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PP y PSOE solo contemplan mínimos cambios en la ley electoral

PP y PSOE solo contemplan mínimos cambios en la ley electoral en los próximos meses, según fuentes de ambos partidos. Salvo rectificación, solo admiten a corto plazo retoques en el voto de personas con discapacidad, en la regulación de los tránsfugas por una sentencia del Tribunal Constitucional que aún está por notificar y en el llamado voto rogado de residentes en el extranjero.

Aseguran que no descartan otros cambios más profundos, pero no hay previsión de modificaciones que afecten al modelo electoral y, especialmente, a la distribución de escaños por provincias, que es el principal caballo de batalla de los partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos. De hecho, se creó en el Congreso una subcomisión en la que ya comparecen expertos, pero con pocas opciones de provocar un cambio para mejorar la proporcionalidad por falta de voluntad de los dos grandes partidos.

En principio, 2018 es el único año sin elecciones previstas y las siguientes serían las municipales y autonómicas de 2019, pero no es probable que para entonces se aplique alguna reforma más amplia, según PP y PSOE. Si de esa subcomisión saliera un improbable acuerdo de futura reforma, sería necesaria una posterior proposición de ley que solo se tramitaría a largo plazo, tan cerca del final de la legislatura que, según los dos grandes partidos, ya sería imposible.

Argumentan que España es de los pocos países que tienen constitucionalizado el modelo electoral, lo que dificulta las opciones de una rectificación a corto o medio plazo. Hay margen para hacerlo de forma limitada por ley orgánica, como pretenden Ciudadanos y Podemos, pero los dos grandes partidos aseguran que será preciso un amplio consenso, como el logrado cuando se aprobó en la Transición. De hecho, el PP defendió un cambio para que gobierne la lista más votada en ayuntamientos, pero renunció a cambiarlo en la legislatura anterior cuando tenía mayoría absoluta, porque el PSOE se negó y, por tanto, no había consenso.

Si se fuera a una reforma más profunda que afectara a la Constitución, sería necesario un referéndum con otras modificaciones agravadas de la Carta Magna y, por tanto, no es factible que se haga en esta legislatura. Podemos sostiene que es precisa la reforma para evitar, por ejemplo, que el PP tenga mayoría absoluta en el Senado con un porcentaje de votos similar al del Congreso, pero, precisamente por esa ventaja que tienen los populares en la Cámara Alta, con opciones de bloquear una reforma constitucional, es por lo que el partido de Pablo Iglesias da por hecho que no habrá tal cambio legal.

El acuerdo de investidura del PP y Ciudadanos recoge la reforma de la ley electoral para mejorar la proporcionalidad, para que haya listas desbloqueadas y para la elección directa de alcaldes, mientras que los populares se reservaban impulsar un cambio legal para que gobierne la lista más votada en municipales. Pero ni el Gobierno ni el PSOE contemplan esos cambios como posibles. También Unidos Podemos presentó a principios de diciembre una proposición de ley con una profunda renovación del sistema electoral, pero aún no ha iniciado siquiera su trámite parlamentario. Debe esperar a que este grupo tenga cupo para llevar a pleno el debate de totalidad y, si lo supera, luego se abrirán los plazos de enmiendas, no antes de verano en ningún caso. Y siempre estaría limitado el proceso por la falta de consenso para llevarla a cabo.

Pero ni siquiera la rectificación del voto de los no residentes está garantizada, porque subsisten importantes discrepancias entre los partidos sobre la forma de hacerlo. En la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se llevó a cabo este cambio legal para evitar las acusaciones de fraude sobre el voto exterior y se implantó el llamado voto rogado, es decir, la obligación de solicitarlo y ejercerlo de forma presencial. En teoría, ha provocado una limitación del derecho de voto, pero los grandes partidos tampoco son partidarios de volver al modelo anterior.

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