Cataluña quiere todos los bienes del Estado y no asumir ninguna deuda española

El independentismo catalán va sobrado. Tanto que ya piensa en cómo repartir los bienes que el Estado español tiene en Cataluña. Su filosofía es muy sencilla: “Aunque no haya avenencia entre los dos Estados, de la lectura del artículo 11 del Convenio de Viena se desprende que la transmisión de los bienes del Estado español situados en Cataluña lo sería de forma directa y sin compensación, a falta de que los dos Estados acuerden que un órgano internacional decidiese otra cosa al respecto. Ello implicaría que su transmisión no estaría condicionada a asumir una parte de la deuda del Estado español ni a exigir la devolución de ninguna inversión pública y servicio realizado en Cataluña”.

Lo que se dice un convenio de divorcio draconiano para los españoles. Y no solo eso, una advertencia añadida: “Asimismo, el Estado español habría de adoptar todas aquellas medidas idóneas para impedir el daño o la destrucción de sus bienes que pasarían al Estado catalán”.

Esta es una de las conclusiones de un informe elaborado por el brazo ‘civil’ del Gobierno catalán: fue encargado a la sectorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El texto reconoce que el derecho internacional regula el reparto de bienes, archivos y deudas. Además de por la “doctrina, jurisprudencia y la práctica internacional, mediante la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados”. Y, aunque dice que España no ha ratificado esta convención, poco parece importarle este extremo.

Lo que importa es lo que decida el nuevo Estado catalán, que impondrá sus condiciones. Pero sí subraya que las disposiciones de ese Convenio fueron tenidas en consideración “cuando se produjo la disolución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia”. No especifica, en cambio, que esa disolución, que duró una década y media, se produjo en medio de sangrientas y traumáticas guerras cuyo detonante parte de la agitación nacionalista iniciada por Milosevic a finales de los 80.

Tras apelar y dar por bueno el convenio no ratificado por España, el informe de los expertos secesionistas tira millas. “Los bienes inmuebles del Estado español situados en Cataluña que se transmitirían serían los edificios de la Administración civil y militar española –excepto aquellos que España considerase que se pudiesen reservar como sedes de su Embajada y de los consulados generales–, las dependencias de Correos y Telégrafos, los Paradores ‘Nacionales’, la red ferroviaria, la red de puertos y aeropuertos, toda la red de carreteras, autovías y autopistas, las instalaciones de RTVE y de RNE, la red radioeléctrica, las redes de comunicaciones, los edificios e instalaciones de las empresas y sociedades públicas estatales ubicadas en Cataluña y las redes básicas de servicios públicos, como el agua, la electricidad, el gas y la telefonía, entre otros”, dice el texto. Todo, claro, gratis total. Un chollo en toda regla.

Y no solo eso: “Entre los bienes muebles, se habrían de incluir el mobiliario de los edificios públicos, el material de oficina y los vehículos de titularidad del Estado, entre otros”. Solo haría falta definir también los tanques que se quedaría la Generalitat y qué piensa hacer con ellos, dado que Cataluña no tiene aún Ejército.

Una parte de las embajadas

Los independentistas no se quedan ahí, puesto que también quieren llevar a su ‘butxaca’ (bolsillo) la parte alícuota de embajadas y similares. “En un momento posterior de la negociación –dice el informe–, también sería preciso negociar los edificios y propiedades que el Estado español tiene por todo el mundo que le corresponderían a Cataluña, cuando se llegase a un acuerdo sobre su reparto, como las embajadas, consulados generales, oficinas consulares y comerciales y centros culturales”.

Sería el Gobierno de la futura República el que se haría cargo de los servicios de agua, alcantarillado, basuras que las corporaciones locales prestan

El informe resalta que aunque el tema del reparto apenas afecta a la Administración local, “lo que sí cambiaría sería la titularidad de los bienes inmuebles y muebles del Estado español ubicados en Cataluña, que pasarían al futuro Estado catalán”. Así, sería el Gobierno de la futura República el que se haría cargo de los servicios de agua, alcantarillado, basuras y similares que las corporaciones locales prestan a esos inmuebles.

El informe dedica un apartado a los archivos que pudiera haber y señala que pasarían al Estado catalán “sin contraprestación alguna”. Y continúa: “El traspaso de los archivos se tendría que acordar entre los dos Estados. A falta de acuerdo, la pauta a seguir sería la regulada en la Convención de Viena: traspasar del Estado español al Estado catalán la parte de los archivos necesaria para la administración adecuada del territorio catalán y la parte de los archivos que concerniesen a Cataluña”.

La deuda, en su punto justo

El punto más sensible, sin embargo, es el de la deuda. “La norma general en caso de traspaso de deuda habría de ser el acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor”. Si no hay entente, los independentistas quieren aplicar el derecho internacional, por lo que la nueva República catalana tendría que asumir una deuda “con un criterio de equidad en razón de la relación que esas deudas guarden con los bienes, derechos o intereses que pasen al Estado catalán, según el principio ‘res transit sum suo onere’ (los bienes se transmiten con sus cargas). No obstante, si no hay negociación, el nuevo Estado debería mantenerse firme y no transigir en el reparto y asunción de ningún activo ni pasivo que se pueda considerar inmoral, ilegítimo y/o odioso, puesto que, en todo caso –no se puede obviar– el titular de las deudas es el Reino de España”.

La nueva República catalana puede negarse a asumir los 189.000 millones que le corresponderían de esa deuda. Pero sí tomaría una pequeña parte

En otras palabras, la República catalana estaría dispuesta a dejar a España los edificios o bienes muebles que el Estado tiene en esta comunidad pero a cambio de no asumir su parte alícuota de la deuda pública que España tiene en estos momentos. En resumen, si el Estado tiene una deuda de un billón y el peso de Cataluña en el PIB es el 18,9%, según datos de 2016, la nueva República catalana puede negarse a asumir los 189.000 millones que le corresponderían de esa deuda. Pero sí asumiría una pequeña parte: “En el caso que nos interesa, el Estado catalán heredaría, además de la deuda de la Generalitat [cifrada en 75.443 millones de euros] y de sus propias empresas y la parte que se acordase del Estado español, la deuda proveniente de la Administración local”. Y ello porque, según el derecho internacional, la deuda de las corporaciones locales no son deuda del Estado. Pero si el Estado español hubiese avalado el endeudamiento de esas corporaciones, el nuevo Estado catalán tendría que asumir esa deuda y garantizar su devolución.

El informe explica que “el día después de la declaración de independencia comienza una nueva realidad, preparada desde mucho antes, un punto de inicio hacia una nueva concepción del Estado”. Y subraya que “mantener durante este proceso, aunque sea de forma provisional, la legislación española, posiblemente no guste a muchos y genere insatisfacción e incomprensión, motivo por el que será preciso hacer mucha pedagogía en todo este proceso. Esta ha sido una práctica generalizada en estos procesos, que pueden durar entre dos y cinco años.

Por poner un ejemplo, en el caso de Letonia, que proclamó su independencia en mayo de 1990, no hubo un acuerdo bilateral con la Federación Rusa para la retirada de las fuerzas soviéticas de su territorio hasta abril de 1994”. Nos quedará, pues, bastante tiempo para debatir y negociar, aunque no está claro en base a qué legislación. De momento solo sabemos que Carles Puigdemont quiere pasar su Rubicón particular el próximo 1 de octubre.