El Gobierno abre la puerta a que Junqueras participe en la mesa de diálogo

Indultos, reforma del delito de sedición y disposición para aceptar la participación de Oriol Junqueras en la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern. Moncloa mantiene su apuesta decidida para desescalar el conflicto con Cataluña y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha evitado rechazar la última petición de ERC, que pasa porque su líder, ahora en prisión, participe como representante de la parte catana en la mesa de diálogo. Montero ha negado que esta propuesta se haya planteado formalmente y que la premisa pasa porque los participantes sean miembros del Gobierno y del Govern, pero en todo caso se ha abierto a escuchar al 'president' Pere Aragonès, cuando se reúna con Pedro Sánchez en Moncloa, por "si se pudiera plantear".

Los gobiernos serán quienes designen finalmente la composición de la mesa diálogo. Según ha aclarado Montero, "a lo largo de estas próximas semanas, las delegaciones trasladarán cuáles son los nombres que la compondrán", evitando censurar así la presencia de Junqueras y dejando la puerta abierta a lo que decida la delegación de la Generalitat.

El nombre de Junqueras lo sacó a colación la portavoz de ERC Marta Vilalta, quien aseguró sobre esta posibilidad: "Es innegable que nos gustaría muchísimo que pudiera ir, es evidente". Tal es la intención, que desde ERC plantean que la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat se atrase hasta septiembre para incluir a Oriol Junqueras en la delegación catalana. Es decir, para que comience, hará falta que Junqueras tenga de manera previa su indulto, ya que en este momento está cumpliendo una condena de 13 años en la cárcel de Lledoners por el intento de sedición. Desde el Gobierno evitan poner plazos a la celebración de la mesa de diálogo, pero sí avanzan que primero se producirá la visita del recién investido 'president' de la Generalitat a Moncloa, como también lo hará la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno ha redoblado sus esfuerzos para hacer pedagogía sobre la medida de gracia a los condenados del 'procés', asociándolos a la resolución del conflicto catalán y justificándolos por un "interés general". La portavoz del Ejecutivo ha defendido que se están intentando "abordar los problemas con valentía y audacia". Problemas que ha achacado al anterior Ejecutivo, "una situación que no fue provocada por este Gobierno, sino que heredamos". En esta línea ha afeado que "el presidente no se esconde detrás de nada como sí hacían otros presidentes anteriores".

Para el PSOE, los indultos son una cuestión de Estado, y el rechazo frontal de la oposición conservadora ha sido puesto en cuestión desde el Gobierno porque "no todo vale en política y no todo se puede politizar". Montero ha lamentado que PP, Ciudadanos y Vox vuelvan a "repetir la foto" de Colón, en referencia a la manifestación convocada contra los indultos y a la que acudirán los líderes de estas tres formaciones. "Yo creía que había quedado para la historia", ha concluido para indicar que estas "actitudes de partidos de la derecha ya fueron contestadas en las urnas".

De forma paralela a los indultos, el Ministerio de Justicia prepara la reforma del delito de sedición, según ha confirmado la ministra portavoz, para "homologar" este tipo penal a los países de nuestro entorno. Con todo, ha querido precisar que el hecho de que se trabaje de forma paralela en la reforma no significa que se tramite a la vez que la medida de gracia. La reforma del delito de sedición facilitaría la vuelta a España de quienes se fugaron de la Justicia. Con el regreso el pasado mes de marzo de Meritxell Serret, tras tres años fuera de España, se rompió la unidad de los huidos del 'procés'. Ahora pesa orden de detención en España del 'expresident' Carles Puigdemont, los 'exconsellers' Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí o la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La reforma propuesta se fija por una parte en la reducción de penas y, por otra, en una reformulación del redactado para adaptarlo al marco legal europeo y a las nuevas realidades. Si bien lo más probable es que ni Puigdemont ni los fugados de su entorno se plantearían su vuelta tras la reforma, se considera que su relato sobre la 'represión' quedaría neutralizado.

Este cambio en el Código Penal se fijó en un primer momento para finales del pasado año, incluyéndose en el plan anual normativo de 2020, pero las sucesivas citas electorales, empezando por las catalanas, fueron retrasándolo. El objetivo marcado era "adecuar y armonizar nuestro derecho a países del entorno". Sin embargo, desde Justicia, se reconocía que la adecuación del tipo penal afectaría al 'expresident' de la Generalitat si fuese finalmente juzgado. "Él no está condenado, por lo tanto, a su condena no [afecta]. Pero si puede ser juzgado, es una nueva normativa y, claro, sí se podrían realizar las calificaciones con ese articulado", llegó a explicar el ministro Juan Carlos Campo durante una entrevista en TVE el pasado mes de noviembre.