La Audiencia limita la instrucción de Púnica y obliga a terminar en 14 meses

El 6 de junio de 2020. Esa es la fecha límite para la instrucción del caso Púnica, en el que se indaga la gran trama de corrupción en la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado noviembre que la investigación penal —que arrancó a mediados de 2014— se alargase otros cinco años, una solicitud ante la que el magistrado Manuel García-Castellón cedió en parte: dio 40 meses más para la instrucción y fijó el 30 de marzo de 2022 como línea roja. La decisión, sin embargo, fue recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahora acorta el plazo y obliga a los investigadores a pisar el acelerador para terminar en poco más de un año, explican fuentes jurídicas a El Confidencial.

La causa acumula más de 200 investigados y 16 piezas separadas. El tronco de las pesquisas se centró inicialmente en el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, pero a cada paso que se daba en la investigación, nuevas ramas afloraban en el caso Púnica: la de la financiación ilegal del PP madrileño que presidía Esperanza Aguirre y en la que está involucrado su sucesor en la presidencia de Madrid, Ignacio González; la pieza sobre la trama en León, en la que está procesado el expresidente de la Diputación Marcos Martínez; la que pone el foco en Murcia, que hizo caer al expresidente de la comunidad Pedro Antonio Sánchez; la que se refiere a la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez...

Tanto el juez como las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, pretenden aligerar el caso y reducirlo a alrededor de 10 piezas, explican las fuentes consultadas. De todos modos, en el escrito remitido al juez en noviembre para que se alargara el plazo, el Ministerio Público también incidía en las dificultades a las que se enfrentan para cerrar la instrucción: la carga que supone el expurgo del material que obra en el sumario, la ausencia de informes periciales relacionados con la investigación patrimonial de los negocios urbanísticos en Valdemoro y el atasco con las comisiones rogatorias en el extranjero para descubrir dónde han ocultado sus ganancias los investigados.

Tras alargar 40 meses más la instrucción y fijar el 30 de marzo de 2022 como línea roja, García-Castellón envió una providencia a la Fiscalía Anticorrupción instando a proponer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación. Como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, el magistrado se encuentra sobrecargado de trabajo, pues además de Púnica lleva Lezo, el caso Villarejo y Acuamed, entre otras causas.

De las 16 piezas de Púnica, sin embargo, ya se puede descontar la que versaba sobre el chivatazo de un guardia civil a Granados: el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel al exconsejero por aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público, sentencia que se basa en una filtración en el marco de la operación Púnica que perjudicó la investigación policial y generó un beneficio económico para el exconsejero de la Comunidad de Madrid. El alto tribunal ratificó además los dos años de prisión para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino por el delito de violación de secreto agravado, así como la pena un año y seis meses al agente en excedencia de este cuerpo José Luis Caro Vinagre, que entonces ejercía como asesor de la Comunidad de Madrid, por el mismo delito que Granados.

Con solo una pieza resuelta, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de fijar el 6 de junio de 2020 como fecha límite para la instrucción supone poner en marcha una cuenta atrás para sacar adelante las otras 15. La Fiscalía Anticorrupción y el magistrado tendrán ahora que acelerar el paso, una situación que trataron de evitar con sus solicitudes del pasado año.