De 7€ en Cataluña a 3€ en Aragón: la ruina de ser abogado de oficio según donde ejerza

En Zamora no ha habido abogados en turno de oficio durante ninguna mañana de la pasada semana. Ni en las comisarías, ni en los cuarteles, ni en los despachos. Quien haya estado detenido en esta ciudad durante 72 horas -el tiempo límite de custodia establecido por ley- habrá recibido la libertad sin contar con un abogado de oficio que pudiera asesorarle.

Patricio Cuadra ha sido uno de los letrados que ha dejado de atender casos entre las 9 y las 13 horas de los días laborales. Como él, 125 abogados y abogadas de oficio más han obligado a postergar hasta después del mediodía más de una veintena de asistencias a detenidos y juicios rápidos, tal y como confirmó el Colegio de Abogados de Zamora.

"Gran parte de la sociedad nos ve con traje y cree que estamos montados en el dólar, que nos desplazamos en limusina", se queja Patricio. "Y sin embargo, hemos tenido que estar hasta seis meses sin cobrar".

La queja se hace fuerte en Castilla y León pero también se expande por Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla. Las siete regiones conforman el 'territorio ministerio', un término acuñado por los letrados para referirse a las autonomías donde las retribuciones de los abogados de oficio son responsabilidad del propio Ministerio de Justicia en lugar de las Juntas autonómicas y que, por tanto, se pagan con importes distintos. Un letrado público en el 'territorio ministerio' llega a cobrar de media tres veces menos que en País Vasco y dos veces menos que en Galicia por el mismo trabajo.

A pesar de que las retribuciones de más de 6.700 letrados (el 15% de los 45.500 de toda España) son desiguales y dependen exclusivamente del baremo del Ministerio de Justicia, no existe un organismo estatal que haga un seguimiento de los cobros y trabaje por equipararlos a las comunidades que tienen sus competencias judiciales transferidas.

La única institución que hace una recopilación exhaustiva es el Consejo General de la Abogacía Española a través de sus informes anuales. Estas cifras, recogidas y analizadas por El Confidencial, confirman el agravio comparativo que estos abogados vienen denunciando desde la década de los noventa.

Un ejemplo. Para un divorcio de mutuo acuerdo, los abogados de oficio cobran 162 euros en la zona común mientras que la cifra crecerá hasta los 180 en Madrid y los 347 en Cataluña. En el caso de un juicio ordinario en la jurisdicción civil, entre la 'zona ministerio' y la comunidad catalana hay una diferencia de más de 90 euros (de 321 a 414).

"He necesitado pedir dinero prestado"

Alrededor de un tercio de los abogados en ejercicio en España trabajan también en el turno de oficio. De hecho, las certificaciones para ejercer en la justicia gratuita no han dejado de crecer desde 2010, especialmente en Murcia, Melilla y Canarias.

La justicia gratuita -que engloba el turno de oficio, la asistencia letrada a los detenidos y casos de violencia machista- suele suponer una buena fuente de primeros ingresos para los estudiantes recién graduados en Derecho, además de ser una cantera de experiencia y aprendizaje. Incluso los más experimentados tienen que asistir periódicamente a cursos de adaptación en materias como extranjería o violencia de género.

Sin embargo, a la hora de ejercer, la frustración por las retribuciones crece por momentos. Patricio, como la mayoría de abogados de oficio, siente que el tiempo invertido en su trabajo no se ve reflejado en lo que cobra a final de mes. En una ocasión, su irritación llegó a ser tal que se negó a asistir un caso. Le llamaron en pleno invierno a las cinco de la mañana para prestar asistencia a un detenido en Puebla de Sanabria, a 112 kilómetros de la capital y sin autovía en ese momento.

"Además de la nieve, la presencia de animales hacen esas carreteras tremendamente peligrosas en invierno", recuerda. "Me sancionaron y en las alegaciones tuve que presentar la climática de la Aemet para demostrar que ese viaje era muy arriesgado".

Los baremos se actualizaron a finales del año pasado. Llevaban desde 2003 sin recalcularse

Si hubiera prestado ese servicio, el Ministerio de Justicia le habría pagado 50 euros de desplazamiento y 154,16 euros por asistencia al detenido. Con el actual baremo, si este letrado hubiera vivido en la Comunidad de Madrid -con las competencias transferidas-, en su cuenta habrían entrado 180,30 euros por el mismo trabajo, pero no gastos de viaje.

Los despachos de Patricio y Juan Carlos Mencía distan en más de 300 kilómetros y, sin embargo, comparten la misma situación. En su bufete en Toledo, Juan Carlos calcula que el 60% del volumen de trabajo se dedica a los casos de turno de oficio. Eso incluye también las guardias semanales y la disponibilidad de 24 horas en caso de tener que asistir a un detenido en comisaría.

"Una vez en Año Nuevo tuve que estar hasta las seis de la tarde en un juicio rápido", recuerda. "Siempre dejo el móvil encendido y si me llaman, no me queda otra". Sin embargo, cobra exactamente lo mismo aunque sea festivo o una hora nocturna: 80 euros por cada asistencia prestada. "Llega un punto en el que tienes que quitar de tu vida familiar para poder atender todo", asegura el letrado. "Y aun así yo he tenido la cuenta en números rojos y he necesitado pedir dinero prestado".

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Castilla-La Mancha y Castilla y León son, precisamente, las comunidades autónomas del 'territorio ministerio' más castigadas por la brecha autonómica. En 2017, últimos datos disponibles, se invirtió por cada ciudadano manchego un total de 3,51 euros en justicia gratuita a pesar de que los asuntos atendidos habían crecido un 15% en los tres años anteriores. Por un castellanoleonés, la cifra cayó en 2017 a 3 euros.

En el otro extremo se sitúa Madrid, que supera a todas las autonomías en la inversión en el acceso gratuito a la justicia, pues ha pasado de dedicar 4,78 euros a alcanzar los 6,2. Sin embargo, aún está lejos de alcanzar a Cataluña y los 7 euros de inversión con un número de casos similar.

De brecha a abismo

El distanciamiento entre el 'territorio común' y el resto de autonomías empezó a crecer en 1980, cuando se ofreció la oportunidad de transferir las competencias en Justicia. Las comunidades que decidieron mantenerse al margen tuvieron que adherirse a los baremos establecidos por el ministerio, unos cómputos que se recalcularon en noviembre del año pasado tras una orden ministerial y que llevaban sin actualizarse desde 2003.

En esta renovación, las prestaciones se incrementaron entre un 20 y un 30%, según cálculos de las asociaciones. No obstante, siguió dejando a las autonomías ministeriales muy lejos del resto. En zonas como Zamora o Toledo, aún no se han pagado las subidas en todos los casos.

El País Vasco paga 316 euros de media por cada turno de oficio. La Rioja, menos de 100

Cada año, los colegios de abogados certifican los importes retribuidos en el turno de oficio a sus letrados públicos. Tomando estos y el total de asuntos registrados, puede deducirse una media de lo que cobra un abogado por su trabajo en cada lugar.

Ninguna de las autonomías ministeriales supera a las comunidades con competencias transferidas. La primera es País Vasco, con un importe por caso de 316 euros, por delante de los 225 de Galicia y los 200 euros de Cataluña. La Rioja, aunque tenga sus propias competencias, es la que sale peor parada con menos de 100 euros por asunto.

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Alberto Verón, presidente de la Confederación de Abogados de Turno de Oficio, insiste en que estas diferencias en las retribuciones son "una auténtica desvergüenza". "La justicia gratuita se ha convertido en una obligación esencial para la sociedad. Necesitamos que las retribuciones compensen adecuadamente el trabajo realizado con baremos que correspondan a la realidad de 2019".

De hecho, ha sido en la 'zona ministerio' donde más se ha hundido el crecimiento de las tarifas. Entre 2010 y 2017, en Extremadura y Castilla y León han caído en más de un 45% mientras que en Melilla llegaron a reducirse a la mitad.

Hasta cuatro años para cobrar

La situación de los letrados de oficio es especialmente complicada porque, además, las retribuciones se cobran por partes (a excepción de País Vasco, que paga todo al principio). El Ministerio de Justicia aplica la regla del 70/30: las siete primeras partes al principio del caso y las tres restantes al cerrarlo.

A ojos de la letrada Marta Herrero, de la Asociación Libre de Abogados (ALA), la proporción no resulta efectiva porque no tiene en cuenta los tiempos reales de trabajo. "Cada procedimiento es único y se ha querido establecer el baremo por unos hitos procesales para que vayas justificando tu trabajo, pero es que un caso puede complicarse más que otros por factores que no tienen que ver contigo e incrementar el retraso en el pago".

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Un buen ejemplo es, de nuevo, el divorcio. El procedimiento de uno de mutuo acuerdo suele durar seis meses de media. Lo primero es interponer una demanda, cuya elaboración suele durar dos semanas. Hasta que el juzgado no admite la demanda de divorcio a trámite -suele tardar dos meses-, el letrado no puede solicitar el cobro del 70% de su retribución. Además, tiene que hacerlo trimestralmente, por lo que tendrá que sumar tres meses más al calendario. El 30% restante solo llegará una vez se reciba una sentencia que cierre el caso, es decir, a los seis meses.

En resumen: si en Castilla y León comienza un divorcio en enero, los 113 primeros euros (70% de los 162 del total) no llegarán hasta junio. Los 48 restantes lo harán aun más tarde.

En procedimientos de mayor complejidad, el tiempo de espera puede llegar a triplicarse. Una complicación de un juicio, un testigo desaparecido o, simplemente, un funcionamiento burocrático más lento puede demorar los cobros hasta en más de dos años.

"Yo tengo varios tercios de mis retribuciones pendientes desde hace cuatro años. Puede que no los tenga nunca, o que el caso prescriba y entonces tenga la posibilidad de reclamarlo", asegura Marta Herrero, que ejerce en Madrid.

Patricio insiste en la urgencia de actualizar las retribuciones para dignificar el oficio y evitar la frustración de los letrados. "Hasta ahora hemos sido como el Desembarco de Normandía: los primeros que llegamos a la playa, y los primeros que nos llevamos el balazo".

El Ministerio de Justicia asegura que la información sobre los paros en Zamora no ha llegado a sus oídos. Sin embargo, subrayan que varios funcionarios "se han desplazado, en las últimas semanas, a algunas de las comunidades autónomas para conocer de primera mano la realidad de la gestión de la justicia gratuita".