Un juez acorrala a Aguirre y sentencia que Indra pagó facturas falsas a la caja B del PP

La Audiencia Nacional tiene cada vez más pruebas de que el Partido Popular se financió ilegalmente. Algunas son ya incontrovertibles. Un juzgado de Madrid ha resuelto que la tecnológica Indra pagó miles de euros a dos sociedades por trabajos inexistentes. La operación sirvió para desviar fondos públicos de adjudicaciones de los gobiernos de Esperanza Aguirre a sus propias campañas electorales. La sentencia, dictada de conformidad el pasado mayo, impuso a Indra el abono a la Agencia Tributaria de 466.000 euros y una multa adicional de 171.000 euros por haberse deducido irregularmente en el impuesto de sociedades los pagos por esos servicios ficticios.

El dictamen contra la cotizada, que no había trascendido hasta ahora, arroja luz sobre uno de los mecanismos clave de la presunta financiación irregular del PP que se investigan en el caso Púnica, un escándalo que estalló en octubre de 2014 y en el que se acumulan decenas de indicios sobre la existencia de una caja B en Génova que habría permitido a los populares concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y a las generales de 2008 con mucho más dinero del permitido por la normativa electoral.

El pasado 2 de septiembre, el instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dictó un auto que implica a Indra en la contabilidad opaca del PP madrileño. Según el magistrado, el gigante español de la ingeniería recibió sistemáticamente adjudicaciones infladas de la Comunidad de Madrid que luego movía mediante facturas falsas a proveedores electorales del PP a través de dos sociedades instrumentales: la empresa de formación Formaselect SL y la agencia de publicidad Lata Latina SL. Los fondos terminaron presuntamente siendo utilizados por Génova para sufragar gastos de campaña al margen de los organismos de fiscalización.

Las dos mismas empresas

El juez ha acordado la imputación de Aguirre, del presidente de Indra durante el periodo bajo sospecha, Javier Monzón, y de la propia multinacional como persona jurídica, entre otros. Espera que los interrogatorios, que tendrán lugar en los próximos días, permitan avanzar en esa línea del caso. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid ha recorrido ese mismo camino mucho más rápido y ha emitido su propio dictamen.

La sentencia de ese tribunal, a la que ha tenido acceso El Confidencial, considera ya acreditado que Indra pagó a las mismas dos empresas cuestionadas en Púnica, Formaselect SL ni Lata Latina SL, por trabajos que en realidad nunca se ejecutaron. La resolución expone que, al menos en 2013, la multinacional les habría abonado miles de euros sin ningún tipo de justificación comercial. Las facturas que teóricamente soportaban los pagos fueron fabricadas para dar apariencia de legalidad a los trasvases de dinero. Así, a efectos fiscales, Indra nunca debió haberlas computado como gastos, una irregularidad que le permitió rebajar artificialmente sus beneficios y, de ese modo, pagar menos impuesto de sociedades.

El veredicto se limita al ámbito tributario. Condena a Indra por un delito contra Hacienda. Pero de sus hechos probados se deriva un pronunciamiento en firme —Indra no lo ha recurrido— sobre el esquema de financiación ilegal del PP, al considerar demostrado que ni Formaselect ni Lata Latina trabajaron nunca para la empresa semipública, un hallazgo que apuntala la tesis del juez de Púnica de que el verdadero motivo por el que se realizaron esos pagos fue desviar dinero público hacia las campañas de Aguirre. La Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid concedía adjudicaciones infladas a Indra por importes millonarios y luego la tecnológica enviaba la diferencia al PP a través de las empresas instrumentales. Solo a través de Formaselect, Indra habría movido hacia Génova 1,1 millones de euros. En el caso de Lata Latina, los pagos irregulares ascienden a 3,3 millones de euros, como ya adelantó este diario.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 26 complica la estrategia de defensa de Aguirre y del PP, porque tendrán que enfrentarse en Púnica a una resolución que ya da por sentados hechos clave de la acusación a que se enfrentan. De hecho, el juez de Púnica menciona la condena a Indra, sin entrar en el fondo, como uno de los indicios que han motivado su decisión de imputar a Aguirre.

Inspección de Hacienda

El origen del procedimiento contra la compañía está en una inspección fortuita que la Agencia Tributaria abrió a la matriz y a algunas de sus filiales en diciembre de 2015. Según ha informado la propia Indra, Hacienda terminó su investigación en febrero de 2018 y, tras un periodo de alegaciones, le notificó una “propuesta de liquidación vinculada a delito por un importe total de 466.000 euros (incluyendo la cuota defraudada de 429.000 euros, interés y otros conceptos)”. La tecnológica hizo frente a esa cantidad en abril de 2018, pero eso no evitó que la Fiscalía se querellara contra ella.

El caso se instruyó en el Juzgado número 33 de Madrid y fue resuelto por el número 26 de lo Penal en una vista que finalizó el pasado mayo sin controversia, al llegar la compañía a un acuerdo con el Ministerio Público. Indra Sistemas SA fue condenada por un delito contra la Hacienda Pública. Además, se le impuso una sanción de 171.000 euros y la “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un plazo de nueve meses”. El juzgado tuvo en cuenta como atenuantes que ya había depositado los 466.000 euros y que había colaborado con la Justicia en ese proceso.

Indra informó a sus inversores de la condena en el 'Informe de revisión limitada de estados financieros' del pasado 30 de junio, aunque obvió el nombre de las dos sociedades instrumentales y las vinculaciones de estas operaciones con la trama Púnica. “Todos los hechos investigados son anteriores al año 2015, en el que se produjo el relevo en la presidencia y en la dirección de la compañía”, sostiene la compañía en un posicionamiento oficial remitido a este diario.

“Desde el año 2015, Indra ha actualizado y reforzado su sistema de prevención de la comisión de ilícitos por parte de sus administradores y empleados y, a tal efecto, entre otras muchas actuaciones, ha revisado y robustecido el Código Ético y de Cumplimiento y el Modelo de Prevención Penal, sobre los que hay un proceso de mejora y formación permanentes; se ha dotado de mayor independencia y medios a la Unidad de Cumplimiento y a la función de Auditoría Interna; se han adoptado medidas sancionatorias y disciplinarias cuando se ha detectado alguna actuación irregular; y se realiza un seguimiento continuo por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y el Consejo de Administración en esta materia”, señala la cotizada. También recuerda que ha colaborado con la Justicia y que ha remitido a la Audiencia Nacional cualquier documentación susceptible de contribuir al esclarecimiento de los hechos.