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La sentencia de Mercasevilla, otro gran fracaso de la juez Mercedes Alaya

La magistrada, ex titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, envió al banquillo a los hoy absueltos en esta trama, que fue el origen del caso ERE.

La juez Alaya en una conferencia en la Universidad de Granada, el pasado mes de enero (Efe).

El legado de la instrucción de la juez Mercedes Alaya salta otra vez por los aires. Alaya ha comprobado de nuevo como su tesis de macrotrama de corrupción en Andalucía no han prosperado. La última prueba, esta mañana, tras la sentencia donde se absuelven a todos los procesados en la trama societaria del caso Mercasevilla. La juez ha argumentado que no existió ninguna irregularidad en la adjudicación de los terrenos del mercado de abastos a una filial de la constructora Sando, que participó y ganó el concurso de la venta de suelos.

La resolución judicial en este antecedente de la trama de los ERE, el caso que instruyó con mano firme Alaya hasta que abandonó la instrucción para aspirar a una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, supone un revés para Alaya, que en abril de 2015 decretó la apertura de juicio oral en el caso de la venta de suelos en Mercasevilla.

La juez estrella, que ahora da conferencias tras un largo lustro de un absoluto mutismo sobre sus opiniones y argumentos jurídicos de su instrucción, envió al banquillo a Antonio Rodrigo Torrijos, exportavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, mano derecha del exalcalde del PSOE Alfredo Sánchez Monteseirín, y al exasesor del grupo municipal socialista, Domingo Enrique Castaño.

Alaya también detalló presuntos delitos de fraude y prevaricación al exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet; que compartió en Bruselas una célebre mariscada con Rodrigo Torrijos; al exedil socialista Gonzalo Crespo; el letrado Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés y a la exjefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamante.

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La cúpula del grupo inmobiliario Sando, radicado en Málaga y uno de los más importantes de Andalucía, también se vio afectada. No sólo por el procesamiento del presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, sino también de su hijo, el vicepresidente y consejero delegado, Luis Sánchez Manzano, además del exvicepresidente del área inmobiliaria del grupo, Luis Miró. Sobre todos ellos pedía Alaya una fianza de 33,2 millones de euros. Han quedado absueltos.

La juez consideraba que, "de los indicios" expuestos a lo largo del procedimiento, "puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma".

“Creación artificial de un precio”

La instructora ya alertó que las referidas entidades habrían participado en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, "constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes entre Realia Business, Sanma (a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este, DUSE) y Edamar (a través de Noralia), así como las relaciones puntuales que, a través de UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participantes" en el concurso.

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