La hora de la verdad: los aforamientos llegan al Congreso de la mano de Murcia

La supresión de los aforamientos llega finalmente al Congreso de los Diputados. Y lo hace para admitir a trámite la modificación del Estatuto de Autonomía de Murcia, después de que la Asamblea de esta región aprobara el pasado abril el fin del blindaje judicial para políticos. Cualquier cambio en un estatuto autonómico debe ser ratificado por las Cortes para entrar en vigor. El debate de esta reforma, pionera en toda España y que fue aprobada por unanimidad (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos dieron su apoyo), comienza este martes.

Terminar con los aforamientos en Murcia fue la principal exigencia que el partido de centro puso encima de la mesa para permitir que el PP siguiera gobernando en la Región. El frente judicial de Pedro Antonio Sánchez, expresidente de esta comunidad y que llegó a declarar por cuatro delitos de corrupción, llevó a la formación naranja a forzar su marcha. La petición tardó en consumarse, pero fue clara desde el primer momento: Sánchez debía abandonar la presidencia al incumplir el pacto de investidura, que recogía claramente la incompatibilidad de desempeñar un cargo público si había una imputación por corrupción. Entonces, el equipo de Albert Rivera, liderado por Miguel Sánchez en Murcia, estableció dos condiciones 'sine qua non' para seguir apoyando al PP: un candidato distinto y que los aforamientos desaparecieran.

La resistencia popular terminó el 4 de abril con un viaje urgente del coordinador nacional, Fernando Martínez-Maillo, que llevó un mensaje muy claro: Pedro Antonio Sánchez debía marcharse porque el partido no podía perder la presidencia. La negociación para terminar con los aforamientos (un punto incluido en todos los pactos de investidura de Ciudadanos) se produjo las siguientes semanas, y finalmente la Asamblea murciana fue la primera en aprobar el fin del blindaje judicial para sus diputados. Días más tarde, Fernando López Miras era investido presidente en sustitución de Sánchez.

Serán los propios parlamentarios autonómicos los que expliquen la modificación que plantean para el Estatuto este martes en la Cámara Baja. En concreto, lo harán Víctor Manuel Martínez (PP), Joaquín López (PSOE) y Miguel Sánchez (Ciudadanos) y, tras ellos, podrán intervenir los distintos grupos antes de votar el proyecto. El partido naranja sacará la artillería pesada con toda seguridad. El principal reproche al Gobierno ya tiene nombre y apellidos: criticarán que los populares defiendan la supresión de los aforamientos en Murcia y no lo hagan a nivel estatal. Según ha podido saber este diario, Ciudadanos no perderá la ocasión de retratar lo que a sus ojos es "una incoherencia absoluta".

Precisamente acabar con los "privilegios" de la clase política es uno de los principales puntos del paquete de regeneración democrática que los centristas comprometieron para hacer presidente a Rajoy. El mismo conjunto de medidas que al PP se le atraganta desde el inicio de la legislatura. Tras el descanso estival y durante el periodo de sesiones que empieza, la formación naranja tiene claro que su caballo de batalla debe ser el cumplimiento de los puntos 'más calientes': aforamientos, limitación de mandatos y reforma electoral.

En todo caso, lo que ocurra este martes será el primer paso, ya que la aprobación definitiva llevará cerca de tres meses. Tras superar el debate y la votación, la reforma estatutaria irá a la comisión Constitucional, donde los partidos podrán presentar sus enmiendas. Entonces, el texto volverá de nuevo al pleno para una votación final en el Congreso, con las modificaciones que se hayan podido incorporar. Después vendrá el turno del Senado para realizar una tramitación similar, en la que si no se incluye ninguna otra enmienda, la reforma quedará aprobada (y que depende únicamente del PP, que tiene mayoría absoluta).

La modificación en sí plantea cambios en dos artículos del Estatuto de Murcia: el 25 y el 33. En ambos se suprimirá el siguiente apartado: "Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. Fuera de la Región, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Además, también desaparecerá el 25.4, que establecía: "No percibirán retribución fija por su cargo representativo, sino únicamente las dietas que se determinen por el ejercicio del mismo".

El primer afectado por la reforma será el propio expresidente murciano, investigado por el TSJ por el caso Auditorio en virtud de su aforamiento, y que votó a favor de la supresión de los aforados al seguir siendo diputado en la Cámara murciana tras su dimisión.