Así pagan las mordidas: adjudicaciones bajo sospecha de la Agencia Catalana del Agua

La Agencia Catalana del Agua (ACA) no gana para sustos. En los juzgados de Barcelona se investiga el desvío de varios millones de euros que esta agencia pública desvió a empresas de Joan Lluís Quer, un antiguo directivo que luego volvió a la Generalitat como el todopoderoso hombre de la obra pública catalana. Ahora se le presenta otro frente: el fiscal anticorrupción de Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, presentó una querella por presunto desvío de fondos a empresas de familiares de otro directivo, Xavier Latorre, que se pudo haber embolsado más de 165.000 euros en mordidas.

En una inspección de Hacienda en la compañía Gambit, se descubrió un documento en el que se especificaba: “Hay que retribuir a Xavier Latorre del ACA por su intervención en el torrent de Can Rocamora (Mas Rampinyo) por un importe total de 165.500 euros de los que nos corresponden 82.500 a nosotros. Pactamos que pagaremos ahora 22.500 mediante facturas en diciembre, otra parte el año que viene y otra parte el año 2012”.

Eso fue suficiente para iniciar una investigación que terminó descubriendo toda una trama societaria para cobrar mordidas a cambio de beneficios en las adjudicaciones públicas de la Agencia. El precio pagado, no obstante, fue luego algo superior, ya que sobrepasó los 184.000 euros. Junto al funcionario del ACA (organismo público que en los momentos de los hechos se hallaba en quiebra técnica), son acusados los empresarios Andrés Puigfel, propietario del grupo empresarial Puigfel, Luis Marsá, administador único de Inmobiliaria Can Clos y responsable del grupo empresarial La Llave de Oro (donde se integran también las sociedades Gambit y Tres Torres), y Belén Latorre, hija del directivo y representante de la compañía Fase Arequipa, a través de la que se cobraron los presuntos sobornos.

Según el escrito, está acreditado que entre 2010 y 2012, la constructora pagó a la empresa de los hijos de Latorre 184.727,52 euros por ‘asesoramiento’

Para beneficiar a sus amigos, según el fiscal, Latorre firmó una resolución autorizando obras por un presupuesto de 1,8 millones de euros, cuando las obras costaban casi cuatro millones. De este modo, eximió a los promotores “de realizar parte de las obras, atribuyéndoselas a Adif, como reposición de servicios afectados por el tramo de alta velocidad, lo cual abarató más el proyecto. Pues bien, dicha resolución fue dictada a propuesta del acusado Latorre, fechada el día 1 de julio anterior, propuesta que determinó completamente el sentido de la resolución autorizante”.

Su intervención, dice el fiscal, “no respondió a su obligación de servir con objetividad a los intereses generales, ni resultó imparcial, sino que iba encaminada a beneficiar caprichosamente a la Junta de Compensación en la que se integraban las mercantiles controladas por los también acusados Andrés Puigfel y Luis Marsá. Para ello, Latorre dio por buenas las obras con un presupuesto injustificadamente reducido, determinando así que su superior dictara una resolución objetivamente arbitraria sin ser consciente de ello”. La decisión, añade el texto, “no respondió a necesidades objetivas y acreditadas que fundadamente condujeran a la misma, sino al mero deseo personal, motivado por su ánimo de lucro”.

El contrato sospechoso

Para cobrar el dinero, el directivo de la ACA hizo que una empresa en la que participaban sus cuatro hijos, Fase Arequipa, realizara facturas a las compañías constructoras beneficiadas. “El soborno de Latorre se materializó principalmente en los pagos que tuvieron lugar entre 2010 y 2012 con amparo aparente en el contrato de ‘asesoramiento y consultoría’ fechado el 15 de diciembre de 2009, firmado por el administrador de Consfel, Àngel Güell Font, y la administradora de Fase Arequipa, la acusada Belén Latorre”. Así, según el escrito, está acreditado que entre 2010 y 2012, la constructora pagó a la empresa de los hijos de Latorre un total de 184.727,52 euros por ‘asesoramiento’. Esas facturas, dicen los fiscales, “no respondieron a servicios reales, sino que fueron mera apariencia documental con la que enmascarar las ilícitas dádivas satisfechas al funcionario acusado”. Y subraya que lo pagado fue finalmente algo superior a los 165.500 euros pactados.

Esas facturas, dicen los fiscales, “no respondieron a servicios reales, sino que fueron mera apariencia documental con la que enmascarar las dádivas"

Cuando Fase Arequipa comenzó a cobrar, Xavier Latorre ya no estaba en el puesto anterior, pero los compromisos se mantuvieron, por algo los empresarios se habían beneficiado de una sustancial rebaja de los gastos derivados de la adjudicación. El primer pago se realizó el 5 de octubre de 2010 por un valor de 53.100 euros, correspondientes a las supuestas asesorías de los tres primeros trimestres. En enero de 2012, se emitió la última factura.

Los fiscales piden siete años de prisión para el directivo de la ACA (cinco por cohecho pasivo y dos por falsedad en documento mercantil), así como inhabilitación especial por ocho años por prevaricación y diversas multas que ascienden a 90.000 euros. Para los dos empresarios piden también siete años a cada uno por los mismos delitos, pero doblan las multas: deberán pagar 180.000 euros por cabeza. Y para la hija del funcionario, cuatro años de prisión (dos por cohecho pasivo y dos por falsedad en documento mercantil) y multas que ascienden a 27.000 euros.