La Junta sanciona a Unicaja Banco con 3,1 millones por cláusulas abusivas en hipotecas
El procedimiento se inició en 2016 tras la presentación de 537 denuncias, en medio de una campaña de la Inspección de Consumo. La entidad dice: "Todo es claro y transparente"
El Gobierno andaluz vuelve tras las vacaciones con multas. Y gordas. La Junta de Andalucía ha sancionado a Unicaja Banco con más de 3,1 millones de euros por la inclusión de cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio. El procedimiento se inició en 2016, tras la recepción de 537 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo por la inclusión de ‘cláusulas suelo’ en las escrituras.
La sanción incluye 650.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en casi 2,5 millones de euros, según informa la Junta. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pasado por alto esta sanción a la entidad financiera andaluza, que cotiza en Bolsa desde el pasado mes de junio. No ha querido mencionar la multa.
Unicaja señala que las condiciones generales utilizadas por la entidad en los contratos de préstamos hipotecarios son "claras, transparentes y ajustadas a Derecho. Por su parte, la entidad tiene previsto presentar el recurso correspondiente a esta resolución. En el expediente, la entidad ha hecho alegaciones muy fundadas, y que se espera sean atendidas en la vía jurisdiccional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones".
Para la Junta de Andalucía se trata de "cláusulas abusivas" que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario, por ejemplo, reservando a éste facultades para interpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato; imponiendo garantías desproporcionadas al riesgo asumido, o estableciendo la renuncia del prestatario al derecho a la notificación en caso de cesión del préstamo. Esta práctica conlleva una sanción de 300.000 euros”, dice un comunicado del Gobierno andaluz.
De un importe de 350.000 euros es la multa por incumplir el deber de información de prestación de servicio, concretamente sobre las ‘cláusulas suelo’. Estas se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable (fundamentalmente euríbor) y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la propia hipoteca, la persona consumidora seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del euríbor.
Posición relevante en el mercado
Para la fijación de las cuantías se han tenido en cuenta como agravantes el perjuicio causado a los consumidores (valorable en más de 50.000 euros) y la posición relevante del infractor en el mercado. Respecto a este último punto, la entidad sancionada contaba en 2012 con 690 de las 3.061 oficinas de cajas de ahorro en Andalucía (el 22,5%).
Además de la legislación que se aplica en esta sanción, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materia. El texto aporta una serie de mejoras respecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se debe proporcionar a quien suscribe un préstamo hipotecario y, además, extiende la protección a los avalistas.
Facua denunció en 2013 a una veintena de entidades y en junio de 2014, la Secretaría General de Consumo de la Junta, adscrita a IU, ya anunció que iniciaría expedientes sancionadores
Según datos de la Consejería de Salud, la Dirección General de Consumo ha recibido en lo que va de año 12.650 reclamaciones y ha atendido 31.820 consultas a través del servicio multicanal Consumo Responde. El sector bancario aglutina 1.293 de las primeras (un 10,22%) y 2.081 de las segundas (6,53%).
Facua denunció en 2013 a una veintena de entidades y que en junio de 2014, la Secretaría General de Consumo de la Junta (una de las Consejerías que estaban adscritas a IU -socio de la Junta en esa época) ya anunció que iniciaría expedientes sancionadores contra alrededor de una veintena de bancos por las cláusulas suelo.