Teresa y Paqui, de asesorar a maltratadas a ser investigadas por inducción al secuestro

Teresa Sanz y Francisca Granados han estado a lo largo de todo este procedimiento respaldando a Juana Rivas. La defensa de la madre que, alegando maltrato, decidió incumplir el mandato judicial que la obligaba a dejar a sus hijos, de tres y 11 años, con un padre condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, consiguió que la justicia no ordenara su entrada en prisión después de presentarse ante las autoridades tras casi un mes huida. Pero no que se quedara con los niños: la granadina ha tenido que entregar a sus hijos a la Guardia Civil.

Pero en el camino, a ambas les ha surgido un inconveniente: la misma jueza que ordenó que entregara los menores ha decidido investigar a todo el entorno de Rivas, incluidas Granados y Sanz, ante su presunta intervención como "inductoras o partícipes necesarios" en un delito de sustracción de menores.

Ambas trabajan en el Centro de la Mujer de Maracena, una institución dependiente de la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena y que según su propia concejala, Rosa Carmen Sánchez Mochón, sirve para que las mujeres puedan ser "asesoradas e informadas por un equipo técnico especializado".

No obstante, el papel de Paqui Granados ha tenido que ser matizado por el propio Consejo General de la Abogacía Española, que ha emitido un comunicado para aclarar que a pesar de estar detrás de la defensa de Juana Rivas, Granados "no figura inscrita en la actualidad como colegiada en el Censo de Letrados de ningún colegio de abogados de España".

"En consecuencia, cualquier actuación suya en este ámbito se encontraría al margen del debido control deontológico y de cumplimiento de los deberes profesionales que realizan los Colegios de Abogados y este Consejo General, dentro de las misiones que tienen encomendadas", concluye el Consejo.

Granados ha defendido en todo momento a Juana Rivas. "No es una prófuga", aseguraba, antes incluso de que se presentara finalmente ante las autoridades. "Por encima de sus intereses personales, lo que quiere es que sus hijos sean protegidos".

Teresa, crítica con la política de igualdad

Por su parte, Teresa Sanz, que también trabaja en el Centro de la Mujer de Maracena, es la psicóloga que escribió una carta abierta a los medios de comunicación asegurando que Juana Rivas tiene una "personalidad sana" y que le consta que todo lo que ha dicho con respecto a su maltrato es "absolutamente cierto". Sanz defiende que Rivas tiene una relación "excelente" con sus hijos y que, por el contrario, el padre de los menores cumple con el "perfil de maltratador" porque quiere "instrumentalizar a los niños" para "regresar" a su terreno, donde Juana Rivas "estaría de nuevo aislada" y él "podría seguir controlándola y dominándola".

Más allá de su postura en el caso concreto de Juana Rivas, Sanz, que trabaja desde hace más de 20 años en violencia de género, ha sido abiertamente crítica con determinadas "debilidades" que existen en este sector de la Administración pública. En una de sus presentaciones sobre las estrategias de coordinación en atención a las víctimas del Ayuntamiento, presentada en octubre del año pasado, Sanz aseguraba que existen numerosas "amenazas" por la falta de coordinación y de protocolos de intervención con víctimas.

En concreto, Sanz apuntaba a que Maracena presenta una "falta de perspectiva local" en los procedimientos y protocolos de coordinación y que, además, se infravaloran las situaciones de violencia de género, situación que se ve reflejada, según la psicóloga, en las resoluciones judiciales. Además, denuncia el "incumplimiento normalizado" de las leyes de igualdad. En otra, presentada el pasado mes de marzo, Sanz aboga por reforzar la educación para reducir la violencia de género.

Sanz también será investigada ahora por su presunta intervención, junto a Granados, como inductora o partícipe de un delito de sustracción de menores.