El juez decidirá el día 2 la imputación de Aguirre y Cifuentes por la caja B del PP

Una semana. Ese es el plazo para que vuelva al tablero la patata caliente de la financiación irregular del PP de Madrid. Fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que la Audiencia Nacional prevé pronunciarse sobre la solicitud de imputación de las dos presidentas del partido, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, nada más arrancar septiembre, el próximo día 2. Parece poco probable que el juez instructor se sustraiga a una petición reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, con el evidente peso que eso supone.

Así, a escasos días del inicio de la andadura del Ejecutivo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso, el nuevo gobierno de la Comunidad deberá enfrentarse a fantasmas del pasado que nunca han dejado de aparecerse. La citación de las dos máximas responsables 'populares' autonómicas y la del también expresidente Ignacio González, se impulsa en el marco de la pieza en la que se investiga la presunta caja B de Madrid: la entrada bajo cuerda de dinero negro que sirvió para dopar a la formación en tres citas electorales.

Bajo sospecha se encuentran las autonómicas y municipales de 2007 y 2011 y las generales del 2008. La petición de la Fiscalía lanzada hace unas semanas se produjo tras los últimos informes de la UCO que apuntaban a un conocimiento de Aguirre de la trama y a su presencia en alguna de las reuniones de trabajo.

Las idas y venidas de los fondos opacos centran su atención en Indra durante la etapa en la que estuvo presidida por Javier Monzón. Bajo la tapadera de presuntas relaciones comerciales con un grupo de mercantiles dedicadas teóricamente a la formación de empleados, la comunicación y la publicidad, trabajos que han resultado ser ficticios, salieron camino de las arcas del PP algo más de un millón de euros.

Si, como todo parece indicar, el magistrado cita a los tres expresidentes como investigados, todos ellos tendrán que responder por sus responsabilidades en esas campañas electorales. Al margen del presunto conocimiento por parte de Aguirre de los manejos de cargos a sus órdenes, Cifuentes fue entre los años 2004 y 2008 secretaria de Política Territorial del partido y para las elecciones de 2007 fue además responsable de movilización de la campaña del PP. Ignacio González ejerció como director de campaña de Madrid.

A su regreso de vacaciones, el magistrado tendrá que pronunciarse, además, sobre otra veintena de peticiones de interrogatorio formuladas en el marco de la macrocausa de Púnica por Anticorrupción en su escrito de 75 páginas en el que abogaba por reordenar la macrocausa y dejarla en 11 piezas.

Los brazos de la Púnica

La causa acumula más de 200 investigados y, hasta ahora, se divide en 16 'minicausas' separadas. El tronco de las pesquisas se centró inicialmente en el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, pero a cada paso que se daba en la investigación, nuevas ramas afloraban en el caso Púnica: la de la financiación ilegal del PP madrileño que presidía Esperanza Aguirre y en la que está involucrado su sucesor en la presidencia de Madrid, Ignacio González; la pieza sobre la trama en León, en la que está procesado el expresidente de la Diputación, Marcos Martínez; la que pone el foco en Murcia, que hizo caer al expresidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez; la que se refiere a la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez.

La que irrumpirá en el arranque de la andadura del primer gobierno de coalición del PP con Ciudadanos es la 9. Además del revuelo mediático que provocará una declaración de los tres pesos pesados, el calendario de declaraciones se alargará durante días y provocará un goteo constante con el foco puesto en la entrada irregular de fondos en la Comunidad.

Ya desde el debate de investidura, Ayuso se comprometió a liderar un Ejecutivo impermeable a la corrupción. "Tenemos el compromiso de 'tolerancia cero' con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones y la independencia e imparcialidad de los empleados públicos", indicó. Su toma de posesión este lunes contó con una Aguirre que dijo no estar preocupada por su posible imputación.