Las puertas giratorias echan humo en Andalucía: todos los exconsejeros colocados

El último Consejo de Gobierno en Andalucía antes de las vacaciones ha dejado bien colocados a todos los miembros del Ejecutivo de Susana Díaz que salieron en la última crisis. La presidenta propició cambios en su gabinete inmediatamente después de perder las primarias para impulsar la gestión tras dos años de actividad empañada por su intento de saltar a Madrid. Todos esos exconsejeros menos uno han sido premiados con un sillón en una empresa pública.

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el nombramiento del exconsejero de Salud, Aquilino Alonso, como director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía. Alonso, que lidió con todas las mareas por la sanidad pública en sus dos años de mandato y salió muy quemado del área de Salud, salta ahora a esta empresa pública que nada tiene que ver con su perfil profesional. En la web de la agencia no figura el sueldo de su director que tiene consideración de alto cargo. El sueldo asignado es de 60.150 euros al año, como secretario general de Innovación, Industria y Energía.

El exconsejero de Salud es licenciado en Medicina y Máster en Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales. Antes había sido viceconsejero, desde 2013. La Agencia de la Energía es una empresa pública que depende de la Consejería de Empleo. Su director tiene reconocimiento de alto cargo de la administración autonómica.

Un clásico: los Puertos

También ha tenido su sillón la exconsejera de Agricultura, María del Carmen Ortiz, que ocupará la presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería. Que los puertos andaluces sean destino de ‘glorias’ políticas es todo un clásico. Ortiz, al frente de la consejería desde 2015 a 2017, ocupó antes la presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. Ha sido diputada en el Parlamento andaluz, el Congreso y el Parlamento Europeo y también concejal en el Ayuntamiento de Almería. Suma muchos trienios ya en la vida pública.

Según especifica su web, las Autoridades Portuarias son “Organismos Públicos con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de los del Estado”. “Están adscritas al Ministerio de Fomento a través del Ente Público Puertos del Estado y se autofinancian por tasas y tarifas”, indica la información oficial. En este caso el nombramiento de Ortiz depende directamente de la Consejería de la Presidencia andaluza.

También encontró sin problemas acomodo profesional la exconsejera de Educación, Adelaida de la Calle que ha preferido la presidencia de la Corporación Tecnológica de Andalucía que volver a su puesto en la Universidad de Málaga, donde fue rectora.

La Corporación Tecnológica, conocida por sus siglas CTA, es una fundación privada, fundada en 2005 con el impulso de la Junta, integrada por 158 empresas. El nombramiento de su presidente recayó en su patronato, aunque el consejero de Economía junto al secretario general de Universidades acudieron a felicitar a las empresas por su decisión. De la Calle reemplazó en la presidencia a Joaquín Moya Angeler, que llevaba once años en el puesto. Una de sus principales misiones es incentivar proyectos de I+D+i y nació con la vocación de poner en contacto el mundo de la universidad y la investigación con la empresa. De la Calle es catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga.

El exconsejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, tomó posesión como rector de la Universidad Internacional de Andalucía tras cesar en su cargo en junio. Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, fue también concejal en la capital malagueña y presidente de la Autoridad Portuaria de esta misma ciudad. Por ser incompatible con el rectorado de la UNIA, entregó su acta como diputado andaluz. Su paso por el Gobierno andaluz, donde aterrizó en 2013 primero en Economía y después en Empleo, le llevó a lidiar con asuntos conflictivos como los ERE o la revisión de todos los expedientes de la formación, además de los problemas judiciales con la autorización de la mina de Aznalcóllar.

De todos los miembros del Gobierno andaluz que salieron en junio sólo el exconsejero de Justicia, Emilio de Llera, renunció a cualquier sillón público y a su acta de diputado para volver a ocupar su puesto de trabajo en la Fiscalía de Sevilla, donde había pedido una excedencia.

El régimen de incompatibilidades en Andalucía se endureció en 2005 en una ley que fue motivo de polémica entre los partidos políticos. Los altos cargos en la administración autonómica tienen régimen de dedicación exclusiva y no podrán volver a la actividad privada durante los dos años posteriores a su cese en el caso de asuntos directamente relacionados con el que cargo que hayan ejercido.

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Cesantías e incompatibilidades

No pueden ocupar además cargos en empresas privadas que trabajen con la administración pública ni hacer tareas de asesoramiento. A cambio, tienen derecho a asignaciones económicas tras el cese. La ley señala que los exconsejeros tendrán derecho “durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades una pensión indemnizatoria mensual igual a la dozava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado”. Esta redactado de forma que se haga casi imposible saber cuánto les correspondería. Para los ex altos cargos la cesantía es de un mes de sueldo por cada año de ejercicio. Estas asignaciones son incompatibles con otros sueldos públicos o privados.

La Junta de Andalucía publica en su portal de la transparencia el número de ex miembros del Gobierno que cobran cesantías. En la actualidad, perciben esas indemnizaciones un total de cuatro ex altos cargos que cobran mensualmente entre 4.525 y 5.535 euros.

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