Rajoy graduará la réplica a Puigdemont hasta intervenir económicamente la Generalitat

El Gobierno español que encabeza Mariano Rajoy se ha ido de vacaciones con todo un programa de respuestas graduales a cada paso que dé Carles Puigdemont. Fuentes cercanas al Ejecutivo español han detallado que se trata de tener preparado todo un paquete de represalias que se ejecutarían de manera gradual y proporcional en función de cómo evolucione el proceso independentista en Cataluña. En su grado máximo, se podría llegar a una intervención económica total de la Generalitat, pero sin aplicar nunca el artículo 155 de la Constitución. Es decir, Puigdemont seguiría al frente de la Generalitat, pero con la única competencia efectiva de convocar elecciones autonómicas.

En su grado máximo, esto supondría un entorno tan radical como la intervención total de las cuentas de la Generalitat, el control de los Mossos d’Esquadra o la gestión del funcionariado catalán, incluidos los pagos a jueces y personal judicial. Al final del proceso se evitaría la aplicación del 155, pero Puigdemont y su Gobierno independentista se encontrarían al frente de una cáscara vacía.

Antes del verano, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría pidió a los diversos ministerios un listado de medidas que permitiesen responder de manera gradual y proporcional a la deriva soberanista de la Generalitat. Y todos los han entregado. El resultado es una batería de contramedidas que culminarían en una intervención mucho más dura que la actual, una intervención blanda derivada de la dependencia del FLA.

Algunas de estas medidas ya se han aplicado. Por ejemplo, la exigencia el pasado 21 de julio de que el control de gasto de la Generalitat se remita al Gobierno cada semana en lugar de cada mes: una propuesta que era la menor que planeaba el Ministerio de Hacienda. El resto podría desplegarse a partir de mañana, cuando empiece a tramitarse la ley del referéndum en lo que será el primer acto efectivo de desobediencia.

Pero en este nivel económico hay más resortes esperando su aplicación. Por ejemplo, la intervención de los contratos públicos, lo que vaciaría de contenido toda la Conselleria de Territori i Sostenibilitat (Josep Rull), o de todas las empresa públicas de la Generalitat que generan este tipo de contratación. Y eso no sería el nivel máximo, que implicaría la intervención total de la Administración catalana. Todavía quedarían diversos grados hasta la intervención económica total. La idea es que cada acción de la Generalitat tenga una respuesta por parte del Gobierno central, buscando la proporcionalidad.

Entre las medidas que contempla el Gobierno para controlar la Generalitat está la tutela de la totalidad de la contratación pública catalana

El FLA permite al Gobierno una total monitorización económica de la Generalitat. En la práctica, resultará muy complicado para Puidemont y Oriol Junqueras (ERC) activar el referéndum de manera unilateral sin que en Madrid estén al tanto de todos los pasos. Además, el Tribunal Constitucional esta vez ha advertido de forma repetida de la ilegalidad de la convocatoria y de todo lo que la rodee.

La Justicia, por su lado

Estas medidas son paralelas a las que pueda desplegar la Fiscalía con sus querellas, que podrían derivar en la inhabilitación de los miembros del Govern y en multas y responsabilidad patrimonial. La ventaja es que, mientras que la Justicia tiene sus propios tiempos, el Gobierno puede adelantar los suyos y adelantarse al 1 de octubre. El Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere evitar la sensación de inacción que se dio antes del 9-N.

Pero, en todo caso, las medidas nunca supondrían el cese de Puigdemont ni de sus 'consellers'. Las inhabilitaciones llegarían más tarde. Tal y como está el calendario judicial, la primera en producirse sería la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

La Justicia tiene sus propios tiempos y estos marcan que la primera inhabilitación afectará a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell

Fuentes de la Fiscalía han apuntado que se quieren evitar querellas masivas, por mucho que todos los diputados de Junts pel Sí hayan firmado la ley del referéndum. Se centrarán en esencia en el mínimo legal: los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y los presidentes de grupo parlamentario. No se irá más allá.

Napoleón en Elba

Otras fuentes cercanas al Palau aseguran que son conscientes de esta situación. Que el propio Puigdemont es consciente de que se puede convertir en un cargo institucional sin poder efectivo. Incluso se ha planteado la posibilidad de un Govern 'exiliado' de forma metafórica en el monasterio de Montserrat. Pero eso convertiría a Carles Puigdemont en una especie de Napoleón en la isla de Elba, una figura simbólica pero al margen del poder real. Por ello, el denominado sanedrín cercano a Artur Mas, una especie de comité de operaciones paralelo que toma buena parte de las decisiones sobre el referéndum, quiere evitar esta situación a cualquier precio y recomienda ir dilatando las decisiones.

Una vez más, la responsabilidad recae en la ANC y su poder de movilización. Cuenta con un millón de catalanes muy motivados. Pero puede que esta vez no baste con una gran Diada como la que se prevé. Ya se está hablando de movilizaciones más largas y de más alcance. Puigdemont sabe que el Estado cuenta con muchos resortes. Y que él, en ese pulso, solo tiene gente.