La Fiscalía investiga al menos 38 residencias por lo penal y abre 124 expedientes en lo civil
Dolores Delgado coordina las investigaciones en ocho comunidades autónomas, buscando no interferir en la actuación de los sanitarios frente a la pandemia
Dolores Delgado, fiscal general del Estado, en videoconferencia con responsables de fiscalías territoriales.
Por
Fernando Garea
La Fiscalía General del Estado investiga al menos 38 residencias de mayores en el ámbito penal y ha abierto 124 expedientes en lo civil, vía que incluye tanto a centros como a ancianos que residen en los mismos. El Ministerio Público, sin embargo, avisa de que las fiscalías provinciales pueden haber abierto diligencias que todavía no se han incluido en este recuento, dejando además en el aire los delitos por los que se investiga a las 38 ya confirmadas.
Según fuentes de la institución que encabeza Dolores Delgado, la Fiscalía ha dado instrucciones para que estos asuntos tengan prioridad, siempre que no interfieran en lo que es en este momento la prioridad máxima: la acción sanitaria para salvar vidas. Cada una de las fiscalías territoriales está obligada a dar informe permanente a la Fiscalía General para centralizar y coordinar la respuesta, pero ese recuento ha fallado y reconocen que las cifras facilitadas este viernes puede estar por debajo de las reales.
Según los datos de la Fiscalía, a día 15 de abril, en Castilla y León hay abiertas dos investigaciones; en Murcia, otras dos; en Canarias, una; en Castilla-La Mancha, cinco; en Valencia, una; en Madrid, 19; Cataluña, siete, y en Cantabria, una. Las investigaciones surgieron a raíz de conocerse la existencia de posibles casos de abandono en residencias, una vez que la UME (Unidad Militar de Emergencia) dio cuenta de establecimientos en los que podría haber ancianos fallecidos junto a otros no enfermos.
La Fiscalía General del Estado estimó que era más operativo distribuir las investigaciones a cada Fiscalía territorial, antes de centralizarla en una sola desde Madrid, aunque se mantenga la coordinación en una institución jerarquizada y con ramificación capilar en todo el territorio. Una de las instrucciones de la Fiscalía General del Estado pide “una particular atención al seguimiento de las circunstancias que puedan estar determinando especiales riesgos sanitarios, en ocasiones, con resultados luctuosos, respeto a aquellas personas ancianas que habitan en los centros residenciales de la más variada índole”.
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“Sin menoscabo del correcto ejercicio de nuestras funciones, se debe ser consciente de la sobrecarga que padece en este momento la estructura sanitaria y asistencial y que la Administración competente y los centros se hallan en una situación de precariedad y priorización en la que la actuación del Ministerio Fiscal no puede ser un elemento de distorsión o de menoscabo de lo prioritario”, añade.
Se explica que "lo que se solicita en concreto es que de forma centralizada cada fiscal superior recoja información sobre muertes que puedan estar aconteciendo en cualesquiera establecimientos residenciales de su ámbito; sin perjuicio de incoar diligencias de Fiscalía y practicar lo que sea menester en la forma y tiempo en que ello pueda casar mejor con el actual escenario asistencial, y, sin perjuicio de actuaciones urgentes tuitivas, sí conviene disponer de una información mínima y adecuada sobre la noticia que sobre el lugar residencial pueda tener la Fiscalía en sus archivos o la Administración competente, siendo cuidadoso en no incrementar innecesariamente el estrés que actualmente [Administración y centros] puedan sufrir y circunstancias asistenciales que, aun sin estar reflejadas en un acontecimiento de muerte, puedan estar suponiendo innecesarios y abordables escenarios de riesgo para los ancianos".
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Concluye explicando a los fiscales que “las comunicaciones han de tratar de ser escuetas, informativas y centralizadamente dirigidas a este correo manteniendo el asunto 'Seguimiento ancianos' para su mejor procesamiento”. Las actuaciones las coordina la fiscal general del Estado, con su equipo más próximo, por vía telemática con cada una de las fiscalías territoriales.
La apertura de las investigaciones no supone que necesariamente acaben en actuaciones judiciales, porque en muchos casos ni siquiera habrá tipificación penal, más allá de la posibilidad de que haya servicios sanitarios y asistenciales desbordados. Sí supone, según la Fiscalía, la posibilidad de establecer un mecanismo de vigilancia permanente.
El Gobierno pide información a las CCAA
En paralelo, el Gobierno solicitó el pasado domingo a las comunidades autónomas que facilitasen antes del miércoles "toda la información" sobre la situación de las residencias de mayores, sean públicas o privadas. Según Salvador Illa, ministro de Sanidad, se pidió esta información concretamente sobre unos centros donde habrían fallecido miles de ancianos en las últimas semanas. En muchos casos, no se han realizado pruebas que permitan determinar siquiera si la causa de la muerte ha sido por el contagio del coronavirus Covid-19. El ministro indica que con esta orden quieren tener "la foto fija" de lo que está pasando en los centros de mayores, ya que algunas comunidades han remitido datos al Gobierno, pero otras no.
"El presidente del Gobierno hoy ha puesto el acento en disponer de esa información", reseñó Illa, que considera "muy importante" tener esos datos cuanto antes. Las comunidades autónomas remitieron al Ministerio de Sanidad las primeras informaciones antes del miércoles, y desde entonces la tendrán que actualizar cada martes y viernes antes de las 21:00.