Puigdemont utilizará el censo electoral de las autonómicas para su referéndum

El Gobierno catalán utilizará el censo electoral de las elecciones autonómicas para llamar a los ciudadanos a votar el próximo 1 de octubre en el referéndum unilateral por la independencia. Así se recoge en los manuales que maneja el propio Ejecutivo catalán y que a partir de hoy comenzarán a explicarse por las principales poblaciones de Cataluña. En estos manuales, se despeja una de las mayores dudas que había hasta ahora: ¿qué censo se hará servir sin conculcar ninguna ley? El presidente catalán, Carles Puigdemont, tira por la vía de en medio: “El censo se hace a partir de los datos de la población de Cataluña, unos datos que elabora la Oficina del Censo Electoral y que la Generalitat tiene a su alcance. Por tanto, están llamadas a votar las personas que tengan derecho a voto en las elecciones al Parlamento de Cataluña y que estén inscritas en el censo elaborado por la Oficina del Censo Electoral de Cataluña”.

Hasta ahora, el Gobierno central había avisado a Puigdemont de que se abstuviese de intentar utilizar el censo electoral para su referéndum. Pero los independentista no están por la labor y harán oídos sordos a esas advertencias: “Todos los mayores de 18 años tendrán derecho a votar”, dicen los manuales. Queda por ver si esa medida puede vulnerar también la Ley Orgánica de Protección de Datos (dado que hay una cesión de datos para la celebración del referéndum). Si así fuera, cualquier ciudadano podría impugnar su inclusión en el censo e incluso el propio referéndum.

No es el único desafío. Otro de los principales mensajes que se difundirán a partir de hoy será que el “referéndum del 1 de octubre tiene las mismas garantías democráticas que el resto de procesos electorales que se han hecho en Cataluña durante los últimos 30 años”. Este es, por otra parte, uno de los principales reproches que se hacen a los independentistas: la falta de garantías, ya que se parte de la base de que el referéndum unilateral vulnera la legislación vigente, no cuenta con un censo electoral propio y no tiene el apoyo mayoritario de la población. De ahí que sea rechazado como referéndum propiamente dicho por la nueva izquierda organizada alrededor de Podemos. Los independentistas se acogen a las encuestas de algunos medios —independentistas— que dan resultados poco fiables de que el 80% de la población está a favor de un referéndum. Pero los partidos soberanistas recibieron solo algo más del 47% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, lo que sitúa el listón del apoyo popular muy por debajo de esa cifra e incluso por debajo del 50% del censo electoral.

La Ley Fundacional y de Transitoriedad

Además, se pretende que “la campaña electoral dure 15 días”. De ahí que los soberanistas quieran iniciar el curso político a mediados de agosto y llevar al Parlamento la ley del referéndum en esas fechas: aunque la oposición lleve el texto al Consejo de Garantías Estatutarias, y como este tarda un mes en emitir su dictamen, a mediados de septiembre ya quedaría expedito el camino burocrático y las dos últimas semanas de ese mes serían la campaña electoral.

Otro de los ítems a difundir es el de que el resultado será vinculante. “La opción que tenga más votos será la ganadora. Si la opción más votada es el sí, el Parlamento de Cataluña se compromete a proclamar inmediatamente la independencia y garantizar la transitoriedad jurídica hasta la aprobación de la nueva constitución catalana”, dicen los manuales de la campaña. Aquí es donde existe todavía una laguna: los manuales explican que esa etapa de transitoriedad estará cubierta “mediante la Ley Fundacional y de Transitoriedad, que entraría en vigor automáticamente en caso de victoria del sí”. De momento, sin embargo, esa ley no está redactada y, además, desde las filas independentistas no se prevé que sea impugnada o llevada a los tribunales, lo que jurídicamente crea incertidumbre y genera dudas sobre su viabilidad. Y si gana el no, dicen los manuales, se convocarán elecciones autonómicas de manera inmediata.

El Gobierno de Cataluña también hará saber a los ciudadanos que “asumirá toda la parte logística”, garantizando el censo electoral, la apertura de los colegios electorales y la recogida de resultados. “Los ayuntamientos cederán los locales que son de su titularidad y que habitualmente se hacen servir como colegios electorales en las elecciones al Parlamento de Cataluña”. No se tiene en cuenta, sin embargo, que hay consistorios que ya han anunciado que no cederán locales, pero la Generalitat garantiza, aun así, “que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto”. En este sentido, desde el Govern advierten de que si un ayuntamiento se niega a abrir colegios, “se garantizará la apertura de un número similar de colegios electorales que en el resto de elecciones”, de tal modo que todo el territorio quede cubierto.

40 actos simultáneos

Todas las consignas se comenzarán a difundir masivamente a partir de este miércoles. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) dará la cobertura social para que los mensajes lleguen al máximo de ciudadanos, al tomar las riendas de la campaña de información sobre las garantías del referéndum. De momento, ya tiene en cartera alrededor de 150 actos a lo largo y ancho de Cataluña, en los que moviliza a diputados, dirigentes políticos y miembros del Gobierno catalán, que explicarán a los ciudadanos las garantías con que cuentan para celebrar el referéndum. El Gobierno espera llegar a más de 200 ciudades.

De este modo, el Ejecutivo catalán deja, de nuevo, en manos de la “sociedad civil” el timón del barco cuando se acerca la fecha crucial. Esta gran campaña unitaria de información descansa exclusivamente sobre los hombros de la ANC. Las restantes entidades cívicas soberanistas ya tienen sus propias responsabilidades: Òmnium Cultural, por ejemplo, está centrada en la difusión del documental ‘Las cloacas del Estado’, en el que se acusa al Estado español de guerra sucia contra Cataluña. Y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), lleva el peso de las principales acciones municipalistas y facilita la concesión de locales para las charlas en el territorio.

La apertura de la campaña no puede ser más contundente: el vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, será el protagonista del inicio en Barcelona, y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, lo será en Tarragona, mientras que el consejero de Presidencia, Jordi Turull, visitará Vilafranca del Penedès. En Girona, los responsables de abrir el fuego serán los diputados Lluís Llach y Anna Caula, mientras que el consejero de Exteriores, Raül Romeva, lo hará en Vilanova y la Geltrú, juntamente con la presidenta de la AMI y alcaldesa de esa localidad, Neus Lloveras. En Reus, el protagonista será el nuevo presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxS), Lluís Corominas. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, se encargará de Vic. En total, en esta primera jornada se realizarán 40 actos simultáneos.

Fuentes de la ANC señalan a El Confidencial: “Lo único que hacemos es darle al Gobierno una plataforma para que explique cómo va a organizarse el 1 de octubre. De lo que se trata es de que la gente pueda resolver sus dudas y de que los políticos puedan decirles con detalle cómo se va a hacer”. ¿Y por qué se ha acudido a la ANC para ello? “Pues por su capacidad de movilización. Tenemos una estructura que nos permite organizar actos simultáneos en todo el territorio. Cada una de las organizaciones cívicas que somos favorables a la independencia participamos en el ‘procés’ con lo que podemos y conforme a nuestras posibilidades”. Un comunicado de la propia ANC asegura que el despliegue para esta campaña de información “no tiene precedentes”.