Moncloa, lista para un Consejo de Ministros urgente si la Generalitat activa la secesión

La respuesta será inmediata. El Gobierno no tardará en actuar en cuanto los independentistas catalanes actúen. Porque "todo está listo y están previstos todos los escenarios posibles". El Ejecutivo se afana en trasladar el mensaje de "tranquilidad absoluta", en recalcar que el Estado de derecho está preparado para frenar el órdago soberanista y hacer que el1 de octubreno haya referéndum. Pero en el fondo la incertidumbre es la misma, porque ni la Generalitat ni la mayoría soberanista del Parlament revelan sus planes ni La Moncloa cuenta sus planes. Cada jugador se reserva sus cartas a la espera de que el contrario mueva ficha. Pero el Gabinete de Mariano Rajoy tiene claro que no será el primero en hacerlo.

Quedan 30 días para el anunciado referéndumdel 1-O pero a estas alturas nada está claro. El paquete legal que debería amparar la consulta y la desconexión con España no está ni aprobado, y las iniciativas ni siquiera han sido admitidas a trámite por la Mesa. Los independentistas de Junts pel Sí y la CUP siguen jugando al despiste con la pretensión de burlar lo máximo posible el seguro freno del Gobierno y del Tribunal Constitucional. Pero ese muro llegará, antes o después. En cuanto los soberanistas pasen de las palabras a los actos jurídicos. Y si siguen adelante pese al veto del TC, el Ejecutivo no descarta activar el artículo 155 de la Constitución, el que prevé la intervención de la autonomía, porque "los plazos dan".

El Ejecutivo no actuará hasta que los soberanistas muevan ficha, pero advierte de que todos los escenarios posibles están previstos

Distintos interlocutores de La Moncloa insisten en que "todo el Gobierno está prevenido" y alerta para hacer frente a los siguientes pasos de la Generalitat, que podrían desplegarse la semana que viene —está programado un pleno en el Parlament el 6 y 7 de septiembre, en el que se podría calificar y tal vez debatir la Ley de Referéndum, justo antes de la Diada— y que, en consecuencia, podría convocarse "en cualquier momento" un Consejo de Ministros extraordinario, sin esperar a la reunión habitual de los viernes. Esa cita de todo el Ejecutivo es preceptiva para que el presidente pueda presentar la impugnación pertinente ante el TC.

Dependerá de la fórmula

¿Hará falta un informe previo del Consejo de Estado? Dependerá de la vía por la que opten JxSí y la CUP, que tampoco está claro. Una de ellas es con la que se contaba en un principio: que la Mesa del Parlament califique la Ley del Referéndum —igual ocurriría con la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República— y se altere sobre la marcha el orden del día del pleno, si este así lo acuerda "a propuesta del presidente [presidenta en este caso, Carme Forcadell] o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros" de la Cámara (artículo 81.3 del reglamento).

Si es el Parlament el que tramita las leyes de desconexión, el Gobierno podría presentar un incidente de ejecución de sentencia

La tramitación en lectura única, que facilitó la última reforma de la normativa del Parlament, está suspendida por el TC, así que cualquier otro trámite, recuerda La Moncloa, exige que la oposición pueda presentar enmiendas e incluso recurrir al Consell de Garanties Estatutàries, lo que demoraría la entrada en vigor, y tiempo es justo lo que no sobra a los separatistas. De cualquier modo, la sola admisión a trámite de la ley —sea proposición de ley (presentada por los grupos) o proyecto de ley (a iniciativa del Govern)— implica a los miembros de la Mesa, que al estampar su firma se convertirían en objetivos del TC, y se expondrían a que se les abriese una investigación por desobediencia y prevaricación.

En este supuesto, el Gobierno central no necesitaría reclamar un informe del Consejo de Estado. El Consejo de Ministros, confirman desde La Moncloa, simplemente presentaría en el TC un incidente de ejecución de sentencia. Es decir, se agarraría a la jurisprudencia del tribunal de garantías sobre la cuestión catalana para requerirle que suspenda la ley en cumplimiento de sus propias sentencias.

Pero este martes el Govern no descartó que la Ley de Referéndum (y quizá también la de Transitoriedad Jurídica) se apruebe por decreto ley, una fórmula que no convence a la CUP porque entiende que, al no implicar al Parlament, tiene menos legitimidad. Esta fórmula es más 'limpia' para los independentistas, pues solo implica al Ejecutivo de Carles Puigdemont, y no a la Mesa ni al conjunto de la Cámara. El Govern podría aprobar el paquete global de leyes de ruptura, y entrarían en vigor automáticamente, a falta solo de que el Parlament las convalidase en los 30 días siguientes, y para entonces el referéndum ya se habría celebrado así que, en el supuesto de victoria del sí, la desconexión ya estaría en marcha.

Suspensión automática

Si este es el camino elegido, el del decreto ley, el Gobierno de Rajoy entonces sí que tendría que pedir un informe al Consejo de Estado, que podría emitirlo en menos de 24 horas —ya lo hizo cuando respaldó el recurso contra la reforma del reglamento del Parlament—. Con el dictamen en sus manos, el Consejo de Ministros podría reunirse y elevar la impugnación ante el TC.

Santamaría recuerda que ya cuatro políticos catalanes (Mas y tres de sus 'consellers') fueron inhabilitados por los tribunales por incumplir la ley

En cualquier caso, el tribunal de garantías procedería a la suspensión automática de las leyes de desconexión, parálisis que seguiría vigente al menos cinco meses. Al término de ese plazo, si no hay fallo antes, el TC podría prorrogar o no esa suspensión. Pero los independentistas ya han advertido de que desobedecerán las resoluciones del Alto Tribunal. La tensión con el Estado sería entonces máxima. Por lo que pueda pasar, el TC ya ha programado su pleno ordinario para los mismos días en los que celebrará la sesión en el Parlament, 6 y 7 de septiembre.

Además, el Gobierno, al solicitar la suspensión de las leyes de ruptura podrían requerir al TC que suspenda de sus funciones a los cargos que no acaten sus decisiones. Una habilitación que hizo posible la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), impulsada por el Ejecutivo de Rajoy en 2015, pero que hasta ahora los magistrados no han activado. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordaba el pasado miércoles que el problema no es la actuación del Gobierno, sino quién firma las leyes de ruptura que violentan la Constitución. Y respecto a la inhabilitación de quien suscriba ambas normas, subrayó que ya hay cuatro políticos catalanes que fueron inhabilitados por los tribunales —el expresidente Artur Mas y las 'exconselleras' Joana Ortega e Irene Rigau y el exdiputado y 'exconseller' Francesc Homs— y que otros tienen un procedimiento abierto por romper presumiblemente con la legalidad.

El referéndum no tiene paraguas legal aún... ni tampoco presupuesto. Este mismo jueves, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, advertía en el Congreso de que la Generalitat no ha movilizado, hasta ahora, recursos públicos para organizar el 1-O, según vienen certificando semanalmente las comunicaciones que recibe del Govern. Pero si el Ejecutivo de Puigdemont gasta un solo euro, avisó el ministro, entonces se suspenderán los pagos a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

La posición del PSOE

¿Qué ocurre si hay choque de trenes, si los independentistas continúan con su hoja de ruta pese al veto del TC? Fuentes gubernamentales insistían este jueves a este periódico que no está en absoluto descartado recurrir al artículo 155 de la Carta Magna, que permitiría al Gobierno adjudicarse ciertas competencias para asegurar el mantenimiento de la legalidad en Cataluña. Por ejemplo, el Ejecutivo de Rajoy podía quedarse temporalmente con ciertos poderes de las consejerías de Educación —la encargada de la apertura de los colegios en la jornada del 1-O— e Interior.

Para poder aplicar el 155, Rajoy tendría que llamar al orden a la Generalitat y, si no obedece, obtener el permiso de la mayoría absoluta del Senado

En el entorno de Sáenz de Santamaría —su ministerio es el que conduce las relaciones con Cataluña— subrayan que apenas haría falta una semana para activar el 155. El artículo de la Carta Magna señala que si una comunidad se subleva y no atiende al requerimiento previo del Estado, el Gobierno central puede acudir al Senado para que le permita adoptar "las medidas necesarias" para hacer que se cumpla la ley. Rajoy solo necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara alta. Ningún problema para él, puesto que el PP dispone de esa mayoría absoluta. "Los plazos dan", "hay tiempo de sobra", subrayan en La Moncloa para advertir de que la aplicación del 155, un artículo jamás activado en democracia, no está en absoluto descartada.

El Gobierno, no obstante, sí tropezaría con reservas de carácter político por parte de la oposición. El PSOE, que sí está dispuesto a armar un "frente común" con Rajoy para frenar el órdago secesionista, sí se ha venido oponiendo a la utilización del 155. Pero en la última semana el portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente, no quiso entrar en hipótesis de escenarios futuros. Ni en la posibilidad de aplicar el 155 ni en la eventualidad de tener que recurrir a las Fuerzas de Seguridad para que las urnas no salgan a la calle. "Pero es que el Gobierno no va a tirar del 155 porque no tiene tiempo, porque la Constitución no estipula en qué plazo tiene que responder la Generalitat al requerimiento del Ejecutivo", recuerdan desde el equipo de Pedro Sánchez.