La defensa de Torra, ante el Supremo: "Se trata de una persona nacida fuera de España"

La presidencia de Quim Torra ya está en manos de cinco magistrados del Tribunal Supremo. El alto tribunal revisa desde este jueves la condena a año y medio de inhabilitación que le fue impuesta por negarse a quitar los símbolos independentistas de los edificios públicos en la campaña del 28-A y, durante la celebración de la vista pública, la defensa del líder independentista cargó contra los jueces y la Junta Electoral Central (JEC): "¿De dónde viene esto? Esto viene de tres palabras en una pancarta. 'Libertad presos políticos'", lanzó su abogado, Gonzalo Boye, nada más arrancar la vista. Para reforzar esta idea, el letrado no dudó en sostener que su cliente forma parte de "una minoría nacional" y, pese a ser natural de Blanes, Girona, lo presentó como "una persona nacida fuera de España".

En diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó al líder independentista a año y medio de inhabilitación por desobediencia, delito en el que incurrió al no retirar los lazos amarillos y la pancarta de apoyo a los presos del 'procés' de los edificios públicos, como le requirió la Junta Electoral Central (JEC). La sentencia destaca la "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" del 'president', de la que incluso hizo "alarde público", postura que el propio Torra mantuvo durante la celebración del juicio el pasado noviembre: convirtió su declaración en un desafío directo al sistema judicial. "Sí, desobedecí. Era imposible obedecer una orden ilegal", aseguró. "No vengo aquí a defenderme. En todo caso, vengo a acusar el Estado", llegó a decir.

Aquella estrategia le valió una condena, pero la defensa del 'president' considera que esta vino motivada por una falta de imparcialidad en todas las fases del proceso. Primero, en la propia JEC, que le ordenó quitar los símbolos después de que uno de sus vocales, Andrés Betancor, así lo solicitara: "Trabajaba por la mañana por la JEC y, por la tarde, a sueldo de uno de los partidos que era denunciante. Es evidente que el señor Betancour cobraba de Ciudadanos", recordó Boye este jueves ante el Supremo. "La JEC no era competente". A continuación, las críticas se extendieron al propio TSJC y, en concreto, a los jueces que le condenaron el pasado diciembre, a los que acusó de "parcialidad". "Están en juego los derechos de participación política", sentenció el abogado.

A la hora de desarrollar este último argumento, Boye defendió que Torra no participaba en el proceso electoral por el que fue sancionado, por lo que la JEC no era "autoridad superior" ante al 'president': "Hemos buscado distintas interpretaciones para ese trato distinto y solo se nos ha ocurrido una con base en el artículo 2 del tratado de la UE, que se trate de una minoría nacional, de otro modo no tiene ninguna explicación en derecho este trato distinto que ha tenido mi defendido", manifestó ante la sala. "Claro que no cumplió la orden de la JEC. No lo vamos a discutir. Si lo que hay que discutir es otra cosa", alegó. "Me parece una tremenda falta de respeto hacia este tribunal que haya gente dando por hecho que ustedes ya han decidido, que están deliberando sobre cosas que afectan mucho más allá que a Torra".

Términos jurídicos aparte, la intervención de Boye entró por momentos en política, como cuando comparó a Torra con la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo. El abogado hizo referencia a cómo la popular llamó "terrorista" al padre de Pablo Iglesias y defendió que dichas palabras no pueden ser sancionadas por gozar de inviolabilidad parlamentaria, tesis que trató de extender a su propio cliente: "Ese es el criterio claro de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, de ustedes señorías, respecto a la inviolabilidad de los parlamentarios. Nosotros creemos que tratándose de una persona como el señor Torra, nacida fuera de España, y de Álvarez de Toledo, también nacida fuera de España, los dos, siendo representantes políticos, tienen que tener el mismo trato y capacidad de expresarse".

Con este razonamiento, Torra trata de evitar la confirmación de la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por parte del Tribunal Supremo, lo que supondría ejecutar su inhabilitación como presidente de la Generalitat. Para ello, solicitó al alto tribunal una respuesta con la que "todos podamos convivir" de cara al futuro, una respuesta que resista "el paso del tiempo y el tiempo de los recursos". Una vez finalizada su intervención, la fiscal del Supremo, Pilar Fernández Valcarce, pidió impugnar todos los motivos del recurso de Boye: defendió la competencia de la JEC para sancionar a Torra y la imparcialidad del tribunal que le condenó, subrayando que sus órdenes en ningún caso eran de imposible cumplimiento por afectar a su libertad de expresión.