asumirá la responsabilidad penal por la fusión por absorción
La AN imputa al Santander por la gestión de Ron y Saracho en el Popular
El juez que ha sucedido a Fernando Andreu precisa que el Santander ha absorbido en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del pasivo y el activo
La Audiencia Nacional ha decidido reclamar responsabilidades penales al Banco Santander en la macrocausa que instruye contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por la ampliación de capital de la entidad financiera en 2016 y la presunta manipulación del mercado. En un escueto auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez que ha sucedido a Fernando Andreu al frente del procedimiento tiene por imputada a la entidad, al considerar que la fusión por absorción cerrada el pasado 17 de diciembre conlleva automáticamente este efecto.
Hasta el momento, en el sumario, figuraba como acusado el propio Popular, pero este banco ha desaparecido como persona jurídica. De hecho, el Santander completó la fusión jurídica en septiembre, un año y tres meses después de quedarse el Popular por un simbólico euro, tras la resolución del Popular y una subasta exprés en la noche del 6 al 7 de junio de 2017, y la ultimó con la inscripción formal antes de las navidades.
El magistrado José Luis Calama establece que ha quedado así acreditado que el Santander "absorbe y adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimonales integrantes del pasivo y el activo de Banco Popular" y, por ello, de acuerdo al Código Penal, hereda la responsabilidad penal del primero de los bancos. El magistrado cita el artículo 130.2, que establece que una fusión de este tipo "no extingue la responsabilidad penal", que se trasladará a la entidad o entidades en las que se transforme.
Por ello, acuerda la sucesión procesal por fusión por absorción y tiene por dirigido el procedimiento contra el Santander. Avisa además de que una vez que se emita el dictamen pericial, aún pediente, citará en calidad de imputado al representante legal que designe la entidad dirigida por Ana Botín. La decisión judicial no toma al Santander desprevenido, ya que, según fuentes comunitarias, el banco provisionó al menos 3.000 millones de euros por los riesgos legales de la adquisición.
La resolución del Popular se llevó a cabo en la noche del 6 al 7 de junio después de que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE), declaró a la entidad ‘likely to fail’. Esto es, que era probable que el banco fallara. Además de este procedimiento penal, según la memoria anual del FROB, hay 259 recursos contencioso-administrativos sobre este final que se están “ventilando” en la Audiencia Nacional.
Asimismo, hay numerosas demandas en juzgados de primera instrucción españoles, en Luxemburgo contra la Junta Única de Resolución (JUR o SRB, en inglés) y en Nueva York por parte de los inversores mexicanos que lidera Del Valle, que presentaron apelación a un fallo para tratar de obligar al Santander a facilitar más información sobre el Popular. Estos mismos inversores iniciaron un arbitraje internacional contra España.
El sumario que instruye el Central 4 de la Audiencia Nacional se ha convertido en todo un monstruo que ha ido engordando a pasos agigantados desde su admisión a trámite en octubre de 2017 pero que, por el momento, se encuentra congelado. En la actualidad, hay más de 300 personaciones admitidas entre querellas y perjudicados que se han mostrado parte. Alguna de ellas acumula a su vez a múltiples perjudicados. Los investigados son 31, entre personas físicas y jurídicas, informan a El Confidencial fuentes cercanas al caso.
El juez Fernando Andreu, encargado de la instrucción hasta hace poco, se decidió por gestionar el sumario en dos piezas separadas. La primera de ellas se refiere a la ampliación de capital realizada por el Banco Popular en el ejercicio 2016 bajo la presidencia de Ron, por importe de 2.505 millones de euros, y otros hechos relacionados con la cuestión.
En la segunda, se investiga la supuesta manipulación del mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos o información que muchos de los querellantes han calificado como falsos y difundidos con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización de las acciones del banco y poder obtener importantes beneficios. En esta, que afecta a Saracho, se rastrea el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones y el posible lucro ilícito resultante.