24.000 funcionarios de prisiones, pendientes del pacto entre el PNV y el PSOE

Más de 24.000 funcionarios de prisiones están pendientes del pacto entre el PNV y el PSOE para transferir las competencias de instituciones penitenciarias al País Vasco. Todos estos empleados públicos, que dependen de la Administración central, echan de menos tener información más detallada en estos momentos sobre cuándo se producirá este traspaso y en qué condiciones. Necesitan estos datos para decidir si se presentan o no al concurso de traslados que actualmente tienen sobre la mesa.

Algunos quieren pedir destino a alguna de las tres prisiones vascas y otros que ya trabajan allí se plantean precisamente lo contrario, buscar una plaza en otro lugar de España, porque así viven más cerca de su familia o por los motivos personales que cada uno tenga. Sin embargo, sobre todos ellos reina hoy la incertidumbre. No saben si finalmente habrá un traspaso de competencias y los que hoy trabajan en las cárceles de la comunidad autónoma por lo tanto pasarán a depender del Gobierno vasco ni, en el caso de que así sea, cuándo se producirá este cambio y qué conllevará para sus bolsillo o su vida familiar.

El problema es que los funcionarios tienen urgencia en conocer todos estos extremos, ya que tan solo tienen de plazo hasta el próximo 14 de julio para sumarse al concurso de traslados que ahora mismo se encuentra abierto. De lo contrario, perderán el tren. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) así lo denuncia. "Reclamamos al Ministerio del Interior que nos aclare en qué punto están las negociaciones y el calendario previsto para transferir la gestión de los centros", demanda el sindicato.

Desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, sin embargo, prefieren mantenerse al margen. "Nosotros nos limitaremos a ejecutar lo que decidan a nivel político llegado el momento, porque la decisión sobre las transferencias no la llevamos nosotros", explican desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El subdirector de Recursos Humanos de esta última sección, Eugenio Arribas, remitió recientemente una carta al CSIF para trasladar a los trabajadores que su departamento está estudiando la propuesta del sindicato de crear un grupo de trabajo que aborde las transferencias de competencias de prisiones al País Vasco.

Esto es lo que había reclamado hace meses CSIF, cuyo responsable de instituciones penitenciarias, Jorge Vilas, se congratula moderadamente por la respuesta de Arribas. "La Administración debe garantizar seguridad jurídica, pero nadie nos explica las condiciones en las que se hará el traspaso; nos responden esto después de meses, pero poco más", protesta Vilas, que explica que esto no solo afecta a los 800 funcionarios que trabajan en el País Vasco y podrían estar interesados en mudarse a otra plaza fuera de la comunidad autónoma, sino también a todos aquellos que están destinados fuera de esa región y quieren ir a Euskadi.

"Hay 300 plazas en Nanclares de Oca que aún no se han cubierto y que en el concurso de traslados se podrían cubrir", recuerda Vilas, quien incide en que un cambio de 'empresa' contratadora conllevará una modificación de condiciones y que todo esto está aún por regular. "Horarios, sanciones, salarios, si habrá o no una pasarela para pasar de un cuerpo a otro como ocurre en Cataluña... Deberá haber una ley que legisle todo esto", aventura el responsable de prisiones del sindicato. Fuentes de Instituciones Penitenciarias recuerdan que el convenio con Cataluña de trasvase de funcionarios ahora mismo solo funciona unilateralmente, ya que es únicamente la Administración dependiente del Gobierno central la que convoca plazas para funcionarios de prisiones que vienen de la comunidad autónoma, no se da lo mismo al revés.

Desde el Ministerio de Política Territorial, responsable de poner patas a esa negociación entre el PSOE y el PNV de cara a la transferencia de competencias, se niegan a hablar de plazos. "Estamos en campaña electoral y mientras esta dure no haremos ningún movimiento de competencias", aclaran desde este departamento, que además adelanta que la cuestión de prisiones está verde. "No se puede hablar de nada concreto aún", puntualizan, antes de resaltar que, en cualquier caso, la regulación concreta de este último asunto la trabajarán desde Interior.

Los gobiernos español y vasco se comprometieron a cumplir un cronograma para el traspaso al País Vasco de la treintena de competencias que están pendientes de materializar en el marco del "cumplimiento íntegro del Estatuto" de Gernika, entre las que destacaban el traspaso de Prisiones a lo largo de este año y la negociación de la cesión del régimen económico de la Seguridad Social, que se estableció para junio de 2021.