La penúltima de Montoro: 'cazó' a Cañete en una inspección de renta cuando era ministro

Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete no son precisamente amigos. Pese a haber compartido banco azul del Gobierno con Aznar y Rajoy, sus diferencias son evidentes. Hay motivos ocultos para ello. En 2013, cuando ambos compartían cartera en el Gobierno de Rajoy, la Agencia Tributaria abrió inspección a Cañete sobre su declaración de la renta de 2011, justo el año en que entró en el Ejecutivo. Hacienda concluyó que Cañete había simulado gastos en Ceuta, donde tiene su petrolera y que goza de un régimen fiscal favorable, cuando en realidad trabajaba desde Jerez. Hacienda le obligó a pagar los 15.451 euros que se había ahorrado. El hoy comisario europeo recurrió a la Justicia, que el pasado 7 de febrero dio la razón a Hacienda. La causa desvela que siendo diputado Cañete negociaba con cargos de Ceuta en nombre de su empresa, en contra de lo que declaró al Congreso. La Agencia Tributaria abrió investigación también a la mujer de Cañete y sus empresas.

El 20 de febrero de 2013, en la semana en que el caso Bárcenas amenazaba a Rajoy, la Agencia Tributaria abrió una inspección a Arias Cañete por el IRPF de 2011. El entonces ministro de Agricultura, un 'pata negra' del PP próximo a Rajoy, fue requerido para, entre otras cosas, justificar "la deducción por rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla, aportando certificado de residencia". Antes de que en diciembre de 2011 Rajoy eligiera a Cañete como ministro, este presidía y era accionista de Petrolífera Ducar, con sede en Ceuta, una empresa que almacena combustible para los buques que cruzan el Estrecho. Se trata de una firma de su familia política controlada desde una empresa pantalla en Holanda —Havorad BV— y que a su vez tiene accionistas desconocidos en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Cañete mantuvo sus acciones siendo ministro, pero tuvo que venderlas —sin decir a quién— en 2014 a petición de la Eurocámara al ser nombrado comisario.

Hacienda consideraba que Cañete se había deducido ingresos por actividades en Ceuta cuando su despacho lo tenía en Jerez de la Frontera (Cádiz), de donde es la familia Domecq, una de las grandes fortunas de Andalucía y a la que pertenece su esposa, Micaela Domecq. "No queda probado que el asesoramiento general, diario y personal se haya realizado en Ceuta. No queda probado que las operaciones ni los servicios profesionales se hayan prestado en la antedicha ciudad", concluyó la inspección, según explica una sentencia posterior que desestima el recurso de Arias Cañete. La ley del IRPF establece que las rentas obtenidas en Ceuta tendrán una deducción del 50%.

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, el órgano de la propia Hacienda para dirimir diferencias antes de acudir a la Justicia, ratificó en 2016 -ya con Arias Cañete de comisario- la decisión de la inspección: "La documentación aportada prueba la prestación de servicios de asesoramiento jurídico sobre las modificaciones del planeamiento urbanístico de Ceuta que incluía negociaciones con la presidencia de la ciudad autónoma, prueba también la realización de negociaciones con la Autoridad Portuaria con la finalidad de ampliar las instalaciones de la compañía en la zona portuaria. Sin embargo, el interesado tiene su despacho profesional en Jerez de la Frontera y, por consiguiente, no es razonable pensar que el 100% de los trabajos realizados para la prestación de los referidos servicios se llevaran a cabo desde Ceuta sin intervención alguna de los medios materiales y personales que tienen su sede en Jerez de la Frontera".

Cañete aportó testimonios de cargos del PP de Ceuta para sostener que negoció para su empresa en la ciudad autónoma cuando era diputado

Arias Cañete podía haber pagado entonces los 14.661 euros de cuota y 790 euros de intereses de demora y el caso difícilmente se habría conocido. Pero el hoy comisario de Energía y Clima decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alegó que la empresa solo opera en Ceuta y que por lo tanto él trabajaba allí y que tenía derecho a las ventajas fiscales de la ciudad autónoma aunque no residiera allí. Añadió que "el interés nacional que persigue el legislador es el de la utilización del servicio profesional en Ceuta, atendiendo a las dificultades derivadas de una peculiar situación geográfica y a la necesidad de compensar circunstancias adversas, para así propiciar el desarrollo económico y social de esta ciudad autónoma, pues el beneficio fiscal está orientado a incentivar tanto la residencia en Ceuta como el establecimiento de empresas en esa ciudad o el desplazamiento de profesionales y trabajadores desde el resto del territorio nacional a esa plaza extrapeninsular".

En su defensa, Arias Cañete tiró de contactos en la ciudad autónoma, una plaza que conoce bien desde que al principio de su carrera fue destinado como abogado del Estado a Cádiz, desde donde se llevaba el trabajo en Ceuta. El entonces ministro presentó un certificado del presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado López, dependiente de Fomento, según el cual "en 2011 el recurrente realizó ante la Autoridad Portuaria de Ceuta tareas de asesoramiento jurídico, dirigidas a desarrollar las posibilidades de ampliación de Petrolífera Ducar en los nuevos desarrollos portuarios". Este fue el que firmó en 2016 la ampliación de la concesión hasta 2032.

Hacienda y la Justicia consideran que trabajó desde Jerez, por lo que no tenía derecho a la deducción del 50% del régimen fiscal de la ciudad autónoma

La documentación que cita la sentencia, del pasado 7 de febrero, revela que mientras era diputado de la oposición en el Congreso, Cañete hacía gestiones a favor de su empresa en Ceuta negociando con cargos populares en la ciudad autónoma. También presentó en su defensa un informe de Susana Román Bernet, consejera de Fomento de Ceuta, según el cual Arias Cañete mantuvo "reuniones de trabajo en la sede de la presidencia de la ciudad con la intención de estudiar las posibilidades y determinaciones del traslado de las instalaciones de almacenamiento de combustible propiedad de Petrolífera Ducar". Román Bernet era en 2011 consejera de Juventud, por lo que difícilmente pudo reunirse con Cañete en ese año sobre la petrolera.

Además, siendo ministro consiguió otro apoyo relevante, el del consejero de Relaciones con otras Administraciones de Ceuta, el popular Francisco Márquez, que entonces era diputado en el Congreso y afirmó por escrito en ayuda de Cañete que este "realizó diversos desplazamientos a la ciudad de Ceuta, manteniendo relaciones de trabajo para estudiar las posibilidades y determinaciones del traslado de las instalaciones de almacenamiento de combustible". Según la defensa de Cañete, sus trabajos en Jerez habrían sido "de carácter secundario, accesorio, de escasa relevancia o prescindibles". Además, desvela que en las declaraciones de la renta de 2009 y 2010, la delegación de Hacienda en Jerez ya cazó a Cañete, pero que este logró anularlas en el tribunal administrativo de Andalucía.

Esos informes reafirman que Arias Cañete mintió al Congreso. En su registro de intereses, declaró que al ser nombrado ministro dimitió como presidente de Petrolífera Ducar. Señalaba que era una "compañía dedicada al almacenamiento y suministro de combustibles a buques en la ciudad autónoma de Ceuta, sin ninguna relación con el sector público". En la legislatura anterior, el Congreso le autorizó la compatibilidad para presidir Ducar pero "aclarando que dicha compañía no tiene relación con el sector público ni directa ni indirectamente". Eso choca frontalmente con lo aportado para el pleito contra Hacienda. Ducar funcionaba gracias a una concesión administrativa que fue prorrogada y además, como demuestran los testimonios aportados por Cañete, siendo diputado él negociaba con cargos públicos como presidente de la empresa.

El caso tiene todo el morbo. A Cañete le contestó la Abogacía del Estado —el cuerpo al que él mismo pertenece, pero del que lleva en excedencia 30 años— insistiendo en que si el despacho estaba en Jerez, "no es razonable pensar que el 100% de los trabajos realizados para la prestación de los referidos servicios se llevaran a cabo desde Ceuta sin intervención alguna de los medios materiales y personales situados en Jerez de la Frontera". Señaló además que en el expediente no hay "ni un contrato de servicios profesionales, ni una factura que permita determinar con certeza qué parte de los servicios se consideran efectivamente prestados en Ceuta y qué parte de los mismos se consideran prestados desde Jerez".

La sentencia, de la que ha sido ponente José Ignacio Zarzalejos Burguillo, le da la vuelta al argumento de Cañete de que la tecnología le permitía trabajar desde Ceuta aunque tuviese el despacho en Jerez: "Esa libertad de elección del lugar de trabajo conlleva que no tenía que desplazarse a Ceuta para realizar sus servicios de asesoramiento a la entidad Petrolífera Ducar". El tribunal señala que no comparte el criterio del tribunal económico de Andalucía para anular el acta de la inspección de 2010.

Ducar es a la vez el imperio y la china en el zapato para Cañete. Es una sociedad controlada por la familia Domecq en la que Cañete tiene un papel fundamental. En 2011, Cañete declaró que había percibido 95.590 euros como abogado más 22.500 euros por su retribución en los consejos de administración. También tenía acciones de Ducar valoradas en 165.120 euros, y en 160.979 euros de la sociedad espejo en Canarias, Petrologis Canarias. Hacienda abrió inspecciones a estas sociedades por sus vínculos 'offshore', aunque una de ellas informó en sus cuentas de que había salvado el acta sin problema. Hacienda rastrea todo el entramado porque el principal accionista de Petrologis y de Ducar es Havorad BV, una sociedad holandesa que Hacienda califica como pantalla, que a su vez lleva a las Antillas holandesas, por lo que es imposible conocer realmente quién es el dueño de la empresa y quién puso a Cañete como presidente.

Además, Hacienda requirió en noviembre pasado a La Sexta y El Confidencial documentación por la aparición de la esposa de Cañete en los papeles de Panamá. Entre la documentación del despacho panameño de Mossack Fonseca, obtenida por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), figuraba la firma Rinconada Investments, con sede en Panamá. Es una firma en la que aparecían los hermanos Domecq Solís. Rinconada —el nombre de una de las ganaderías de Domecq— fue creada el 18 de noviembre de 2005 y gestionaba cuatro cuentas corrientes de numeración casi correlativa en una filial suiza de Deutsche Bank. Ese año, entró en vigor una directiva europea que impedía a los bancos suizos ocultar los titulares de sus cuentas a la UE. Lo que hicieron entonces muchos depositantes fue transferir la titularidad a sociedades 'offshore'.

Fuentes conocedoras del Gobierno destacan la mala relación entre Montoro y Cañete, especialmente a partir de 2012. Esto coincide con el rosario de inspecciones que Hacienda ha abierto a Cañete y su entorno empresarial y familiar. La doctrina que expresó Montoro al dimitir José Manuel Soria como ministro no casa bien con los lazos de Cañete: "Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno". Por entonces, Cañete ya estaba en Bruselas de comisario y salvó comisiones de guante blanco sobre sus negocios. Al fin y al cabo, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo, había sobrevivido al escándalo de LuxLeaks.