Los abogados de oficio, en pie de guerra: "Justicia me debe más de 11.000€ de este año"

Un abogado en turno de oficio recibe una retribución media de 120 euros por caso. O al menos eso debería cobrar. El letrado Isidro Moreno, al igual que el resto de colegas, lleva acumuladas decenas de defensas solo en 2017 de las que todavía no ha cobrado ni un euro. Moreno es el presidente de la Asociación de letrados por un turno de oficio digno (ALTODO) y no ha perdido la cuenta: "Justicia me debe alrededor de 11.000 euros en lo que va de año, es humillante”. España cuenta con 45.000 abogados de oficio, 5.600 de los cuales se encuentran en la Comunidad de Madrid. En muchas comunidades autónomas los letrados de oficio no han cobrado por ninguno de sus trabajos en los últimos 8 meses.

La Ley de Justicia Gratuita de 1996 exige que “en todo caso” el servicio de asistencia jurídica gratuita esté “digna y suficientemente remunerado haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables”. Sin embargo, Moreno insiste que “se está incumpliendo la Ley de forma sistemática, faltando el respeto a los abogados de oficio de este país”.

En junio esta ley se reformó y, sorprendentemente, la especificación en relación a los plazos y la dignificación de los profesionales desapareció. Supuestamente con la modificación se garantiza que los abogados y procuradores del Turno de Oficio no estén sujetos al pago del IVA, aunque desde ALTODO critican la reforma duramente. “El turno de oficio se ha militarizado y ha pasado a ser obligatorio”, explica Isidro Moreno que reclama la vuelta a la voluntariedad del Turno de Oficio.

Cualquier ciudadano sin recursos suficientes para pagar a un abogado privado tiene derecho a uno de oficio. Sea cual sea la materia del procedimiento, desde civil hasta penal. Las retribuciones están estipuladas por caso y rondan entre los 200 y 400 euros por un divorcio, por ejemplo, o los 300 euros por un homicidio. El retraso en los pagos de los abogados de oficio ha generado exaltación y mucho descontento en el sector. Denuncian que se sienten “maltratados” y exigen una mejora en las condiciones laborales ya que no tienen la posibilidad de escoger los casos que van a defender siendo una labor casi vocacional.

Formar parte de un turno de oficio exige determinados requisitos y no todos los abogados pueden defender cualquier caso. Desde la Administración se exige la especialización y, en función de la trayectoria y formación del profesional pasan a formar parte del turno de família, menores, violencia de género u otros asuntos penales. “Contrasta la exigencia del Gobierno con su incompetencia para pagar el trabajo hecho”, lamenta el presidente de ALTODO a este diario.

Con todo, la propia presidenta regional, Cristina Cifuentes, aseguró este lunes que en los próximos días la Comunidad pagará a estos abogados las cantidades correspondientes al primer trimestre del año. Aseguró que su Ejecutivo ha intensificado las conversaciones con los colegios profesionales para "acelerar al máximo la tramitación de facturas pendientes", que se entregan de forma trimestral y no mensual, y aseguró que se están tomando medidas para paliar la situación que sufre el colectivo.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia niegan la versión y afirman a este diario que “en lo que va de año presupuestario se han ejecutado ya dos pagos, el correspondiente al cuarto trimestre de 2016 y el correspondiente al primer trimestre de 2017”.

La tramitación de los pagos en las Comunidades Autónomas competencia del Ministerio y en la mayoría de las CCAA con competencias en la materia -explican- se realiza de la siguiente manera. A finales del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, los respectivos Consejos Generales remiten al Ministerio una certificación que contiene los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio en materia de turno de oficio a lo largo del trimestre anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a las mismas.

Las principales reivindicaciones del colectivo

Más allá de las denuncias económicas y de funcionamiento del Turno de Oficio en España existen otras reivindicaciones de carácter político y social. Los letrados piden participación en el Ilustre Colegio de Abogados (ICAM), especialmente en la elaboración de las Normas del Turno de Oficio. "Lo que no puede seguir sucediendo es que la Junta de Gobierno del ICAM, de la que podemos asegurar que ninguno de sus miembros pertenece al Turno, esté regulando una materia que conocen vagamente, por usar un término laxo", denuncian.

También hay lugar para exigir respeto a los derechos humanos en la tramitación de expedientes disciplinarios. Desde ALTODO reclaman la creación de un organismo sancionador integrado no solo por la Junta de Gobierno sino también por los abogados pertenecientes al Turno de Oficio. La demanda recae en el hecho de que, "sin riesgo de ser llamados exagerados", el procedimiento sancionador que sigue el ICAM "es de los menos garantistas que existen" y afirman que "a muchos compañeros se les están imponiendo sanciones graves por conductas que no se encuentran tipificadas en ninguna norma como infracción".

En lo social advierten sobre una desprotección total. "El abogado que cae enfermo y a consecuencia de su enfermedad no puede atender los asuntos del turno, pierde su derecho a cualquier remuneración", lamentan. En este sentido reivindican el derecho a una formación continua gratuita, que incluya los cursos de reciclaje profesional destinados a letrados del turno de oficio.