el ministro de agricultura
La Fiscalía de Huelva sobresee el caso de Planas por el robo de agua en Doñana
El ministro queda desimputado por no existir “indicios relevantes” en los hechos durante su etapa como consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
La Fiscalía de Huelva ha dictado el sobreseimiento de la causa contra el actual ministro de Medio Ambiente, Luis Planas, y otros dos ex altos cargo de la Consejería andaluza de Medio Ambiente por la extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana. Entiende “que no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la formulación de acusación”. “La única conexión de los reseñados investigados con los hechos es el hecho de haber ocupado como titular la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía o la Secretaria General de Agricultura y Alimentación” y “no resulta acreditada a nivel indiciario y según la doctrina constitucional (...) una intervención puntual y relevante o una omisión análoga de aquella en relación con las fincas y explotaciones y en concreto con los hechos objeto de investigación penal que haya facilitado su comisión”.
El fiscal delegado de medio ambiente en Huelva, Alfredo Flores, firma este escrito después de que el PP hubiera pedido la dimisión de Planas por esa imputación. El Gobierno de Pedro Sánchez respaldó al ministro, tras la dimisión de Màxim Huerta en Cultura, a la espera de que se produjera esa desimputación. El sobreseimiento ya había sido anticipado desde 2016 en tres informes anteriores del fiscal del caso.
La antecesora de Planas como titular de la Consejería de Agricultura, Clara Aguilera, también fue desimputada en su momento
Los hechos por los que Planas estaba imputado se remontan a su etapa como consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía. Ocupó esa responsabilidad desde mayo de 2012 a septiembre de 2013. En un auto de 11 de mayo de 2017, a Planas se le abrió procedimiento, junto a otras dos exaltos cargos de esa consejería (la exsecretaria general de Agricultura, María Isabel Salinas, y la exdirectora general de producción agraria, Judit Anda), y era investigado “por su participación en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En concreto se le investigó como responsable “de no iniciar los trámites de regularización de las explotaciones y de permitir el uso continuado de estos recursos hídricos con conocimiento de la afectación del acuífero 27 y el deterioro subsiguiente del medio natural del Parque de Doñana”
Planas estaba procesado junto a otras 17 personas y siete entidades por supuestamente haber consentido la extracción de agua mediante pozos ilegales en la finca de Matalagrana. Estos terrenos, propiedad del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), habían sido cedidos en 1996 a los agricultores mediante convenio con el ayuntamiento de Almonte (Huelva) para ser explotados y dedicados a los frutos rojos. De ahí que también dos exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez Iglesias (PP) estén imputados y el fiscal mantiene la causa contra ambos por este asunto.
Planas estaba procesado junto a 17 personas por supuestamente haber consentido extraer agua mediante pozos ilegales en la finca Matalagrana
La antecesora de Planas como titular de la Consejería de Agricultura, la actual eurodiputada Clara Aguilera, también fue desimputada en su momento al considerar el fiscal que “no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos”. El responsable del ministerio público había igualmente advertido, el pasado diciembre, de que no iba a formular acusación contra Planas. El fiscal Flores valoró positivamente el contenido técnico del último recurso interpuesto por Planas. No obstante, previamente se había negado a cerrar las diligencias hasta en dos ocasiones.
Las competencias de aguas de la Junta fueron muy limitadas. En virtud del Estatuto de Autonomía, tras su reforma, ejerció la gestión de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir desde 2009 pero un recurso de la Junta de Extremadura tumbó en el Constitucional ese traspaso y Andalucía devolvió las competencias en 2011. Por eso, durante la etapa en la que Planas fue consejero de Agricultura, ya la Junta no era titular de la cuenca.
En este contexto, la Fiscalía ya había anticipado que no podía determinar “con la mínima seguridad jurídica en un proceso penal, que los investigados en el marco de dicha administración (Junta de Andalucía) hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento”.
Cárcel para agricultores y exalcaldes
La Fiscalía de Huelva, en la calificación de acusación de la causa Matalagrana, señala a los titulares de once explotaciones agrícolas del entorno de Doñana y a dos alcaldes de Almonte, del periodo 2009 al 2012, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente de este espacio natural al apreciar riesgo de daño grave al equilibrio de los sistemas del espacio natural de Doñana por extracción ilegal de aguas subterráneas. Pide para cada uno de los titulares de las once explotaciones agrícolas tres años y diez meses, una multa de veinte euros durante veinte meses y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Para los dos alcaldes de Almonte solicita imponer la pena de dos años y diez meses de prisión, multa de quince meses con una cuota diaria de doce euros y con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Además, consta que se han abierto expedientes sancionadores a la empresa investigada, no sólo por dicha administración sino también por la estatal, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivier (CHG).
La finca Matalagrana se concedió al Ayuntamiento de Almonte en el año 1996 a través de un convenio con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria para la realización de una experiencia de introducción de técnicas de cultivo de fresas. Comenzó con 72 hectáreas y en sucesivos convenios se amplió hasta las 222 hectáreas. El consistorio, a su vez, firmó unos convenios con la Asociación de Agricultores de Matalagrana para cederles su explotación a cambio de un canon.
La causa tiene una extensión de unos 3.500 folios en la pieza principal y 1.000 en la pieza de medidas cautelares. Fue declarada compleja por elevado número de investigados y peritos que han realizado las pruebas periciales de consumo de agua y riego para Doñana.