"es una aberración imposible", dice el recurso
El Gobierno sobre la ley de transición a la República catalana: "Amenaza la convivencia"
"Supone al tiempo el mayor ataque concebible a los valores de los Estados Democráticos", destaca el Ejecutivo en su escrito al TC
El nuevo recurso del Gobierno contra las leyes que sustentan el referéndum del 1 de octubre continúa la escalada de descalificaciones iniciada la pasada semana. En el escrito en el que solicita al TC suspender la ley de Transitoriedad Jurídica de la República de Cataluña asegura que esta base normativa 'montada' para sentar las bases de la consulta y la futura República catalana constituye "la mayor afrenta y amenaza a la destrucción de las normas de convivencia de la sociedad española", asentada en el año 1978 a través de la Constitución. "Supone al tiempo el mayor ataque concebible a los valores de los Estados Democráticos", destaca.
El Pleno del Constitucional se reunirá mañana para suspender esta segunda ley. En su recurso, el Ejecutivo insiste en la estrategia de avisos personales a los principales implicados y, además de reiterar su petición de apercibir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno, vuelve a mencionar de forma expresa a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral. Quiere que los cinco juristas escogidos para hacer la veces de Junta Electoral sean conscientes de que pueden incurrir en delitos si dictan acuerdos dirigidos a aplicar cualquiera de los 89 artículos de la ley. De este órgano depende la elaboración del censo electoral, la elaboración del modelo de las papeletas y la puesta en marcha del voto adelantado, entre otras cuestiones.
El Gobierno de Mariano Rajoy sale en su recurso en defensa del Parlamento de Cataluña de cuya legitimidad se han apropiado "un conjunto de diputados" que han abusado descaradamente de la institución "para fines espureos".Todo para avalar un documento "imposible" destinado a sustituir el actual orden constitucional por otra cosa a través de un articulado inconstitucional ya desde el preámbulo. "Resulta imprescindible defender al Parlament", dice.
"El artificio ordinamental diseñado en el documento de tan burda configuración que no serían precisas más que unas pocas líneas para argumentar su inconstitucionalidad", agrega el escrito que acusa al Govern de elegir a la carta las leyes del ordenamientos español, europeo e incluso internacional que más le convienen para crear una "aberración jurídica" de tal calibre que se halla viciada de una inconstitucionalidad total y absoluta.
La norma suprema
La ley pensada para entrar en vigor el dia después del referéndum está destinada a facilitar la transición hacia la nueva república "de manera ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica". Establece que Cataluña "se constituye en una República de derecho, democrática y social" y, "mientras no sea aprobada la Constitución de la República", es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán.
La Ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana. En el periodo transitorio seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que "no contradigan" la ley catalana de transitoriedad jurídica y se podrían recuperar todas aquellas normas catalanas que ya haya suspendido el Tribunal Constitucional y volverles a dar rango legal.
Contempla igualmente que el presidente de la Generalitat sea automáticamente jefe del Estado y que Cataluña asuma el control de las fronteras y aduanas, además de expulsar al Ejército hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio. Con respecto a los empleados públicos del Estado que prestan servicios en Cataluña se integrarán automáticamente en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, manteniendo sueldo y condiciones.
Prevé también que tendrá la nacionalidad catalana quien tenga la española y esté empadronado en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. Además, todo catalán mantendría la nacionalidad española, aunque puede pedir renunciar a ella. Respecto a la Justicia, la ley de ruptura crea un ordenamiento jurídico aunque manteniendo las plazas de los actuales jueces, magistrados, fiscales y letrados. Uno de los cambios más sustanciales es la sustitución del TC por Sala de Garanties y del TS por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Además, el presidente del Supremo catalán será nombrado por el Gobierno catalán y el fiscal general por el Parlamento catalán. Igualmente, la norma contempla la amnistía a condenados por el proceso soberanista y que la Generalitat sea la única autoridad tributaria en Cataluña.