Sánchez ignora a Podemos en la reforma de las pensiones pero le da aire con el SMI

La tregua navideña no impedirá que el año 2021 comience con los mismos conflictos entre los socios de la coalición de gobierno con los que remata este primer año de legislatura, desde la reforma laboral o la de las pensiones hasta la subida del salario mínimo. Una tregua por la que también se ha aplazado el debate en otros asuntos como desahucios y cortes de suministros, que tras decretarse una prórroga hasta mayo volverán a ponerse en la agenda, según fuentes de ambos sectores del Ejecutivo. El primero, relativo a asegurar el realojo de las familias vulnerables que sufran un desahucio, se abordará cuando se negocie la ley de vivienda que está prevista llevar al Consejo de Ministros en el mes de febrero, y el segundo, cuando se levante la prohibición de los cortes de luz, agua y gas, coincidiendo con la finalización del estado de alarma. Si para Unidas Podemos son líneas rojas, las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su rueda de prensa este martes para hacer balance del primer año de legislatura alejan más que acercan hipotéticos acuerdos.

[Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España]

Si bien tanto desde Moncloa como desde Unidas Podemos niegan cualquier riesgo de ruptura, de agudizarse estas tensiones o acabar en desacuerdo, los morados no descartan votar diferente al PSOE en el Congreso, para lo que ya existe el precedente de la enmienda de los morados a los Presupuestos sobre desahucios. En este contexto, Sánchez apoya la hoja de ruta del ala ortodoxa de su Ejecutivo, liderada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Sobre la reforma de las pensiones, el jefe del Ejecutivo aseguró que se realizará, calificándola como "importante y fundamental", considerando que "trasciende el debate político". Una firme posición de partida que suavizó al añadir que en cualquier caso su pretensión pasa por llevar a cabo esta reforma comprometida con Bruselas, "clave de la bóveda del sistema de bienestar", con el acuerdo de todos los grupos políticos y los agentes sociales. Desde Unidas Podemos, sin embargo, establecen que en dicha reforma será una línea roja la propuesta con la que trabaja el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, relativa a elevar de 25 a 35 los años precisos para cobrar la pensión, lo que en la práctica supondrá bajar un 5,5% de media las nuevas pensiones.

En lo referente al salario mínimo, desde el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, aceptan como un mal menor que se haya prorrogado el SMI, al asegurar que al menos de este modo se permite seguir negociando en la mesa de diálogo social, abriendo la puerta a buscar una salida para su reactualización en los próximos meses. El pulso queda más o menos en tablas, porque se evitó a última hora la aprobación de un decreto promovido desde la vicepresidencia económica para congelar el salario mínimo durante 2021 —planeado ya desde septiembre— y, en su lugar, se promovió una prórroga, similar a la de 2019, que finalmente acabó con una subida el 4 de febrero. Según se recoge en el texto aprobado por el Consejo de Ministros este martes, la prórroga se establece "durante el periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado del salario mínimo interprofesional".

El objetivo de Trabajo sigue así intacto, y según fuentes del ministerio pasa por "llegar a una propuesta intermedia entre las partes", en referencia a sindicatos y patronal. Desde CCOO y UGT, calificaban la prórroga de manera positiva "hasta que se negocie un nuevo acuerdo de forma inmediata, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y dar continuidad a su función de servir de suelo o garantía salarial mínima para las personas trabajadoras", pero exigiendo que se agilice el diálogo social para llegar a un acuerdo lo antes posible y asegurando que "no hay ninguna justificación para no aumentarlo".

La propuesta de la CEOE, en cambio, pasa por la congelación, y la posición expresada por Sánchez se podría decir más cercana a la de los empresarios que a la de los sindicatos: "Cuando me pregunta por qué sí a los funcionarios y a los pensionistas y por qué no en el sector privado, es porque en el sector privado quien hace ese desembolso y ese esfuerzo es precisamente ese empresario al que le estamos aliviando porque necesita ese alivio para poder sobrevivir", concluía tras ser preguntado por qué el SMI no se sube un 0,9%, como las pensiones y el sueldo de los empleados públicos. Al mismo tiempo, calificó la situación de las empresas de "dramática", alejando cualquier compromiso de revisión del SMI. Sánchez daba así oxígeno a Unidas Podemos, facilitando al mismo tiempo una tregua navideña.

El debate sobre los desahucios se recuperará antes incluso de que expire la prórroga de paralizaciones en mayo, coincidiendo con la activación de la mesa de negociación sobre la futura ley estatal de vivienda a la vuelta de las vacaciones navideñas. Esta ley tendrá uno de sus principales ejes en la regulación de los alquileres, pero también en lo relativo a garantizar una alternativa habitacional en caso de desahucio. El ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, José Luis Ábalos, ya avanzó en un pleno del Congreso celebrado a finales de octubre respecto de esta norma, sin entrar a concretar, que incorporaría un "marco legislativo adecuado" para mejorar "las garantías legales y procesales" para personas afectadas por procedimientos de desahucio, "como garantías del cumplimiento del derecho a la vivienda".

La disputa en cuestiones conflictivas se aplaza y, por ende, estas se siguen acumulando, vislumbrándose una relación cada vez más compleja por la que no se descartan cambios en los protocolos de funcionamiento y coordinación entre los socios. El propio Sánchez dejó la revisión de estos acuerdos firmados al inicio de la legislatura entre PSOE y Unidas Podemos en el ámbito de decisión de ambas organizaciones. Los 12 meses de experiencia de coalición y el enquistamiento de las diferencias en cuestiones que ambos sectores entienden como trascendentales invitan a una relación más laxa en el plano parlamentario, además de que la estrategia de diferenciación de los morados para evitar una absorción electoral por el socio mayoritario también les exige eliminar ciertos corsés sin que por ello se les acuse de deslealtad o de buscar una ruptura de la coalición.