Fin del copago y un plan contra el suicidio: las tareas de Carcedo tras suceder a Montón

La todavía ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha dejado una serie de tareas a realizar para la que será su sucesora, Maria Luisa Carcedo, tras su dimisión nocturna de este martes. Aunque la ministra de Sánchez llevó a cabo uno de los planes más ambiciosos que tenía como era devolver la sanidad universal mediante un real decreto, la que será en unas horas exministra deja unos cuantos planes en el tintero.

Queda pendiente la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas, que se encontraba en la hoja de ruta del Gobierno. El pasado fin de semana, afirmaba que con la aprobación de los PGE de 2019 el Gobierno podría acabar con el copago para los pensionistas y, así, "recuperar" uno de los "derechos arrebatados" en la anterior etapa de gobierno del PP.

Además estaba comprometida a afrontar la futura ley contra el consumo de alcohol en menores; diseñar una Estrategia Nacional de Salud Mental y un plan integral de prevención del suicidio; regular la muerte asistida, con la posibilidad de abrir el debate de la eutanasia; dar un paso más en el control de la homeopatía, y regular el uso, autorización e indicación de medicamentos por parte de los enfermeros, cuya aprobación estaba comprometida para este otoño.

Entre los temas que Montón deja pendientes en el ámbito social, destaca la comprometida Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia. La ministra anunció el viernes 7 de septiembre que se abría el periodo de consultas sobre el texto y avanzó que recogería el abuso sexual, la violencia a través de redes sociales y un registro unificado de víctimas pero no concretó otros detalles, como la financiación porque, según aseguró, la tramitación está en una fase muy incipiente. De hecho, calculó que el texto no llegaría al Congreso antes del segundo trimestre de 2019.

Montón ha tenido también que lidiar con la problemática de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a España este año, unos 10.000, según estimaciones del Gobierno. Se reunió con las comunidades autónomas la semana pasada y les prometió el reparto de 40 millones para la atención de estos menores entre las autonomías que accedan de forma voluntaria a solidaridarse con las regiones que asumen mayor peso en esta atención: Andalucía, Ceuta, Melilla Madrid y País Vasco.