Más de 102.000 denuncias y casi mil detenidos durante el estado de alarma

Las fuerzas de seguridad han impuesto más de 102.000 denuncias y detenido a 932 personas por infringir las medidas de restricción de la movilidad decretadas desde el inicio del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, según ha avanzado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En una rueda conjunta con la ministra de Industria, Reyes Maroto, el titular de Interior ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, que en general están cumpliendo las normas, pero ha recordado algunas actitudes insolidarias, como la de los tres infectados por el coronavirus que han escapado de los hospitales donde estaban siendo tratados.

Marlaska se ha referido en concreto a dos enfermos que se escaparon de un hospital de la localidad madrileña de Leganés y a otro que huyó del centro sanitario de Benidorm (Alicante), aunque la Policía ha conseguido reingresarles con las medidas de seguridad pertinentes.

El titular de Interior ha indicado que se estudiará "decididamente" la responsabilidad, incluida la penal, de los tres pacientes ingresados por coronavirus que "abandonaron de forma indebida, negligente e imprudente" el hospital en el que estaban ingresados y de la que se dará traslado a la Fiscalía. Ha recordado que ya se han dictado algunas condenas por desobediencia, como la de un juez de Santa Cruz de Tenerife, que impuso 4 meses de cárcel a un ciudadano.

Respecto a la protección de los funcionarios de Prisiones y de los agentes de los cuerpos de seguridad, ha dejado claro que están a su disposición todos los elementos necesarios para evitar la propagación del virus. Asimismo, ha dicho que se han asegurado nuevas partidas de material que se distribuirán a corto plazo. "Estamos garantizando, como no podía ser de otro modo, que las fuerzas de seguridad trabajen conforme a los criterios de prevención de riegos laborales", ha enfatizado.

"Tienen medios y estamos comprometidos a que los seguirán teniendo", ha zanjado Marlaska. Preguntado sobre la petición del defensor del Pueblo y de algunas asociaciones para dejar en libertad a los internos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el ministro ha reiterado que se hace un estudio individualizado, "persona por persona", para ello. Y ha recordado que "toda persona ingresada cuenta con una autorización judicial" y si se observa que es imposible el retorno a su país de origen, se acuerda su libertad "con las garantías necesarias y precisas".

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