La firma conjunta por parte del Govern en pleno del decreto que da vía libre a la convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre no ahorrará a Carles Puigdemont afrontar su responsabilidad por este acto. Fuentes gubernamentales avisan de que el Gobierno pedirá que el presidente de Cataluña asuma todo el peso de las consecuencias legales que implica este aval expreso y califican como una "estrategia" que el documento que representa el pistoletazo de salida de la consulta secesionista sume otros apoyos.
Desde el Ejecutivo central, se advierte de que la cortina de humo que supone agregar los nombres de todos es en realidad una mera "maniobra de distracción" que no servirá para ocultar al responsable último. El decreto cuenta con la rúbricas añadidas de todos los consellers. El propio Puigdemont difundió una foto en Twitter con el mensaje "Acabo de signar, amb tot el govern, la convocatòria del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Per la llibertat i la democràcia!".
El Gobierno de Mariano Rajoy avanza una acción perfectamente coordinada para impedir la celebración de la consulta. "No habrá urnas", destaca una de las fuentes consultadas. El Ejecutivo ya ha puesto en marcha la respuesta urgente contra la 'pata' esencial de la ruptura: la ley del referéndum. En un primer paso, ha presentado un incidente de ejecución ante el Constitucional contra la actuación de la Mesa del Parlament que la admitió a trámite y la introdujo a debate en el pleno de la Cámara autonómica. Tras este primer escrito, vendrán otros y, en última instancia, el Ejecutivo prevé reclamar la suspensión del presidente de la Generalitat.
No obstante, los 12 miembros del alto tribunal, que han actuado hasta el momento con enorme celeridad y de forma unánime contra los anteriores pasos del camino del proceso independentista, se encuentran ahora divididos ante la inminencia de abordar esta petición. Fuentes del TC no ocultan su malestar ante la perspectiva de actuar como "brazo ejecutor" de una inhabilitación del presidente y anticipan que habrá división en sus filas a la hora de respaldar una decisión de este calibre. Dos de los magistrados ya se opusieron en votos particulares de 2015 a la reforma que dotó al Constitucional de este instrumento de presión, y es previsible que mantengan el criterio que reflejaron entonces.
La suspensión de Puigdemont no solo provoca recelos sino que, además, se considera inútil para alcanzar el objetivo de impedir con todas las armas legales la celebración de la consulta. Las citadas fuentes destacan que de poco sirve apartar de su cargo a un dirigente o incluso a varios cuando ya se ha anticipado desde el Govern que los afectados desobedecerán este mandato. También avisan del peligro de promover "mártires" del 'procés' y del daño que provocaría un incumplimiento al propio TC, que quedaría desacreditado de forma pública.
Inciden en destacar que la mejor arma para paralizar el referéndum no es "atacar la copa del árbol" sino "arrancar la raíz". Por ello, la acción del TC debería centrarse en detener a tiempo pequeños actos de base de la consulta, a través de la petición de deducciones de testimonio de conductas en las que se aprecie delito. La Fiscalía y los juzgados competentes, los catalanes, resultan básicos en este puzle.
Aprobada la ley del referéndum
Las fuentes consultadas se refieren de forma expresa a la creación en Cataluña del órgano de cinco miembros que haría las funciones de la Junta Electoral Central, la sindicatura electoral, cuyos miembros se arriesgan a incurrir en varios delitos penales por desobediencia, usurpación de funciones e incluso coacciones. Este último delito también puede imputarse a quienes reclamen a la ciudadanía integrar mesas electorales.
Los magistrados del TC se encuentran reunidos en pleno ordinario desde este miércoles. La admisión a trámite de cualquier impugnación se producirá en horas y congelará de forma automática la norma durante un plazo de cinco meses. La fecha en que la suspensión comienza a tener efecto es la de la propia presentación del recurso, aclaran fuentes jurídicas. La acción combinada de esta suspensión y de los apercibimientos personales al nivel de la sindicatura electoral debería ser suficiente para convertir la consulta en un simple acto escénico carente de toda legalidad, insisten.