Eurodiputados investigarán en España por qué hay aún 379 crímenes de ETA impunes

El Parlamento Europeo enviará una delegación de diputados a España con el fin de investigar por qué sigue habiendo 379 asesinatos de ETA sin resolver. Así lo ha acordado el Comité de Peticiones de la Eurocámara con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox y el voto negativo de PSOE, Podemos y los nacionalistas. Este organismo tramitaba la reclamación presentada por la asociación de víctimas especializada en litigar en los tribunales contra el terrorismo Dignidad y Justicia, que ha hecho bandera de esta iniciativa que pretende acabar con la impunidad de los asesinos.

El PSOE, en la reunión previa a la aprobación, ha apoyado poner en marcha otra misión diferente con el fin de que la cámara la sacara adelante en lugar de la que hace referencia a los crímenes de ETA, dado que solo se puede aprobar una por país. La situación del Mar Menor, en concreto, ha sido la iniciativa respaldada por los socialistas. Finalmente, sin embargo, ha salido adelante la propuesta de Dignidad y Justicia gracias al apoyo de los grupos Renew (al que pertenece Ciudadanos), ECR (conservadores y reformistas en los que se encuentra Vox) y Partido Popular Europeo. Además de esta misión, el Comité de Peticiones ha aprobado igualmente otra misión a Alemania.

El grupo socialista ha explicado a El Confidencial que ha votado en contra en línea con lo que ya hizo el pasado noviembre, cuando se debatió por primera vez la puesta en marcha de esta misión, porque entiende que "el terrorismo en España ya se ha acabado" y que "la visita es innecesaria", ya que conlleva poner en entredicho la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, a su juicio, "es hacer un uso partidista" del terrorismo.

En los próximos días la Eurocámara decidirá qué eurodiputados forman parte de la delegación que se trasladará a España, qué instituciones visitan en el país, qué días y con qué autoridades se entrevistan. Entre estas últimas estaría la recién nombrada fiscal general del estado, Dolores Delgado, que afrontará entonces -en el caso de que sea una de las 'elegidas'- una situación comprometida. El 17 de noviembre de 2017, cuando aún era fiscal de la Audiencia Nacional responsable de terrorismo, el Comité de Peticiones le remitió una carta para pedirle explicaciones sobre lo que estaba haciendo su departamento para resolver los 379 crímenes de ETA pendientes.

La entonces componente del ministerio público no contestó a la misiva. Tras el silencio de Delgado, el organismo comunitario reiteró su petición el 2 de agosto de 2018, cuando ya era ministra de Justicia, como ha podido constatar El Confidencial, que el 4 de noviembre publicó que la responsable de Justicia no había respondido a ninguno de los dos escritos. Un día después de esta publicación en el diario -el 5 de noviembre de 2018, cuando estaba a punto de cumplirse un año desde la primera carta-, Delgado remitió por fin su respuesta al Comité de Peticiones.

"Este Gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra el terrorismo y el esclarecimiento de todos los crímenes cometidos por esta causa", esgrimía la ministra en su réplica, donde destacó como acciones encaminadas a reducir la impunidad "la fructífera colaboración policial y judicial entre España y Francia", la entrega de los más de mil documentos de ETA incautados en terrotorio galo que "pueden contribuir a esclarecer los más de 300 casos sin resolver" o el "grupo de trabajo" creado en la Audiencia Nacional para esclarecer los crímenes sin autor conocido.

Tanto el predecesor en el ministerio, Rafael Catalá, como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, el entonces fiscal jefe del tribunal, Jesús Alonso, el que era fiscal general del Estado en esa época, Julián Sánchez Melgar, y el Defensor del Pueblo en ese momento, Francisco Fernández Marugán, contestaron pocos días después de recibir el requerimiento, que pretendía conocer qué han hecho las instituciones judiciales y fiscales españoles para resolver los mencionados asesinatos y cómo podrían impulsarse cada uno de los procedimientos.

Los europarlamentarios que conformen la delegación que visitará España tienen que pertenecer a países diferentes al que recibe la misión. Además de la Fiscalía General del Estado, todos ellos se entrevistarán previsiblemente con responsables del Defensor de Pueblo, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, del Ministerio de Justicia, del Gobierno vasco o de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil.

El Parlamento Europeo abrió una investigación con el fin de tratar de conocer las razones de que existan tantos crímenes no resueltos -son casi la mitad de los que cometió la banda terrorista cuando estuvo activa- en 2017, a raíz de Dignidad y Justicia denunciara lo que consideraba una aberración jurídica. Varios miembros de la asociación, de hecho, viajaron hasta Bruselas para explicar ante los eurodiputados los datos que obraban en su poder sobre esta masiva impunidad. La plataforma, presidida por Daniel Portero -hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero asesinado por ETA en 2000-, denunció que hubiera tantos crímenes no resueltos a pesar de que España creó un tribunal (la Audiencia Nacional) y una fiscalía especializados en luchar contra el terrorismo tras las continuas matanzas perpetradas por ETA en los años setenta y ochenta.

Los representantes de Dignidad y Justicia expusieron ante la Eurocámara una investigación llevada a cabo por los abogados de la asociación que durante los últimos años habían ejercido la acusación particular en decenas de procedimientos judiciales contra componentes de la organización armada. La iniciativa, cuyo objetivo es reducir al máximo el elevado número de casos sin resolver, fue admitida a trámite en mayo de 2017. En su escrito de admisión, el Parlamento Europeo recordó que el hecho de que existan 379 crímenes sin autor conocido significa que casi la mitad de los asesinatos perpetrados por la banda en toda su historia (un 44%) se encuentra ahora mismo en un limbo jurídico, archivados o incluso perdidos en los propios tribunales, en línea con lo denunciado por Portero y otros colectivos de víctimas en diversas ocasiones.

La misma Eurocámara explicó en su web que Dignidad y Justicia había puesto de manifiesto "el incumplimiento por parte de España de su deber de llevar a cabo una investigación oficial, efectiva e independiente", dado que hasta el momento no ha podido "enjuiciar a los responsables ni indemnizar a las familias de las víctimas" de los 379 asesinatos. La asociación pidió abrir una investigación sobre por qué no se han resuelto estos expedientes, qué ha pasado con ellos, si pudiera haber alguien que los haya destruido intencionadamente y si podrían volverse a activar. En declaraciones a El Confidencial, Portero agradece a los populares, a Ciudadanos y a Vox "su compromiso" con la resolución de estos casos de asesinatos cometidos por ETA que siguen sin resolverse. El presidente de Dignidad y Justicia, además, critica duramente a los socialistas. "Les importan más los peces muertos del Mar Menor que sus propios concejales muertos", afirma Portero tras ser informado de que su iniciativa ha salido finalmente adelante.