Paulino, 'el Villarejo' de OHL que se grabó comprando a decenas de políticos corruptos

El caso sobre la presunta trama de sobornos que habría diseñado OHL para llevarse adjudicaciones por toda España valoradas en más de 700 millones de euros tiene su origen en un hallazgo sorprendente. La primera pista apareció en abril de 2017, durante los interrogatorios iniciales de la operación Lezo, un procedimiento dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en contratos de la Comunidad de Madrid y en la gestión de la empresa pública del agua, Canal de Isabel II.

OHL es uno de los actores principales de ese escándalo. Una de las piezas de esta macrocausa gira en torno a un presunto pago de 1,4 millones de euros que la compañía de Juan Miguel Villar Mir habría realizado al expresidente madrileño del PP, Ignacio González, para amañar el contrato de construcción y gestión de la línea de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación se cerró en 2008 en 364 millones de euros. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a las oficinas de la cotizada para llevarse diversa documentación relacionada con esa supuesta comisión ilegal y para tomar declaración a los directivos y trabajadores que pudieron haber intervenido en ella.

En uno de esos interrogatorios saltó el primer indicio. Una empleada que ocupaba un puesto de segundo nivel en el organigrama de la compañía deslizó a los investigadores del Instituto Armado en dos ocasiones, probablemente de forma involuntaria, que había un directivo de la multinacional que guardaba grabaciones de sus reuniones con funcionarios y dirigentes políticos de diferentes administraciones. El alto cargo al que se refería la empleada era Paulino Hernández, que en ese momento era director general de Obra Civil Nacional de OHL, es decir, el máximo responsable de la división de grandes obras públicas, la línea de negocio más rentable de la constructora con diferencia.

El registro de la vivienda

Aquellos comentarios sobre unas supuestas grabaciones sonaron tan naturales que no llamaron la atención de los agentes. Sin embargo, cuando terminó el interrogatorio, esas palabras empezaron a retumbar en sus cabezas. ¿Y si era cierto que un directivo de OHL tenía audios de sus negociaciones con políticos, técnicos y funcionarios de distintos organismos? ¿Y si en esas conversaciones aparecían hechos delictivos? La UCO solicitó entonces autorización al instructor del caso Lezo, el juez Manuel García Castellón, para registrar la vivienda de Paulino en busca de las supuestas cintas.

La diligencia de entrada en su casa se produjo solo unas semanas después de la primera fase de la operación Lezo. Lo que contó la empleada era verdad. Dentro de la vivienda de Paulino, los agentes encontraron un auténtico arsenal sonoro al más puro estilo del comisario Villarejo, carpetas y carpetas de grabaciones presuntamente realizadas por el propio directivo en las que aparecían decenas de funcionarios y políticos corruptos aceptando dinero y regalos a cambio de contratos de obra pública que alcanzaban importes astronómicos.

Las primeras estimaciones de los investigadores, que el pasado octubre entregaron al juez García Castellón un extenso oficio con sus conclusiones preliminares tras dedicar año y medio a analizar el contenido de los audios y cruzarlo con las licitaciones teóricamente adulteradas, apuntan a que OHL habría pagado presuntamente desde 2003 más de 40 millones de euros en comisiones. A cambio, la compañía controlada por la familia Villar Mir se habría asegurado la construcción de los puertos de Melilla y Granadilla (Tenerife), la variante de Baza y el puente de Loja (Granada), varios tramos de la Autovía de la Plata a su paso por Extremadura y el Cercanías de Navalcarnero, donde se habrían efectuado otros pagos además de la presunta comisión de 1,4 millones de euros que ya estaba siendo investigada.

El papel de Felicísimo Ramos

Solo esos proyectos ya suman 722 millones de euros. La lista de obras bajo sospecha es mucho más larga, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación. Paulino habría tenido un papel clave en los amaños, pero no sería el único directivo de OHL implicado. Las pesquisas sitúan en un escalón superior de la trama a un antiguo director de control de gestión jubilado oficialmente en 2013 que siguió cobrando de la empresa hasta 2016. Se trata de Felicísimo Ramos, un directivo que ya tuvo que declarar como testigo en el caso Roldán y que también ha aparecido anteriormente en el caso Lezo por su presunta implicación en el pago del supuesto soborno a Ignacio González.

"Por ahora, Paulino y Felicísimo son los principales investigados. Ambos fueron interrogados ya por la Fiscalía Anticorrupción en presencia del juez y coincidieron en negar los hechos que se les imputan. En los próximos días tendrán que desfilar por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional otros responsables de la cotizada, aunque las grabaciones podrían deparar nuevas sorpresas y afectar a su mismísima cúpula. Paulino no solo grabó a políticos y funcionarios. En su archivo también había conversaciones comprometedoras con otros altos cargos de OHL. Parece difícil que dos únicos directivos decidieran por su cuenta y riesgo pagar 40 millones de euros en comisiones para que la compañía que los tenía en nómina elevara sus ingresos en más de 700 millones.

Paulino ya no trabaja en OHL. Se incorporó al grupo en 1981, solo dos años después de terminar sus estudios. Desde entonces, había permanecido vinculado a la empresa. Sin embargo, en mayo de 2017, solo un mes después de que estallara el caso Lezo, se desvinculó de la constructora.