La UDEF investiga a Jordi Pujol Jr. por blanqueo y corrupción en Francia

Los pelotazos no tienen fronteras. Hace una década, Jordi Pujol Ferrusola inició un suculento negocio en el sur de Francia, intentando poner en marcha un centro comercial. Multiplicó por cinco el valor de unos terrenos en cuestión de meses (fueron comprados por 750.000 euros y poco después valían cuatro millones) al conseguir la recalificación para construir un gran centro comercial con un socio francés bien conectado políticamente. Por esa enrevesada operación, la UDEF le investiga por corrupción y blanqueo de dinero, mientras que el actual alcalde de Perpignan dice que los permisos concedidos fueron “ilegales”.

Un informe que la UDEF entregó recientemente en el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional señala que “las cuestiones que se desarrollan en este apartado son, en cierto modo, una novedad en el procedimiento, dado que de confirmarse las hipótesis policiales que se van a introducir seguidamente, supondría la involucración del investigado, Jordi Pujol Ferrusola, en actos de corrupción urbanística ejecutados en Francia, sirviendo además esta jurisdicción para blanquear capitales, tanto los invertidos inicialmente en cuanto a su procedencia como las plusvalías gestadas como consecuencia de llevar a cabo operaciones que presumiblemente serían ilícitas”.

El texto destaca que el 28 de septiembre de 2006, Jordi Pujol, a través de su empresa Iniciatives, Marketing i Inversions SA (Imisa), formalizó un préstamo a la sociedad Parc Saint Julien SARL, representada por Francis Albert Gendre. El préstamo, de 900.000 euros con un tipo de interés fijo del 7,77% anual por un plazo inicial de cuatro años, sería reembolsable en un solo pago, mientras que los intereses se habían de pagar semestralmente. En prenda, la compañía francesa afectaba cinco bienes inmuebles ubicados en Perpignan, con una superficie total de 3.980 metros cuadrados y una parcela de terreno de casi dos hectáreas en la que había plantados viñedos.

Parc Saint Julien planeaba construir un centro comercial denominado Carré d’Or en el que Jordi Pujol debía entrar como accionista con el 22,5%. En el momento en que se formalizase esa entrada en la compañía explotadora, el préstamo se liquidaría. “Jordi Pujol Ferrusola se compromete como representante de Imisa a aportar en beneficio de la nueva sociedad 900.000 euros contra la sociedad Parc Saint Julien. En consecuencia, la nueva sociedad será a la vez acreedora y deudora de la misma deuda, lo que tendrá como efecto la extinción de dicha deuda por confusión”, explica el informe. El socio francés aportaba los terrenos del centro comercial, comprados con el préstamo de Pujol júnior y valorados en cuatro millones de euros, y consentía “un pacto de preferencia en beneficio de Imisa, en el caso de que decidiera vender las acciones que tiene en el capital de la nueva empresa”.

En el registro del despacho de Jordi Pujol Ferrusola, los agentes intervinieron diversa documentación sobre estas operaciones y un informe en el que se señalaba que la empresa explotadora del centro comercial esperaba tener unos ingresos de 38 millones de euros y un valor neto (ya descontados los costes) de 17.750.000 euros.

“Connotaciones delictivas”

“Acorde con las dinámicas propias de nuestras investigaciones de blanqueo de capitales, emprendemos el análisis de las operativas anteriores, observando su desarrollo económico/financiero plasmado en las cuentas contables y bancarias, a la par que su previsible conexión a otras circunstancias con connotaciones claramente delictivas, incriminatorias para Jordi Pujol Ferrusola y Francis Gendre, además de otros que iremos introduciendo”, dice el informe de la Policía.

El dinero de Pujol júnior, por otro lado, no fue ingresado directamente en la sociedad francesa, sino en un despacho notarial francés, que luego, supuestamente, se los debía entregar a Gendre. “En España, estos hechos serían sospechosos de blanqueo de capitales, dado que es necesario reproducir en las escrituras notariales la trazabilidad de los fondos”. Pero advierten de que la transacción se produce en territorio francés e ignoran si era acorde con la legislación del país vecino.

La conclusión es que Pujol júnior prestó los 900.000 euros iniciales para inyectar en la compañía francesa Parc Saint Julien, “de forma que esta tuviera liquidez para afrontar la compra de la finca de Perpignan (…) comprometiéndose a la vez a realizar las gestiones administrativas para construir un centro comercial en el terreno, donde actualmente hay plantadas vides, de lo que se infiere que las gestiones administrativas estarán vinculadas al cambio de uso del suelo”. En otras palabras, que los socios esperaban una recalificación (o un ‘pelotazo’) inmobiliario para forrarse los bolsillos.

La relación de Pujol Jr. con Perpignan

Pujol Ferrusola ya estaba conectado con la ciudad de Perpignan al haber comprado el equipo de rugby USAP de esta localidad (él mismo había sido jugador de este deporte en el FC Barcelona). Para conseguir levantar el club, pidió a su padre, Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat, que le inyectase fondos públicos, y de este modo articuló un convenio con TV3 para retransmitir partidos del club francés (negándose a retransmitir partidos de equipos españoles) y pagando al club de Perpignan alrededor de 80.000 euros anuales.

El alcalde de la ciudad era, entonces, Jean Paul Alduy, un hombre condecorado por Jordi Pujol con la Creu de Sant Jordi y que contaba con el apoyo de Unitat Catalana, un partido pancatalanista que gozaba de los parabienes de los nacionalistas. Por si fuera poco, en 1997 impulsó “la catalanización de la toponimia del catastro de Perpignan” (el dato es aportado por 'Enciclopedia catalana'), lo que años más tarde haría Jordi Pujol Ferrusola con todos los documentos de la USAP. Los contactos políticos con Alduy, no obstante, recayeron sobre los hombros de Gendre, que “el 3 de octubre de 2007 ya conocía que se iba a aprobar el expediente, aun cuando la resolución del alcalde dataría de 13 días después”. Y efectivamente, el 16 de octubre de 2007 Alduy aprueba el permiso de construcción del centro con un techo de 47.218 metros cuadrados de suelo edificable. En mayo de 2008, el grupo internacional Codic compró la propiedad y sus derechos por una cuantía no especificada.

La primera ‘disfunción’

Los policías detectaron que, a pesar de recibir 900.000 euros de Jordi júnior, compró los terrenos del centro comercial por 750.000 euros, lo que supuso “la primera disfunción detectada en la operativa”, ya que “estas estipulaciones de la nueva sociedad —desconocida hasta la fecha—, supuestamente capitalizada con cuatro millones de euros cuya integridad se asociaría a los terrenos aportados por Francisc Gendre, valorados en cuatro millones de euros, sin embargo, se compraron por 750.000 euros en octubre de 2006, y unos días más tarde se aportan a la sociedad multiplicando exponencialmente su valor, al incorporarse como fondos propios bajo la suposición evidentemente del cambio en el uso de la calificación del suelo”.

En otras palabras, lo que se describe es un auténtico pelotazo urbanístico, al multiplicar por cinco el valor de los terrenos en un plazo de menos de un año. Lo curioso, sin embargo, es que los investigadores detectan que en los asientos contables de Imisa, los 900.000 euros no figuran como préstamo, sino como “inversión Carré d’Or”. Ello, para los investigadores, denota un “ánimo de justificar de forma adulterada los movimientos de capitales introducidos”.

En otro de sus párrafos, los investigadores de la UDEF reseñan que “huelga decir que todas estas circunstancias concomitantes son indiciarias de conductas asociadas a la corrupción política, y serían aún más evidentes en el caso de que se cofirmara que Francis Gendre ejerció algún tipo de representación política en Francia”.

Los investigadores admiten que, al ser un proyecto de fuera de España, “las fuentes disponibles para esta instrucción policial son limitadas”. Pero también explican que, por informaciones que se pueden obtener a través de internet, el proyecto urbanístico “ha causado una gran controversia social, con la oposición del actual alcalde de Perpignan, que todavía en fechas recientes ha intentado anular la construcción y los permisos concedidos inicialmente basándose en su ilegalidad”.

Posible evasión de capitales

Posteriormente, en abril de 2014, Pujol júnior prestó otros 500.000 euros a Gendre a través de la sociedad Active Translation a un interés del 10% anual, con reembolso del interés y del capital en abril de 2016. En este caso, Gendre garantizaba la devolución con una vivienda de Perpignan que había escriturado a nombre de la sociedad Domino Saint Joseph.

Esta operación, no obstante, “se incardinaría dentro de lo que se ha considerado una fragua por Jordi Pujol Ferrusola de un procedimiento global para descapitalizar su patrimonio en España, para evitar la presumible acción de la justicia, consistente en el embargo preventivo como medida cautelar real, de su patrimonio adyacente, para que sirva de garantía a las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse. Para llevar a cabo sus propósitos, se acudió al recurso tan manido de fingir la existencia de préstamos para amparar la salida de divisas desde España”. Los investigadores resaltan, no obstante, que el ‘préstamo’ aún no se ha devuelto (vencía en abril de 2016).