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LA JUSTICIA CONSIDERA PROBADOS LOS HECHOS

Los siete de Navantia: un juez falla contra el gigante público por hostigar a ingenieros

El jefe de Recursos Humanos amenazó a 14 empleados con echarles o trasladarles tras saber que habían demandado a la compañía pública; la mitad cedió a las presiones y desistió

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Adelantado en

El juzgado de lo social 2 de Cartagena ha condenado a Navantia por tomar represalias contra un ingeniero que había demandado a la empresa pública. El juzgado obliga a la mercantil a devolverle a su puesto y a indemnizarle por daños y perjuicios. Además, la sentencia relata que el "hostigamiento" que sufrió el ingeniero también lo experimentaron otros seis compañeros que, como él, habían denunciado que trabajaban subcontratados por otras mercantiles cuando en realidad lo hacían para el astillero de Cartagena, que ha anunciado que recurrirá.

El juzgado considera probado que en un primer momento fueron 14 los trabajadores (ingenieros todos) que iniciaron acciones legales contra la compañía y que, tras las presiones, la mitad de ellos sucumbió y retiró sus respectivas denuncias. Los otros siete continuaron adelante y, por eso, sufrieron las "consecuencias". Dos fueron despedidos por su empresa, Primary Net, subcontratada por Navantia. Los cinco restantes —pertenecientes a las mercantiles Abance, Quest y Soologic— fueron trasladados por sus respectivos jefes a otras ciudades a petición del jefe de Recursos Humanos de Navantia, Álvaro T. E.

Las demandas de los 14 ingenieros que tanto molestaban a Navantia ponían en evidencia una situación que podría suponer un quebradero de cabeza para la empresa pública en el caso de que otros empleados subcontratados se animen a interponer más denuncias. En concreto, se trata de una supuesta cesión ilegal de trabajadores en la que se encuentran los ingenieros, que contractualmente dependen de mercantiles externas pero que en la práctica llevan años destinados en los astilleros de titularidad pública. El objetivo del jefe de Recursos Humanos de la compañía a través de las mencionadas presiones, según considera probado la sentencia, era dar una reprimenda "ejemplarizante" a los 14 'atrevidos' con el fin de cortar por lo sano y "evitar futuras demandas de otros subcontratados".

El conflicto se originó el pasado 4 de noviembre, cuando tres ingenieros de Soologic —subcontrata de Navantia— denunciaron ante el Servicio de Mediación de Cartagena que estaban contratados por la citada empresa pero que en realidad llevaban años trabajando para Navantia, por lo que eran víctimas de una cesión ilegal de empleados por parte de su mercantil a la sociedad pública. Ese mismo día, otros 11 ingenieros de cuatro subcontratas más (Primary Net, Abance Ingeniería y Servicios, Quest Global Engineering y Applus Norcontrol) ejecutaron en paralelo la misma acción ante el organismo de arbitraje.

Submarino construido por Navantia, en el puerto de Cartagena. (EFE)

Sus respectivas empresas y Navantia se enteraron de la iniciativa dos y tres días después respectivamente. La dirección de la empresa pública no esperó ni una jornada para mover pieza. El mismo 7 de noviembre, los responsables del departamento de Sistemas de Control comunicaron a los 14 denunciantes la decisión de la dirección tras conocer su iniciativa: o retiraban la demanda ante el servicio de mediación o "habría consecuencias", según recoge la resolución del juzgado de lo social 2 de Cartagena a la que ha tenido acceso este diario. Los jefes de los ingenieros 'rebeldes' les dieron a estos un ultimátum para desistir de sus pretensiones: el plazo para echar marcha atrás acababa el siguiente viernes, 9 de noviembre.

Los 14 hicieron entonces un proceso de reflexión interna sobre el aviso que les habían dado sus superiores. Siete de ellos optaron por retirar las demandas por cesion ilegal en el plazo establecido. El resto siguió adelante a pesar de las intimidaciones. Diez días después del plazo establecido como límite para desistir, el 19 de noviembre, al salir del trabajo, los vigilantes de seguridad de Navantia les pidieron las tarjetas de acceso a los siete 'atrevidos' que habían decidido hacer caso omiso a las amenazas, les indicaron que tenían instrucciones de sus superiores y que a partir del siguiente día no podrían entrar en el astillero.

La pelota estaba entonces en el tejado de las empresas subcontratadas de las que dependían contractualmente los empleados represaliados. El 12 de diciembre, el director general de Soologic y su jefe de operaciones, siempre según la sentencia, se reunieron con uno de los tres subordinados que habían interpuesto inicialmente la demanda. En concreto, con Alberto B. G., precisamente el único que había decidido seguir adelante con la acción judicial y al que habían retirado la tarjeta de acceso (los otros dos empleados de Soologic habían desistido por las presiones). Los directivos comunicaron al ingeniero 'díscolo' que el director de Recursos Humanos de Navantia le había prohibido la entrada mientras continuara con la demanda por cesión ilegal. "Era una imposición" de Recursos Humanos de Navantia, le indicaron los jefes, que añadieron que ante esta orden "no podían hacer nada".

En ese momento, los directivos de la subcontrata ofrecieron al ingeniero denunciante hablar por teléfono con el responsable de personas de la empresa pública, a lo que el ingeniero accedió. Fue en ese momento cuando el jefe de Recursos Humanos de Navantia, Álvaro T. E., según considera probado la sentencia, le dijo con claridad al represaliado que, si quería seguir trabajando en Navantia, "estaba obligado a desistir" de sus pretensiones judiciales. Le aseguró además que, si seguía adelante, sea cual fuera el resultado del pletio, no volvería al astillero.

Según fuentes de la compañía, al menos hay 300 ingenieros subcontratados en los diferentes astilleros. "Eso sin contar otros tipos de profesiones; en total, en todos los niveles, hay muchos más", aseguran las mismas fuentes. Se trata de un elevado número de personas en una situación complicada que, en el caso de que todos ellos decidieran ejercer su derecho y denunciar a la sociedad por cesión ilegal de trabajadores, generarían un gran problema para la empresa pública, extremo que el responsable de Recursos Humanos quería evitar a toda costa con las represalias descritas.

Como el ingeniero de Soologic hacía caso omiso a las coacciones que venían desde arriba por orden de aún más arriba, el 26 de diciembre el trabajador de la subcontrata "recibió una comunicación" de su empresa que le ordenaba su traslado a Sevilla "por indicación de Navantia". El cambio tendría una vigencia inicial de tres meses, la mercantil argumentaba "razones productivas y organizativas" y no descartaba ampliar la estancia en la capital andaluza más allá de ese periodo. Alberto B. G., sin embargo, no había sido el único que sufriño este tipo de represalias.

"Una imposición de Navantia"

Sus otros seis compañeros 'díscolos' que también habían decidido seguir adelante con sus demandas habían recibido un trato parecido por parte de sus respectivas empresas. Cuatro de ellos, que estaban contratados por Abance y por Quest, habían sido trasladados a Cádiz y a Ferrol. Los dos que trabajaban para Primary, por su parte, habían sido despedidos, ya que esta mercantil no contaba con delegaciones en ningún otro astillero de España. Todas estas decisiones habían sido "una imposición de Navantia", según recoge la sentencia del juzgado de Cartagena, al comprobar que los siete habian optado por seguir adelante con sus demandas.

Mientras llegaba la fecha en la que se hacía efectivo el traslado, Alberto B. G. fue enviado a una zona destinada a acoger empleados externos de control de acceso hasta el 31 de diciembre. El 7 de enero debía reincorporarse a la plantilla de Sevilla, pero decidió no hacerlo. Primero pidió una licencia sin sueldo y posteriormente, a partir del 4 de febrero, se dio de baja médica por ansiedad, una situación que la propia sentencia achaca al comportamiento hostil de la empresa. "Se han irrogado daños de orden material y moral al trabajador por el único y mero hecho de iniciar un proceso judicial que está amparado constitucionalmente", sostiene la resolución, que afirma que el ingeniero sufre desde noviembre y aún hoy una revancha en toda regla.

En concreto, valora la resolución, ha sido expulsado de su puesto "antes de que finalice el contrato" y "proscrito" a otro lugar "junto a los que estaban en la misma situación, y a su vez separado de los que no habían reclamado o habían desistido". Además, continúa, "se ve obligado a pedir una licencia sin sueldo, a estar expuesto a un desplazamiento temporal a 600 kilómetros sin saber qué va a pasar después y a darse de baja médica por ansiedad a causa de la situación creada". "Y todo ello por ejercer una acción judicial que no se sabe qué recorrido puede tener y dirigirla contra una empresa que para colmo es pública", subraya el juzgado, que ordena tanto a Navantia como a la mercantil subcontratada, a la que considera corresponsable por asumir la represalia sin oposición "ni discrepancia alguna", hacerse cargo de la indemnización solicitada por Alberto B. G., que se eleva a algo más de 6.000 euros.

Esta cantidad, defiende la sentencia, "está más que justificada". "El trabajador no puede ser objeto de represalia por haber interpuesto una acción judicial", entiende la resolución, que ordena "reponer" al ingeniero "en sus condiciones de trabajo y en su puesto tal como era antes" de las intimidaciones. "Los hechos relatados constituyen una vulneración del derecho fundamental de garantía de indemnidad", considera el juzgado, que califica la reacción de los responsables de Navantia tras conocer la acción judicial de los trabajadores como "expeditiva y radical". "Hay desatada una conducta empresarial dirigida a cercenar un derecho fundamental del trabajador", resume la sentencia.

Marca España

El abogado Andrés Galán, representante del ingeniero represaliado, considera en declaraciones a El Confidencial que la resolución deja "rotundamente" claro que ha habido "una flagrante vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores", algo "impropio de una empresa pública que pretende ser referencia de la marca España". "Ha quedado acreditado que las represalias y traslados forzosos obedecían exclusivamente a la reclamación previa por cesión ilegal de trabajadores y que han sido impuestas por Navantia", afirma.

Desde el astillero, por su parte, explican a El Confidencial que recurrirán la sentencia. Argumentan que "el acceso a la plantilla" de la sociedad pública "ha de hacerse a través de los procedimientos acordados en el plan de empleo". "Todas las personas de las empresas colaboradoras que trabajan en Navantia dejan de prestar servicio en sus instalaciones a la finalización de sus contratos", sostienen desde la compañía, para argumentar que el servicio para el que estaba contratado el ingeniero que ha ganado la sentencia concluía a finales de año, extremo que para el juez no justifica la actuación de la mercantil pública.

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