Rajoy sale indemne a la espera de otros dos escollos: el caso Bárcenas y Gürtel II

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, superó ayer con éxito el primer escollo judicial en el marco de las causas que durante los últimos años vienen cercando al Partido Popular a cuenta de una supuesta financiación ilegal de la formación conservadora (Gürtel, papeles de Bárcenas), del presunto amaño de contratos públicos (Púnica) o del desvío de fondos institucionales (Lezo). La declaración del jefe del Ejecutivo ante la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que juzga la primera etapa del caso Gürtel, fue sorteada con cierta soltura, habida cuenta de que Rajoy apenas incurrió en errores técnicos, se mostró cómodo y seguro y se desvinculó de cualquier responsabilidad sobre las cuentas del partido.

El envite, sin embargo, no tiene pinta de ser flor de un día. Las acusaciones, personadas algunas en otros procedimientos contra la formación con sede en la calle Génova, han podido perder esta batalla, pero la guerra judicial aún tiene meses por delante. Al menos así lo entienden algunas de estas entidades y aquellas que no están en esta causa pero sí en otras. Estas agrupaciones han aprendido que al presidente del Gobierno se le puede sentar si no enfrente, sí al lado de un tribunal, que se le puede interrogar y poner en aprietos y que tienen el contexto adecuado para ejecutar su plan.

Por delante quedan procedimientos como la pieza separada del caso Gürtel denominada papeles de Bárcenas, abierta después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas denunciara la existencia de una contabilidad B en el partido y de que pusiera en evidencia que en Génova se repartían sobresueldos sin el control de la Administración de Hacienda. Parece lógico pensar que si las acusaciones han conseguido sentar a Rajoy en el juicio por la primera parte de Gürtel, al menos traten de hacerlo también en esta pieza separada.

A su favor, en este sentido, el jefe del Ejecutivo tiene que el presidente del tribunal de la Gürtel, Ángel Hurtado, permitió durante la sesión de ayer numerosas preguntas relacionadas con la investigación de los papeles de Bárcenas, a pesar de las protestas manifestadas reiteradamente por la defensa letrada del extesorero. Esta permisividad podría servir mañana de motivo para denegar una nueva declaración del presidente, extremo que sin embargo deberán decidir las autoridades competentes para juzgar la mencionada pieza.

También en el marco del juicio por la segunda parte del caso Gürtel cabría la posibilidad de que las acusaciones reclamaran una intervención del presidente del Gobierno a título de testigo, como ocurrió ayer en medio de unas medidas de seguridad que, como la cita, no tenían precedentes en democracia. También en este caso tendría que posicionarse a favor o en contra el tribunal competente una vez oída la postura de la Fiscalía, que en la declaración de ayer ya había mostrado su rechazo.

Al margen de la intervención del presidente del Gobierno, el vía crucis judicial al que debe someterse el partido no se limita al mencionado caso Gürtel, en sus dos épocas, o a los papeles de Bárcenas, ya que aún hoy la Guardia Civil continúa investigando los casos Púnica y Lezo, que han puesto en entredicho la gestión de los dos dirigentes madrileños Francisco Granados e Ignacio González. El primero ya está en libertad condicional tras pasar más de dos años en prisión preventiva, mientras el segundo se encuentra pendiente de que el juez decida si le permite abandonar la cárcel.

Alivio a corto plazo

Después de la psicosis por la previsible encerrona de ayer en la Audiencia Nacional a Mariano Rajoy, sin embargo, en el PP han pasado al alivio absoluto por considerar que su jefe salió indemne del primer asalto judicial por un caso de corrupción. "A los que querían pena de telediario para el presidente les ha salido el tiro por la culata", comentaban en medios gubernamentales como balance de la desenvoltura de su jefe ante las cámaras frente a "la torpeza de los abogados socialistas" a la hora de preguntar. El propio jefe del Ejecutivo comentó después que el interrogatorio había sido político en vez de judicial, circunstancia que aceptó encantado para desesperación del presidente del tribunal, quien tuvo que pararlo varias veces para que no se extendiera en explicaciones ajenas a la causa.

Fuentes populares insisten en que la comparecencia de Rajoy en la Audiencia Nacional (además en persona, en vez de por videoconferencia) había sido forzada por el PSOE a través de la acusación particular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) para convertir la prueba testifical en un "espectáculo televisivo" para desgaste del presidente del Gobierno.

De hecho, buena parte de las preguntas de Mariano Benítez de Lugo (director general en tiempos de Felipe González) y del abogado del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana abarcaron cuestiones sobre los papeles de Bárcenas y la presunta caja B del PP que no afectan a la causa: el origen de la Gürtel y los manejos de Francisco Correa alrededor de las campañas electorales del PP en Pozuelo y Majadahonda.

Rajoy se amparó en el principio de que no sabía nada de lo ocurrido en el PP de Madrid, ni tenía que saberlo por su condición entonces de vicepresidente del Gobierno. Tampoco después, porque él se dedicaba "a la política" y no a las cuestiones de las finanzas del partido, que correspondían al tesorero y al gerente. Era la misma frase que el director gerente del PSOE, Mariano Moreno, pronunció en el Senado este mes para explicar las responsabilidades de Pedro Sánchez sobre las cuentas de su formación.

Los abogados socialistas no acertaron a poner en aprietos ni favorecieron la posibilidad de que Rajoy incurriera en alguna contradicción en sus declaraciones. Había cuestiones planteadas en términos tan genéricos, como la de las obras en la sede de Génova, que el presidente del Gobierno se permitió recurrir a la retranca gallega y a los juegos de palabras que tanto le gustan. El "contesto a la gallega, no lo voy a hacer a la riojana" que soltó el jefe del Ejecutivo a Benítez de Lugo fue para poner al abogado en su sitio, ya que insistía en plantear un interrogatorio "político", según explicaron después fuentes gubernamentales.

Benítez de Lugo reconoció después que Rajoy no había aportado nada al caso, pero que daba por cubierto su principal objetivo: que se sentara en la Audiencia Nacional para testificar sobre un asunto de corrupción. Entre esas palabras y la reacción posterior de Pedro Sánchez de salir inmediatamente a pedir la dimisión del presidente del Gobierno sin admitir pregunta añadida alguna a su declaración, en el PP se ratificaron en su idea de que se cerraba una operación de imagen de los socialistas para desgastar la imagen de su presidente.

"Quieren ganar en los tribunales pidiendo dimisiones lo que no saben ganar en las urnas" o "Sánchez, después de perder en dos elecciones, también ha perdido el juicio", fueron las frases de respuesta de los principales dirigentes y portavoces de los populares. El secretario general del PSOE volvía a sentir el marcaje de Pablo Iglesias. El jefe de Podemos ya le había dicho desde el Congreso, donde él tiene escaño y Sánchez no, que menos peticiones retóricas de dimisión y más acciones conjuntas y "contundentes" para echar a Rajoy del poder.

Pasado el trago, el presidente del Gobierno quiso dejar claro después de salir de la Audiencia Nacional que estaba contento con su declaración. Se pasó por un acto del PP en la sede de la calle Génova para proclamarlo y después, con su esposa, Elvira Fernández, y Ana Pastor, se fue a almorzar a una taberna de la calle Menorca para celebrar que era el santo de la presidenta del Congreso.