la ANC no podrá paralizar Cataluña. Y que la UE le apoya. Con estos mimbres, el PP espera que la fragilidad jurídica de la estructura legal paralela montada por el independentismo haga que esta se derrumbe y que la Generalitat no sea capaz de tomar el control efectivo de Cataluña.

Además, Puigdemont no ha ganado todavía. Necesita celebrar un referéndum cuya logística se encuentra en entredicho, ya que carece de cualquier garantía, no solo desde un punto de vista internacional, sino también para ser considerado un referéndum propiamente dicho; y, además, precisa lograr una participación por encima del 9-N. Rajoy no está jugando a ganar, está jugando a que Puigdemont pierda. Pero tras la manifestación de ayer en el Palau de la Generalitat, pueden sentirse alentados por las masas para seguir adelante.