Habrá quien piense de él que es el 'enfant terrible' del constitucionalismo español y quien lo vea como un oportunista que le hace el juego a los independentistas catalanes. La realidad es que, desde hace más de diez años, Javier Pérez Royo (Sevilla, 1944) se ha convertido en una de las principales referencias de la izquierda radical y del movimiento independentista para sustentar con su criterio académico las críticas al modelo de Estado, a las decisiones del Tribunal Constitucional, a la Corona… A todo aquello que hace tambalear la democracia española. Este catedrático de Derecho Constitucional lo que dice es que, si se analizan sus críticas y previsiones, nunca se ha equivocado.
En su juventud, coincidió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla con la que después sería la cúpula dirigente del PSOE (Felipe González, Manuel Chaves, José Antonio Griñán…), pero se afilió al Partido Comunista, el único en el que ha militado aunque durante años colaboró activamente con el poder socialista de la Junta de Andalucía. En 2015, llegó a inscribirse en una candidatura de Podemos al Congreso, pero lo abandonó poco antes de empezar la campaña electoral; lo hizo por su amistad con Chaves ante el procesamiento de los ERE, para no participar en el acoso político al expresidente andaluz. Su obra se estudia en las universidades españolas; su último libro se lo dedica a sus nietas: 'La Constitución explicada a mis nietas'.
Pérez Royo
PREGUNTA. ¿Está usted seguro de que, tal y como están las cosas, sus nietas conocerán de adultas una Constitución española?
RESPUESTA. Lo importante de una Constitución es formarse bajo ella. Walter Bagehot, que era periodista, uno de los fundadores de 'The Economist', decía que quien entiende bien una Constitución no es la generación que la hace, sino la generación, las generaciones, que se educan bajo ella. Como mis nietas ahora. ¿Cuánto va a durar esta Constitución? Pues no lo sé, porque como no se reforma…
P. Pues verá, quizá el problema sea ese, que en España se ha hecho poca pedagogía de ese logro histórico de los españoles, como fue la Constitución.
R. La historia de la Constitución del 78 es una historia de éxito, de eso no cabe la menor duda. No existe parangón en la historia de España. Pero ese no es el problema; la patología constitucional española es la incapacidad de reformar la Constitución. No hay ningún sistema constitucional, por muy bien hecho que esté, que no necesite renovar su legitimidad. La legitimidad de esta Constitución es la de la Transición. Muy bien, la Transición, la Transición, la Transición… Nada más que hablamos de la Transición, pero es que aquello pasó. Ahora hay que renovar su legitimidad. El Senado, por ejemplo, es una vergüenza, es anticonstitucional, un aborto. Hay más: es necesario incluir el mapa autonómico en la Constitución, eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la Jefatura del Estado, la relación del Derecho español con el europeo…
El Senado, por ejemplo, es una vergüenza, es anticonstitucional, un aborto
P. ¿Está usted seguro de que en otros países democráticos la gente se cuestiona la legitimidad de su Constitución por el hecho de que no se reforme? En Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una constitución de más de dos siglos…
R. Este debate se plantea en todos los países del mundo con respecto a sus constituciones… Un Estado democrático funciona con la combinación de un principio de legitimidad y un principio de legalidad. El principio de legitimidad es la Constitución y el principio de legalidad es el resto del ordenamiento jurídico, que se renueva permanentemente, desde las ordenanzas municipales hasta las leyes orgánicas. Pero todo descansa en la presunción de legitimidad que solo tiene la Constitución. Digo presunción porque los ciudadanos se tienen que creer esa legitimidad. ¿Estados Unidos? Estados Unidos es Estados Unidos, aunque también se ha reformado de la misma forma que en todos los demás países, en todos: las constituciones se renuevan porque son democráticas y son democráticas porque se renuevan. En España, no lo hacemos.
P. ¿Usted cree que los problemas de España se resuelven modificando el Senado o incluyendo en la Constitución el mapa autonómico? Es que a veces se habla de reformar la Constitución cuando lo que se pretende es demolerla…
R. La Constitución no resuelve ningún problema; la Constitución no está para resolver problemas... La Constitución es la norma que hace posible que se resuelvan todos los problemas utilizando la política y de una forma jurídicamente ordenada. Y repito: de ahí la importancia de su legitimidad que se consigue cuando se renueva. Todas aquellas constituciones que no se renuevan, acaban saltando por los aires. En España tenemos bastante experiencia histórica y a esta Constitución le ocurrirá lo mismo si no nos convencemos de eso… Se hizo la Constitución del 78, nos tragamos lo que nos tuvimos que tragar, y ahora hace falta renovarla porque la reforma constitucional es la institución más importante de una democracia.
Pérez Royo
P. Me desconcierta que primero diga que la Transición es una historia de éxito y ahora añada que nos tuvimos que tragar… ¿Qué nos tuvimos que 'tragar'?
R. Pues las dos cosas más importantes del sistema político español, la monarquía y las Cortes Generales, que las pone Franco. La restauración de la Monarquía se produce en 1947 y las Cortes Generales están definidas en la Ley para la reforma Política, que también es previa al periodo constituyente. La Constitución lo que hace es asumir todo eso, junto al sistema electoral que estaba en el decreto de 1977.
P. ¿Por qué pone usted el acento ahí y no en que más del 90% del pueblo español aprobó esa Constitución? ¿O que la figura del Rey fue fundamental para una Transición modélica de una dictadura a una democracia, como reconocen todos los historiadores?
R. No podemos hacernos trampas en el solitario… La gente quería salir del franquismo y la Constitución se votó masivamente, sí, pero la gente no votó la monarquía.
P. De la misma forma podríamos decir que tampoco se votaron las autonomías…
R. No, eso es distinto porque había claramente un deseo en la sociedad española de un Estado descentralizado.
La gente quería salir del franquismo y la Constitución se votó masivamente, sí, pero la gente no votó la monarquía
P. En fin, me parece un gesto de cicatería no reconocer el papel del rey Juan Carlos en la llegada de la democracia. Y el prestigio popular que gozaba en aquellos años.
R. A ver, que la figura del Rey fue clave no se discute; él dirigió la transición desde las Leyes Fundamentales del franquismo a la Constitución. Pero dirige el proceso con la finalidad de garantizar la restauración de la monarquía y sabía que, a esas alturas de la historia, necesitaba una constitución democrática.
P. Si se oyen, o se leen, las memorias de los líderes de izquierda de la Transición, desde Felipe González a Santiago Carrillo, nadie dice que tuviera que 'tragar'; todos hablan de un acuerdo necesario para conseguir la democracia. Republicanos que se vuelven 'juancarlistas'…
R. Fue una imposición. Yo recuerdo una reunión del Comité Central del PCE en la que, en un momento dado, llamaron a Carrillo de la Presidencia del Gobierno, Adolfo Suárez. Sería abril de 1977, ya legalizado el Partido Comunista. Estábamos reunidos, lo llamaron y se ausentó durante dos horas. A la vuelta, Santiago nos dijo: 'Señores, la monarquía no se puede discutir. Si no nos comprometemos a sacar adelante la monarquía, se aborta el proceso constituyente'.
P. Estamos en lo mismo: también se puede afirmar que la monarquía en aquel momento era el pegamento necesario para que la democracia fuera aceptada por todos.
R. Bueno, esa es otra cuestión distinta. Pero Franco es quien impone la monarquía y al monarca, porque se salta la dinastía para que se viera claro que Juan Carlos era su decisión. Luego el Rey elige a Suárez y este es el que hace ver a todos cuáles son los condicionantes. A partir de ahí, tenemos una Constitución perfectamente democrática y lo que digo es que tendría que haberse reformado para ir levantando hipotecas y renovando su legitimidad.
La Constitución se ha interpretado como un punto de llegada y eso es una barbaridad, acaba mal. De hecho, ya tenemos muchos problemas: desde el 2014 o 2015, el sistema constitucional ya no está funcionando en España. Somos el último país de la Europa occidental en incorporarnos a una democracia constitucional y hemos sido el primero en tener que repetir unas elecciones por incapacidad para nombrar a un presidente del Gobierno. Luego vino la falsa investidura de Mariano Rajoy, porque no se sustentaba en una mayoría para gobernar, y la moción de censura estrambótica de Pedro Sánchez, inimaginable antes de la sentencia de la Gürtel. No se aprueban presupuestos, no se aprueban leyes…
P. Lo que usted quiere decir, entonces, es que en España lo que no funciona es la clase política, pero eso no tiene nada que ver con la Constitución. ¿No le parece?
R. La síntesis política que hace la sociedad española, que es en lo que consiste la democracia, con el marco establecido en la Constitución, no ofrece una fórmula de gobierno. El esquema de representación que se definió con la Constitución ha funcionado en estos cuarenta años, con el bipartidismo, pero ya no funciona. Eso se ve claro con el desmoronamiento de todos los partidos políticos. Parece que el PSOE se está librando, pero es que al PSOE se le aparece la virgen periódicamente…
P. Explíqueme, como si fuera a sus nietas, cómo se puede defender el derecho a la autodeterminación que no contempla ninguna Constitución, ni la española, ni ninguna.
R. El derecho de autodeterminación no existe. El derecho de autodeterminación es el derecho constitutivo de la democracia, usted se autodetermina eligiendo a sus representantes en su ciudad, en su comunidad, en el Estado y en Europa. Y los catalanes, por tanto, no están privados de ningún derecho porque tienen exactamente los mismos que el resto de ciudadanos del Estado. Dicen que están privados de derechos, pero eso no tiene sustento jurídico: lo que de verdad quieren decir es que no quieren ejercer sus derechos con el resto de los españoles, sino separados, de forma independiente... Vamos a ver, Cataluña es el gran problema constitucional de España. Desde siempre, desde antes de que existiera la Constitución. Ahí está la rebelión catalana del siglo XVII que ha estudiado Elliot, cuando Cataluña se separa de España y se une a Francia.
Vamos a ver, Cataluña es el gran problema constitucional de España. Desde siempre
P. En plena revuelta independentista, en octubre de 2017, escribió usted un artículo en 'Ara' en el que decía que lo que estaba pasando era la reacción de los catalanes "ante el golpe de Estado del PP a través del Tribunal Constitucional". ¿Cómo se puede decir eso y cómo puede decirlo un catedrático de Derecho Constitucional?
R. Pues sí, y además lo dije también mucho antes. En 2007, en un artículo en 'El País', tres años antes de la sentencia del Constitucional, en el que decía: 'se está fraguando un golpe de Estado en el Tribunal Constitucional y como triunfe el golpe, las consecuencias van a ser terribles'. Tres años después, es lo que sucedió.
P. Repito: en el momento en el que la Generalitat proclama la independencia y la desobediencia, usted dice que quien ha dado un golpe de Estado es el Tribunal Constitucional. Me resulta incomprensible…
R. Vamos a ver, formalmente, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia constitucional: materialmente, lo que hace es destruir los dos pilares en los que descansaba la constitución territorial y que se había pactado en la Transición, expresamente para Cataluña. Eso fue lo que consiguió al desautorizar el pacto entre los dos Parlamentos e ignorar el resultado del referéndum. A partir de entonces, en Cataluña hay una Constitución y un Estatuto, pero los ciudadanos no lo reconocen.
P. Querrá decir una parte de los ciudadanos.
R. La mayoría o, por lo menos, un número suficiente como para que no funcione nada. Y Cataluña tiene tanto peso que España no puede dirigirse democráticamente si no se dirige democráticamente Cataluña. Ese es el problema: los catalanes no tienen fuerza suficiente para independizarse, pero sí tienen fuerza para hacer imposible el funcionamiento democrático del Estado español. La independencia es un espejismo; cuando está lejana parece posible pero cuando se acerca, se desvanece.
Pérez Royo
P. ¿Ha seguido el juicio del 'procés'? ¿En España existen presos políticos?
R. En España no hay presos políticos, pero lo parece. A ver, mi opinión es que en España existe un Estado democrático y de derecho y una Justicia que, con sus problemas, es equiparable al resto de Europa. Pero la forma de responder al 'procés' no ha sido la de un Estado democrático y de derecho. Judicializar lo que ha ocurrido y plantearlo como un delito de rebelión es una barbaridad, vulnera la Constitución y se saltan derechos fundamentales.
P. Pero ¿cómo puede ser inconstitucional aplicar la Constitución y el Código Penal que incluye el delito de rebelión por declarar la independencia de una parte de España?
R. La rebelión es con violencia, que no se da en Cataluña… Vamos a ver, eso no es aplicar la Constitución, es judicializar un problema de naturaleza política. Una vez que se aplicó el 155 y se suspendió la autonomía, si se cometieron delitos, que yo creo que se cometieron, como malversación o desobediencia, tendrían que haberse llevado a los juzgados correspondientes, la Audiencia Provincial de Barcelona o el Tribunal Superior de Justicia. Saltarse todo eso, llevarlo a la Audiencia Nacional y concentrarlo en el Tribunal Supremo es una vulneración porque lo convierte en juez de primera y una única instancia.
P. ¿Cómo piensa que acabará la pretensión de Puigdemont de ocupar un escaño en el Parlamento europeo?
R. Puigdemont y Comín están fuera de España ejerciendo derechos fundamentales…
P. …están fugados de la Justicia española.
R. No, no, eso es un error. Ellos se van ejerciendo el derecho constitucional, artículo 19, de entrar y salir libremente del territorio del Estado.
Puigdemont y Comín están fuera de España ejerciendo derechos fundamentales
P. Está usted de broma, ¿no?
R. No, no, nada de broma. Hablo completamente en serio. Cuando ellos se van no hay ninguna orden de detención contra ellos. Y fijan su residencia en Bruselas. A posteriori, hay una orden de detención. Ellos no huyen de la Justicia y cuando los ha llamado un juez europeo, han acudido, se han defendido y se han mostrado dispuestos a volver en las condiciones que esos jueces han dictado, como ocurrió con el tribunal alemán de Schleswig-Holstein. Por lo tanto, lo que no podrá hacerse es impedirles que ocupen el escaño en el Parlamento Europeo porque, aunque a ellos no les guste, son ciudadanos españoles con todos los derechos que la Constitución les reconoce. Como el derecho de sufragio activo y pasivo. En este momento, son diputados electos, proclamados formalmente tras las elecciones. Con lo cual, gozan de inmunidad.
P. ¿Y sucederá lo mismo con Oriol Junqueras? ¿Cómo va a ocupar un escaño si sigue en prisión preventiva y en septiembre puede estar condenado?
R. Mi impresión es que Junqueras será también parlamentario europeo. Y si adquiere la condición de eurodiputado, junto con Puigdemont y Comín, lo que ocurrirá es que el Tribunal Supremo no podrá dictar sentencia porque tendrá que paralizarlo todo y pedirle el suplicatorio al Parlamento Europeo para poder proceder penalmente contra él. En esas, tendrán que ponerlo en libertad, al igual que al resto de presos en prisión preventiva.
P. Si eso sucede, en fin… Es un golpe descomunal para la demolición del Estado español.
R. Haber judicializado esto es una barbaridad, por eso había que resolverlo políticamente. Cuando eso sucede, el resultado es catastrófico. Ahora es imposible saber cómo puede acabar, cómo se puede recomponer todo… No lo sé… Lo que sí le digo es que, desde 2007, llevo avisando de todo lo que va a pasar y todavía no me he equivocado ni una sola vez.