La escalada de la luz obliga a Sánchez a rectificar y adelanta el hachazo a las eléctricas

Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes detraerá lo que considera "beneficios extraordinarios" de las eléctricas y destinará esos importes a reducir las facturas del gas y de la luz. Un "amortiguador", según ha explicado en una entrevista en TVE, que las empresas "se pueden permitir" para "redirigir" sus beneficios a los consumidores. Esta medida se añadirá a la rebaja de tributos en la factura, que también se aprobará hoy.

La crisis en el alza de precios, que este martes mantendrá el coste del megavatio/hora en el mercado mayorista por encima de los 153 euros, ha llevado al Gobierno a tomar el atajo del real decreto-ley, la vía legislativa más urgente que en un principio rechazó para limitar el beneficio del sector energético. Se busca así un efecto inmediato en la bajada de la factura, aunque con el riesgo de que el denominado 'hachazo' pueda ser recurrido por las eléctricas y posteriormente tumbado por los tribunales si no cuenta con un buen armazón legal.

En junio pasado, el Ejecutivo optó por aprobar un anteproyecto de ley para limitar parte de los ingresos de las eléctricas y destinarlos al pago de otros conceptos en la factura, que posteriormente se envió como proyecto de ley el 3 de agosto para tramitarlo por la vía de urgencia. Se trata de minorar los beneficios para aquellas tecnologías (nuclear, hidráulica y algunas instalaciones eólicas anteriores a 2005) que no sufren el impacto de las emisiones de CO2. El Gobierno estimaba que, con los precios de las emisiones de entonces (54 euros por tonelada), el importe de la minoración de los beneficios de las eléctricas sería de unos 625 millones. Ayer cerró en 61 euros.

Pero el trámite parlamentario lleva su tiempo y las previsiones iniciales eran que la medida no entraría en vigor hasta entrado 2022. Lo que buscaría ahora el Gobierno es un efecto equivalente, pero por real decreto. Según el diario El País, esto podría hacerse limitando los beneficios derivados de la subida del precio del gas.

Preguntado por la cuantía que será intervenida a las compañías energéticas, Sánchez se remitió a otra medida distinta, la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que también fue enviada al Congreso en junio, pero mencionó una cifra similar: "Ahora mismo en la tramitación que hay en el Congreso de los Diputados del Fondo de Sostenibilidad para el CO2 no emitido estamos detrayendo [...] 650 millones de euros a estas empresas, que van a ir a beneficio de los consumidores finales [...] y otro tanto vamos a hacer también con el gas".

La máxima ahora del Gobierno pasa por tranquilizar a la ciudadanía con el compromiso de que los hogares acabarán pagando a finales de este año el mismo coste por la luz que en 2018, descontando el IPC. De ahí el esfuerzo de asumir una importante caída en la recaudación al eliminar de la factura de la luz la práctica totalidad de los impuestos. A la extensión de la bajada del IVA de la factura del 21% al 10% y la suspensión del impuesto de generación eléctrica del 7%, se añade la eliminación temporal del tributo de la electricidad que grava la factura en un 5,11%.

La escalada del precio de la luz se ha convertido en un problema de primer orden para el Gobierno de coalición, contrastando la realidad de los hogares españoles con el discurso de la “recuperación justa”, el nuevo 'leitmotiv' de Moncloa como continuación del “no dejar a nadie atrás”. La retórica de sus socios de coalición, Unidas Podemos, desentendiéndose de la gestión del Gobierno y hablando de este en tercera persona para exigirle actuaciones urgentes que palíen el encarecimiento de la factura, da cuenta de lo que está en juego y de los altos costes electorales. Se trata también del principal asunto en el que está poniendo el foco la oposición. El PP aprovechará la sesión de control a Pedro Sánchez en el Senado, la primera que se celebra este curso político, para cuestionar al presidente y exponer sus propuestas para abaratar el recibo.

Los morados han celebrado las medidas anunciadas por Sánchez. "Frente a las eléctricas que se lucran a costa de un derecho básico, el Gobierno debe proteger a la gente", argumentaba la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien se anotó el tanto de que "nuestro socio en el Gobierno haya aceptado algunas de nuestras propuestas para regular el mercado eléctrico y bajar la factura de la luz". La vicepresidenta segunda y líder del sector de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, valoró por su parte, respecto a la medida de detraer beneficios de las eléctricas para destinar al recibo de la luz, que "el bien común está por encima de las cuentas de resultados de las grandes empresas".

El pasado viernes, Belarra había advertido durante la última reunión de la dirección de su partido de la necesidad de elevar el escudo social porque “en los próximos meses el Gobierno se juega su reelección”. La pérdida de poder adquisitivo debido a un encarecimiento del coste de la vida por encima los salarios choca con las expectativas dibujadas por Sánchez. Una realidad que pone en duda el discurso de la recuperación en que Moncloa está centrando todos sus esfuerzos comunicativos. O lo que es peor, alerta de una recuperación a dos velocidades, que solo se notaría por arriba y no por abajo.

Fuentes de Moncloa han reconocido que al Gobierno le ha faltado pedagogía. Una lectura por la que tras la vuelta de vacaciones el Gobierno se propuso explicar mejor la complejidad de esta crisis, con múltiples aristas y marcos regulatorios que limitan la capacidad de actuación, y hasta se intentó forzar un perfil más combativo de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Nada de esto parece estar sirviendo frente al martillo pilón de las noticias diarias sobre los precios máximos que no paran de concatenarse. Un marcaje continuo señalando récords históricos que, como en la anterior crisis con la prima de riesgo, visualiza en números la magnitud de un problema que se agrava, y con ello la alarma social y la desafección.

De la creciente desafección social por la escalada de precios se derivan no solo las exigencias de Unidas Podemos sino también del resto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez, como quedó patente este lunes durante el pleno de arranque del actual periodo de sesiones. Todo ello en un contexto en el que se inician las negociaciones para los Presupuestos del próximo año, poniendo en dificultades al Ejecutivo para poder sacarlos adelante “en tiempo y forma”, como se pretende desde Hacienda y como el propio Pedro Sánchez trasladó a los parlamentarios socialistas durante una reunión interparlamentaria la pasada semana. Estos posicionamientos, sin embargo, favorecerían que el Gobierno pudiese contar con los apoyos necesarios para que el Congreso no tumbe su decreto sobre el hachazo a las eléctricas, con la duda del PNV.

La mayoría de los partidos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez había fijado en la negociación de los Presupuestos el objetivo de presionar al Ejecutivo para que se estableciesen mecanismos que frenasen el alza en la factura de la luz. Unidas Podemos también amenazó con utilizar la negociación para el borrador de los Presupuestos, aunque "sin líneas rojas", según fuentes moradas del Gobierno, para que se escuchen sus exigencias en fijar precios máximos a las energías nuclear e hidroeléctrica. Hace un año, Podemos se alineó con ERC y EH Bildu para forzar políticas de vivienda a través de una enmienda a los Presupuestos. Algunas formaciones aliadas del Gobierno, como Compromís o Más País, incluso avanzaron que aprovecharían cualquier asunto o negociación para elevar su presión.