El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un documento base sobre medidas organizativas y procesales destinadas a contribuir al plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma que recaba un centenar de medidas destinadas a hacer frente al incremento de la carga de trabajo que se prevé tras la progresiva normalización. Entre otras muchas propuestas que se dirigirán al Ministerio de Justicia se incluye la posibilidad de dictar sentencias 'in voce', aplicar mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados, habilitar de forma plena el mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales y la concentración para tratar de reducir el número de pleitos.
El documento pone en común las propuestas de los distintos grupos de trabajo técnico -uno para las medidas de carácter general y otro para cada orden jurisdiccional- que se constituyeron el pasado día 2 bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Cada grupo de trabajo ha estado dirigido por un vocal del órgano de gobierno de los jueces e integrado por letrados de la institución.
Entre las medidas de carácter general el CGPJ destaca la experiencia de la puesta en marcha de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas, que ha permitido, gracias a la concentración de la competencia para el conocimiento de esta clase de asuntos en una unidad judicial por cada provincia, evitar que toda la jurisdicción civil se viera afectada por esa ingente litigiosidad y, además, ha logrado uniformizar la respuesta judicial, reforzando enormemente la seguridad jurídica. Con base en esto, propone una especialización de los Juzgados en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial, como ya ocurre en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social.
El documento, del que tomará conocimiento este miércoles la Comisión Permanente, analiza también las circunstancias específicas de cada orden. Para la jurisdicción civil, que será de las más afectadas por las consecuencias económicas derivadas de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria, se prevé la entrada de un importante volumen de procesos concursales y otros en los que se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o pretensiones propias del ámbito del derecho de familia.
Multas por litigios sin fundamento
Se propone, por ejemplo, establecer cauces de unificación de criterios interpretativos que eviten respuestas judiciales encontradas y desincentivar las litigaciones sin fundamento mediante la regulación específica de la condena al pago de las costas procesales o la posibilidad de imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables.
Las consecuencias de las medidas de paralización de la actividad laboral adoptadas durante la pandemia afectarán a las relaciones económicas existentes entre los cónyuges, siendo previsible el ejercicio de peticiones de modificación de medidas por parte de los afectados por despidos o ERTE o las solicitudes de compensación de días de visitas a los hijos comunes. Para que los órganos especializados en esta materia, ya claramente sobrecargados, puedan reducir su tiempo de respuesta se propone el mantenimiento de los refuerzos acordados hasta el momento en los Juzgados de familia, la inmediata puesta en marcha de los Juzgados previstos para marzo y junio de 2020 y el establecimiento de un trámite de incidente de ejecución rápido para la resolución de las peticiones de compensaciones de regímenes de visitas para los progenitores que durante la vigencia del estado de alarma no hayan podido disfrutar del establecido por resolución judicial.
En el orden jurisdiccional civil y, en concreto, en la especialidad Mercantil, se pone el foco en la solicitud de procedimientos de insolvencia. "Su tramitación ágil y sin dilaciones facilitará la continuidad de muchas empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis, la obtención del máximo rendimiento económico de los activos, la salvación del tejido industrial y la conservación de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible", dice. Para ello, se considera urgente evitar que las reclamaciones en masa que en este momento no son prioritarias colapsen la tramitación de los procedimientos de insolvencia;
En el orden jurisdiccional penal, que no se encuentra entre los más afectados, se proponen medidas que parten, por ejemplo, de la existencia de un excesivo número de recursos frente a resoluciones interlocutorias, que pueden ser resueltos en un solo trámite, cuando no suprimidos o la incorporación de las nuevas tecnologías a esta jurisdicción para practicar determinadas pruebas o documentar actuaciones procesales esenciales.
Para el orden contencioso-administrativo, el que se ocupará de las sanciones por infracciones de las medidas de confinamiento o de dirimir responsabilidades patrimoniales, se propone un conjunto de medidas destaca incentivar los procedimientos tributarios, "en los que se acumulan importes que no pueden seguir paralizados ante los tribunales ante la coyuntura económica que se avecina". Solo en la Audiencia Nacional, los procedimientos en materia tributaria suponen una cuantía superior a los ocho mil millones de euros, de los que más de tres mil millones de euros están afectados por medidas cautelares.
Además, se plantea la aplicación de dos medidas específicas mientras permanezcan los efectos de las adoptadas para contener el Covid-19: la "legitimación colectiva" de sindicatos y asociaciones para impugnar determinado tipo de resoluciones, lo que permitirá concentrar en un solo procedimiento lo que podrían ser centenares o miles; y la ampliación de los recursos en vía administrativa en materia de contratos a los que se hayan visto afectados por las medidas contra el coronavirus.
Por último, el documento incide en el orden social que sufrirá un fuerte incremento de los procesos por despido, extinciones de contrato del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, reclamaciones de salarios en materia de prestaciones por desempleo y ceses de actividad de trabajadores autónomos. Se aboga aquí por generalizar la comunicación telemática de los Juzgados con los servicios de mediación, Fogasa u órganos de la administración. También potenciar las contestaciones por escrito, en lugar de presenciales, en determinados casos.
En materia de ERTE, se proponen modificaciones para facilitar las impugnaciones conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos, para contribuir a que la controversia se resuelva en un único pleito. Además, se sugiere introducir en la ley el carácter urgente de los procesos por despido o, alternativamente, una disposición de carácter transitorio que establezca que hasta el 31 de diciembre de 2020 tendrá también carácter de urgencia y preferencia en su tramitación cualquier reclamación por despido. Otra de las propuestas es reducir los recursos y fijar que las sentencias resolviendo las impugnaciones de los ERTE no sean susceptibles del de suplicación ni, en su caso, de casación ordinaria.